Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), destacó como positivo que se generen mecanismos de participación en procesoss electorales para salvadoreños en el exterior, pero señala que se “ha querido implementar de golpe”, y eso se evidencia desde la elaboración y aprobación de la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, que tiene vacíos que aprovecha el gobierno en estas elecciones.
Una denuncia es que Nuevas Ideas implementa los “puntos cian” en el extranjero donde se da orientación sobre el voto remoto a favor de Nayib Bukele. Lo que Chicas califica como “inducción al voto” y ruptura de la secretividad del voto sin mayor control de parte del TSE.
“Hay un dicho popular atinente a esto y es hecha la ley y hecha la trampa. Yo creo que la premura con la que se aprobó y los vacíos con los que se aprobaron los artículos de la ley del voto del exterior fueron calculados. Creo que no son casuales”,
Eugenio Chicas, exmagistrado del TSE
Añadió que la entidad que realmente se encarga de la logística del voto del exterior es la Cancillería y que no todos los partidos políticos han podido ejercer su derecho a la vigilancia del proceso. Consideró que el organismo colegiado “no ha asumido” su rol de autoridad electoral. “Lo han ninguneado, no solo en el diseño de la ley, sino también en muchos de los pasos de la ejecución”, afirmó.
Otras denuncias son sobre personas que no pudieron acceder al sistema para votar. Hasta el diputado Guillermo Gallegos, de GANA y aliado del gobierno, publicó en redes sociales el pasado 29 de enero: “Varios salvadoreños en el exterior desde ayer me están reportando inconvenientes a la hora de ejercer el voto por la modalidad remota por internet, cada vez que lo intentan, aparece que los datos proporcionados no son correctos”.
Chicas considera que el TSE “no tuvo tiempo” para emitir tutoriales sobre cómo votar, ya que el voto por Internet comenzó desde el 6 de enero de 2024. Mencionó como ejemplo que México y Panamá dedicaron varios años en trabajar sus leyes del voto del exterior y se abrieron a las opiniones de expertos.
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“Son como las fallas de origen en cuanto a la calidad de la normativa, al afinamiento de los procedimientos y pues es lo que tenemos hoy, una normativa muy deficiente y la implementación de un proceso muy acelerado, que no se ha efectuado por etapas y sumamente costoso”, agregó.
El presupuesto para el voto desde el exterior supera los $59 millones. El monto del contrato con la empresa INDRA es de $41.1 millones y el contrato con la auditora CGTS es por $4.7 millones. Sin contar la inversión del Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) en emitir Documentos Únicos de Identidad (DUI) en el exterior.
“Es sólida la empresa que le está ayudando al Tribunal, eso no me cabe duda. El problema es que no depende de la empresa que creó la plataforma determinar quién vota y quién no, eso es responsabilidad del RNPN que ha extendido la identificación y del Tribunal”, añadió.
Auditoría forense
Sobre los sistemas remotos, indicó que iniciaron en países europeos y que algunos retrocedieron en su implementación por la falta de garantías para asegurar que el voto sea secreto y quien vota sea la persona habilitada para ejercer el derecho.
Estas mismas preocupaciones se presentan en el actual proceso del voto remoto por Internet. De ahí que Chicas advierte que será necesaria una auditoría forense una vez finalizado el proceso electoral, con miras a verificar que quienes emitieron el voto fueron realmente las personas que tenía el derecho de hacerlo y también auditar la entrega de DUI en el exterior.
En el caso del padrón del exterior pasó de aproximadamente 350,000 personas para las elecciones de 2019 a duplicarse en estas elecciones, con 741,094 personas.
Si bien consideró que el crecimiento como tal es positivo, el problema sería la ausencia de mecanismos de verificación que aseguren que ese registro de electores del exterior “esté bien hecho”.
Comentó que hay denuncias que algunas personas obtuvieron su DUI con fotocopias de partidas de nacimiento, lo cual debe ser revisado por el TSE y la Fiscalía Electoral. “Quienes seguimos los temas electorales, ya hace ratos hemos sugerido, hemos urgido la necesidad de hacer una auditoría a la emisión del DUI en el exterior”, expuso.
A esto se agrava que el RNPN se trasladó de la jurisdicción del TSE al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en una reforma aprobada por Nuevas Ideas en junio de 2022, lo que Chicas calificó como “sospechoso” porque ningún país democrático “ha retrocedido” en depositar la identidad de las personas en manos de la seguridad.
TSE no asumió rol
En el caso de la auditoría al sistema, Chicas expuso que el TSE, como máxima autoridad electoral, tiene la competencia suficiente para definir las auditorías necesarias y no solo limitarse a lo que la ley del voto del exterior establece.
“Esa opacidad de la que adolece el gobierno de Nuevas Ideas, del señor Bukele, genéticamente está reflejada en el diseño de la ley y es una ley muy opaca en ese sentido, que debió haber sido compensada por la autoridad que tiene el Tribunal”, expuso.
La Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero se aprobó el 18 de octubre de 2022 y obligó al TSE a contratar a un tercero para la implementación del voto remoto por internet y del voto electrónico presencial, así como contratar otra firma auditora para el proceso y el registro electoral.