Funcionarios del gobierno de Nayib Bukele podrían ser enjuiciados en el futuro por la Corte Penal Internacional. Esto, según expertos, como consecuencia de los señalamientos conocidos en el informe del departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a las denuncias de abuso a los derechos humanos que han tenido lugar en El Salvador bajo el régimen de excepción, ejecutado desde marzo del 2022.
Ante esto, especialistas consideran que estos puede ser considerados “delitos de lesa humanidad” y no descartan que el país sufra sanciones económicas por parte de Estados que en su política tengan establecido no hacer negocios con naciones violadoras de derechos humanos.
En concreto, el informe publicado el lunes señala arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos en las prisiones. Además, en el apartado de El Salvador [el informe incluye reporte de países de todos los continentes], el gobierno estadounidense expresa que tuvo acceso a informes creíbles de homicidios ilegítimos o arbitrarios, desapariciones forzadas; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad salvadoreñas.
Al respecto, expertos consultados por este medio destacan el hecho de que E.E.UU. haya sido tan contundente al señalar estas violaciones y consideran se vienen a sumar a la ola de alertas internacionales sobre la grave situación que se vive en El Salvador sobre el tema.
Puedes leer | Bukele manda a publicar al Diario Oficial decreto reformado con error legislativo
Por ejemplo, Oswaldo Feusier, abogado penalista y docente de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), manifestó que tal reporte ratifica lo que señalan diversas organizaciones de DD.HH. que “la columna vertebral del régimen de excepción han sido capturas indiscriminadas sin mayor criterio o investigación, y que ha permitido un injusto encarcelamiento por más de seis meses, e incluso por más de un año, de personas que son completamente inocentes, que es una política basada en miedo y arbitrariedad, mas que en racionalidad, legalidad o respeto mínimo a derechos humanos”.
Feusier recalcó que el mismo vicepresidente de la República, Félix Ulloa, “se ha atrevido” a comparar su estrategia de seguridad como una guerra, y a las pandillas como bando beligerante, por lo que afectar a civiles inocentes, utilizando el mismo símil, “es un delito de lesa humanidad”.
De hecho, el especialista consideró que el proceso de privar de libertad, hacer pasar hambre a estas personas inocentes y penurias a sus familiares, “bien podría catalogarse como casos de tortura o desaparición forzada por parte del Estado”, que también son crímenes que puede conocer la Corte Penal Internacional (CPI).
Al preguntarle si esto podría implicar la apertura de procesos judiciales en contra de funcionarios del gobierno actual, el abogado contestó: “Creo que sí, desde el momento en que son ejecutores de precisamente los programas que aseguraron todos esos procedimientos viciados contra personas inocentes”.
Otto Flores, representante de la organización “Los siempre sospechosos de todo”, reafirmó lo que dice el informe de EE.UU. Es más, el abogado penalista mencionó que en el país “ya no existe independencia judicial, ya que los jueces están siendo presionados para dar resoluciones a favor de la opinión política”. “Esto podría generar más adelante el enjuiciamiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, inclusive, la CPI que cuyos estatutos ha sido ratificados por El Salvador”, apuntó Flores.
Corte Internacional “podría seguir a personas”, no al Estado
De igual manera lo expresó Sonia de Rubio, de la Fundación Internacional para el Debido Proceso (DPLF), quien señaló a El Diario de Hoy que con dicho reporte, el departamento de Estado está diciendo que “la situación en el país está critica”. Esto, según ella, obedece a que el país está viviendo en este momento una de las crisis democráticas más graves desde la firma de los Acuerdos de Paz y se está dando el surgimiento de graves violaciones a derechos humanos que se creían ya superadas.
“La CPI podría perseguir en menos de 10 años directamente a personas que han estado edificando, creando, avalando o aplicando esta normativa como política de Estado, no al Estado si no a las personas”, indicó. Más aún, la abogada de DPLF planteó que esto podría implicar sanciones de estados que su política exterior establece no hacer negocios con países violadores de derechos humanos.
“Muchos colegas hacen el símil de la situación de Bukele en Perú con Fujimori y sabemos que ese país después recibió una avalancha de sanciones encaminadas a esto de la utilización de jueces sin rostro, a la utilización de audiencias masivas, actos constitutivos de tortura, tratamiento inhumano a las personas en las cárceles”, sostuvo.
Por su parte, la defensora de derechos humanos, Celia Medrano, dijo que dada la gravedad de la situación reportada en este último informe, cabe preguntarse si es viable o justificable mantener relaciones diplomáticas y de cooperación con un gobierno que evidencia que la violaciones y desmantelamiento de la institucionalidad democrática es una política de Estado. “Es la pregunta a hacer a los Estados Unidos y a la comunidad y cooperación internacional”, concluyó Medrano.