Desde hace cuatro décadas la familia Chévez ha sido propietaria desde un terreno en San Miguel, que debido a la construcción del by pass Gerardo Barrios tuvo que ceder parte de su propiedad; con la porción que les quedó decidieron dejarla como siempre la habían mantenido, llena de vegetación, de árboles.
Al menos en su memoria ese era el paisaje, porque esa imagen se rompió el día que dos de los miembros de la familia fueron a la zona y encontraron el lugar sin vegetación y terraceado. El terreno está ubicado entre el redondel El Papalón, del Periférico Gerardo Barrios con salida hacia La Unión, y el río El Papalón, en el distrito de San Miguel Centro.
Suscríbete para seguir leyendo
Obtén acceso a todo nuestro contenido exclusivo.Continuar leyendo
"Nosotros nos dimos cuenta porque mis papás pasaron a dar un paseo y vieron maquinaria dentro del terreno. Entonces, el siguiente día ellos vinieron a ver qué era lo que pasaba y (los trabajadores) les dijeron que estaban trabajando y era para una constructora", narra Miriam Chévez, una de las dueñas del terreno.
DE INTERÉS: Expertos analizan los impactos y desafíos de la minería en El Salvador
Ella y su hermano estaban viviendo en el exterior por lo que las noticias les impactó porque aseguran que nadie les buscó para autorizar dicha acción.
Ellos denunciaron la situación ante el Juzgado Ambiental Regional Oriental, bajo el delito de invasión a la propiedad privada con daños ambientales, por lo que el personal de dicho tribunal realizó recientemente una inspección en el terreno.
Con base a los testimonios de los afectados, el juez realizó la verificación de la existencia de los árboles talados en el terreno de la especie Conacaste Blanco, que tenían más de 30 años de antigüedad; solo uno de los árboles quedó en pie, el resto ya habían sido removidos; además, el terraceado generó un cambio de topografía del lugar. Por lo que no hubo evidencia suficiente para determinar deforestación.
La propietaria señaló que el abuso fue tal que ni siquiera el cerco divisorio que ellos tenían quedó en pie; además se construyó una bóveda supuestamente para las aguas lluvias, pero ellos averiguaron que era para aguas residuales tratadas que caen al río El Papalón.
Según testimonio de los propietarios del terreno, ellos encontraron que el permiso para el tratamiento de aguas fue dado el 27 de marzo de 2025, pero el proyecto se ejecutó desde el año pasado.
La expropiación
"Cuando a mi papá le expropiaron, o sea, que le obligan a uno que tiene que ceder parte del terreno para las obras que van a hacer para el Estado, (haciendo referencia a la construcción del bypass), cuando pasó eso, después nos dieron la resolución de lo que le quedaba, eran aproximadamente 3,500 metros cuadrados, pero ahora ya no son esos los metros que tenemos, son muchos menos o sea, no creo que el MOP se haya agarrado más de aproximadamente 500 metros, ahora hay un poquito más de 3,000 nada más" dijo Miriam .
Cuando Obras Públicas finalizó la construcción del bypass, puso una división para separar el terreno de la vía pública, luego se creó el muro de contención dentro del río que colinda con el terreno y una bóveda.
PUEDE LEER: Reanudan servicios de ingresos en el hospital del ISSS La Unión
Obras Públicas recientemente terminó la ejecución del proyecto de mejoramiento vial que colinda con el terreno, pero según la respuesta dada por la dependencia de gobierno, no fue la institución que usurpó la propiedad de la familia Chévez.
"El MOP le dijo a mi hermano que ellos no habían dado permiso para que entraran a la propiedad. Que ellos no entraban a la propiedad para trabajar. Entonces, las maquinarias que estaban acá eran de alguna compañía que la constructora había contratado", agregó Mirian .

Luis Chévez, hermano de Miriam, explicó que las máquinas que encontraron en la propiedad tenían el logo de una empresa, que está vinculada a la constructora Salazar Romero.
"Aunque hay un poco área gris ahí porque la empresa que ganó la licitación y el contrato para terminar el tercer paquete del bypass, dejó acceso para que pudieran hacer esa parte a escondidas, (la bóveda hecha en el terreno de la familia Chávez), es por eso que no lo hicieron a la orilla de la calle sino que lo han llevado directamente por atrás del terreno", relató Luis. Explicó, además, que el MOP autorizó a la constructora para que del lado derecho pudieran evacuar las aguas lluvias únicamente, y que no autorizaron que tiraran aguas residuales al río.
"Esa caja de concreto es donde vienen supuestamente aguas lluvias (...) pero que en realidad tira las aguas residuales de la planta de tratamiento de la residencial y se juntan ahí, entonces caen al río, porque todo el tiempo que hemos estado aquí no ha habido lluvia, y no deja de caer agua; entonces simplemente es la planta de tratamiento desechando las aguas residuales después de que las tratan y dejan todo lo sólido y solamente mandan el líquido y muere en el río", declaró Luis.
Contaminación en el río
Los habitantes del cantón El Papalón respaldaron que después de la construcción de la residencial han dejado de utilizar esas aguas del río para las labores domésticas y para ir a bañarse, como antes lo hacían.
Incluso hay una poza que ahora le denominan ex-poza El Papalón, que tras las construcciones su cauce se redujo más del 75%.
Las personas que han subsistido de la ganadería en el área también se ha visto afectado, ya que el ganado toma de esas aguas que ahora tienen un color amarillo turbio.
Antes de la denuncia de la familia Chévez, los habitantes del cantón El Papalón ya habían puesto denuncias por contaminación y que las personas de la comunidad están enfermando más fácilmente, porque las aguas de los pozos posiblemente se hayan contaminado.
El día de la inspección por el personal del juzgado ambiental no se percibió ningún mal olor en la zona y la documentación que portaba el personal del juzgado revelaba que el agua "se encontraba dentro de la norma".

Está última información contrasta con los estudios hechos por la Universidad Gerardo Barrios.
Dos investigaciones realizadas por un grupo de estudiantes universitarios, revelaron hallazgos sobre las condiciones del agua a partir de 2023.
En una de las investigaciones se encontró tres tipos de bacterias, consideradas como peligrosas, en las aguas de la subcuenca El Papalón, del Río Grande de San Miguel, la cual es considerada como la cuenca más grande e importante de la zona oriental del país.
NO SE PIERDA: Gobierno pide asignar $24 millones a programa río Lempa
La investigación "Determinación de la capacidad de amortiguamiento y la calidad del agua de la cuenca grande de San Miguel en el río El Papalón", se realizó en el periodo de marzo a junio de 2023.
Los investigadores sometieron a estudio bacteriológico, muestras de agua del caudal, obtenidas en diferentes partes del cauce; cuyos resultados indicaron que la muestra tomada en la parte alta se encontró la bacteria Serratia Odorifera, en la parte media la Enterobacter Aerógenes, y en la parte baja la Pseudomonas Aeruginosa.
Caso paso a juzgado civil
El caso del terreno de la familia Chévez pasará a otro juzgado por los delitos que incurren en lo civil, concluyó el Tribunal Ambiental.
En un documento del tribunal de Medio Ambiente, con fecha 3 de abril, la cual El Diario de Hoy tuvo acceso, se resuelve que no hay lugar para poner medidas cautelares contra Salazar Romero "por no haberse corroborado ningún acto que pueda producir daños graves o irreparables al medio ambiente". Esa resolución dejó la puerta abierta a una apelación en un plazo de cinco días.
En el mismo documento, la representación legal de la constructora expuso que tienen la factibilidad de drenaje de aguas lluvias emitido por la alcaldía de San Miguel Centro, con fecha 22 de febrero 2025; así como el permiso medioambiental dado por le MInisterio de Medio Ambiente.
También añaden que en la factibilidad se expone la ruta que seguirían las tuberías y el cuerpo receptor (lugar de desagüe) y que la ruta de las tuberías sería sobre el área de derecho de vía del redondel. Expone la constructora en el documento que ellos coordinaron con representantes del MOP, quienes estaban en el lugar ejecutando la construcción del bypass. La constructora, además, se desliga de la tala de árboles.
MÁS SOBRE ESTE TEMA
KEYWORDS
Árboles Comunidades Juzgado Ambiental Obras Públicas San Miguel Ver Comentarios