La organización Federation International Human Rights and Justice presentó el domingo un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante las amenazas del presidente Nayib Bukele y otros funcionarios del gobierno de cerrar de forma definitiva las empresas que abran operaciones en medio de la cuarentena domiciliar obligatoria por el COVID-19, que el lunes llega a su día 79.
Una abogada interpuso la demanda en representación de la organización demandante. En el escrito se pide a los magistrados constitucionalistas que ordenen de inmediato que “cesen las órdenes de cierres de las empresas, que no utilicen la fuerza policial en los 800 retenes, que no hostiguen ni sancionen el Ministerio de Trabajo a las empresas, ni cierren los negocios”.
La Asamblea Legislativa aprobó el decreto #648 en el que establecía que el 8 de junio próximo se comenzaría con la apertura económica. Sin embargo, Bukele lo vetó y ahora amenaza a las empresas y negocios con cerrarlos si abren mañana.
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La reapertura económica de manera ordenada es cada vez más confusa para todos los sectores productivos del país pues por un lado, el presidente de la República, Nayib Bukele, vetó la “Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida y la Salud y Reapertura de la Economía” que contenía lineamientos para hacerlo de una forma gradual y por el otro, el nuevo decreto No. 29, que amplía la cuarentena por 15 días más, no contempla ninguna medida económica.
La demanda interpuesta señala que los funcionarios demandados han amenazado con cerrar empresas, multar a empresas, han ordenado desarrollar unos 800 controles vehiculares, “el Ministro de Salud dice que hay un peligro contra la población cuando ellos no están haciendo absolutamente nada para detener la pandemia del COVID-19”.
Agrega que los demandados “solo se han enfrascado en llevar a los centros de cuarentena a cuanta población puedan y no cortar la cadena de transmisión”.
Señala que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, ha ordenado “a los inspectores del ministerio realizar acciones de cierre y hostigamiento en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada”.
Consideran que los funcionarios demandados con sus amenazas atentan contra una serie de derechos constitucionales como la libertad empresarial y económica, a la propiedad privada, a la salud; entre otros. Además de impedir la reactivación económica y generar más riqueza, según la demanda.
“El artículo 110 de la Constitución da el derecho a la libertad empresarial, y el Estado en ningún momento puede destruir este derecho, sin haber una ley formal y razonable, pero lo que está haciendo la Presidencia y sus ministros como funcionario, es un acto en contra de este derecho porque está atacando el comercio que es la fuerza económica de la empresa privada”.
Trae a cuenta que el artículo 103 establece el derecho a la propiedad privada y las empresas son parte de la propiedad privada, por lo que “el gobierno no puede destruir ese derecho solo por un criterio sin fundamento e irracional”.
Destaca la demanda que el artículo 11 de la Constitución establece que “para cerrar una empresa, negocio, se debe de seguir un debido proceso y es competencia del Órgano Judicial la que tiene la última palabra en el debido proceso”.
Agrega que “el cierre pasa a los Juzgados Contenciosos, y por ende a la Sala de lo Constitucional, no es facultad de ningún ministro el cierre ni del Presidente”.
También cita el artículo 5 de la Constitución que contempla el principio de legalidad y seguridad jurídica con el que sustenta que “no se puede cerrar una empresa solo por orden ejecutiva, sino que debe de haber una ley que lo avale”.
En la demanda se detalla que el artículo 115 de la Constitución permite que el comercio, industria y prestación de servicios puedan desarrollarse libremente y son patrimonio de los salvadoreños no del Gobierno en turno, ni de ministros ni de funcionarios por lo que las acciones están en contra de este derecho”.
Considera que no es cierto que el gobierno esté protegiendo a los salvadoreños con esas acciones, como la cuarentena domiciliar obligatoria, por el contrario, la pandemia ha aumentado con la cuarentena, asegura.
“En la actual pandemia, el Ministro de Salud no está atacando la cadena de transmisión del virus ni su virulencia, al contrario los centros de contención son de contagio, no han brindado alcohol gel, ni mascarillas a la población no están haciendo pruebas de covid19 ni inmunizando a la población”, señala la demanda.
Asegura que los alimentos entregados solo han alcanzado para unas 900,000 personas al igual que el bono de $300, por lo que no se está ayudando a a la protección a la vida y la salud.
Los demandantes aseguran que este “aislamiento no es ni médico ni científico, lo correcto es el distanciamiento no el aislamiento ni la marginación y exclusión social”.
También el gobierno salvadoreño será demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por sus acciones que consideran arbitrarias, inconstitucionales y que violentan una serie de derechos humanos.
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