Vicepresidente Félix Ulloa defiende cuarentena pese a vacíos legales

Juristas consultados por El Diario de Hoy han señalado que usar decretos cortos para invadir funciones del Congreso es buscar “artificios” para continuar el irrespeto al estado de derecho. El Salvador entra a su día 80 de cuarentena obligatoria.

El vicepresidente Félix Ulloa señaló que es de obligatorio cumplimiento el decreto 29. Foto Twitter: @SecPrensaSV

Por Luis Andrés Marroquín

Jun 08, 2020- 16:03

El vicepresidente Félix Ulloa dijo este lunes que el decreto Ejecutivo 29 del Ministerio de Salud, el cual alargó la cuarentena otros 15 días para combatir la pandemia del COVID-19, está vigente y es obligatorio cumplirlo.

Ulloa razonó que hay muchos abogados, a los que llamó “colegas”, quienes estaban en contra del decreto por “agendas electorales”, aunque no dio mayores detalles.

Llamó a los abogados a no presentar demandas de inconstitucionalidad en contra de ese decreto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que mientras no haya una resolución concreta, se debe cumplir.

Decreto 29 que prorroga cuarentena mantiene la “ilegalidad” e “improvisación” del gobierno, advierten juristas

“Hay confusión entre los diputados”, dice el vicepresidente cuando se le pregunta que los parlamentarios consideran que ese decreto es ilegal porque no sale de la Asamblea Legislativa su aprobación.

El pasado 6 de junio, se conoció sobre el veto presidencial de la “Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida y la Salud y Reapertura de la Economía”, la cual fue avalada en la Asamblea Legislativa tras seis días de discusión entre diputados y funcionarios del Gobierno.

La normativa rechazada contenía lineamientos para reabrir la economía del país de una forma gradual, no obstante, el Gobierno emitió el decreto No. 29, en el cual se ampara para ampliar la cuarentena por 15 días más, y que no contempla ninguna medida de reactivación económica.

“Los que dicen que es ilegal no son abogados, no tienen suficiente conocimiento”, arremetió Ulloa, quien se acompañó en la conferencia de prensa de su asesor jurídico, Adolfo Muñoz.

En su momento, juristas consultados por El Diario de Hoy consideraron que el Decreto 29 que alarga la cuarentena es ilegal, pues restringe derechos fundamentales sin pasar por el Congreso. Para los expertos, con estos decretos ministeriales, el Ejecutivo insiste en la “improvisación” e ilegalidad.

“El Ejecutivo insiste en restringir derechos fundamentales, una facultad que solo le corresponde a la Asamblea Legislativa”, señaló sobre el decreto el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz. A su juicio, aludir al Código de Salud no elimina la invasión de funciones y muestra que aún no hay colaboración entre el Legislativo y el Ejecutivo como ordenó la Sala.

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A esto se sumó Javier Castro, director de Estudios Legales de Fusades, quien consideró “inconstitucional” el decreto por la arbitraria atribución de funciones que hace el Ejecutivo.

El abogado Muñoz dijo, además, que la resolución del Ministerio de Salud es vigente, obligatorio y que se debe respetar por toda la población, especialmente por las empresas que están queriendo abrir operaciones.

A las compañías les recordó que pueden ser sancionadas por el Ministerio de Trabajo y llamó a la Fiscalía General de la República para que actúe de oficio en contra de las personas que están incitando a los salvadoreños a salir “a las calles”.

La organización Federation International Human Rights and Justice presentó el domingo un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional ante las amenazas del presidente Nayib Bukele y otros funcionarios del gobierno de cerrar de forma definitiva las empresas que abran operaciones en medio de la cuarentena domiciliar, que llega a los 80 días.

Muñoz fue enfático en decir que mientras la Sala no diga lo contrario, el dictamen de Salud es “obligatorio”.

Sin embargo, según el jurista de Fusades, usar decretos cortos para invadir funciones del Congreso es buscar “artificios” para continuar el irrespeto al estado de derecho. Por ello, llama a la Sala de lo Constitucional a intervenir y frenar, así como ha hecho antes, decretos que sobrepasan la autoridad del Ejecutivo.

El constitucionalista Daniel Olmedo también ve una invasión de funciones y una “grave transgresión al orden constitucional” cuando el Ministerio de Salud limita derechos constitucionales.

Por otra parte, según el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, “no existe una ley secundaria que avale las amenazas que algunos funcionarios están emitiendo” contra la libre empresa y libertad de circulación.

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