La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, lamentó las palabras del diputado de Nuevas Ideas, Jorge Castro, quien amenazó con considerar como “grupos terroristas” a instancias críticas de las medidas draconianas con las que el presidente de la República está abordando el alza de violencia registrada en el país entre el 25 y el 27 de marzo.
Castro reaccionó ante un tuit de Nayib Bukele, quien calificaba de “socios de los pandilleros” a quienes han cuestionado o criticado el régimen de excepción, las reformas legales que el Ejecutivo pidió a la Asamblea y las capturas indiscriminadas y masivas que los cuerpos de seguridad están encabezando.
Bukele, en un tuit, agrupó a “financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONGs de ‘derechos humanos’, la ‘comunidad internacional’, la CIDH, periodistas y medios de Open Society, etc”.
Así es Señor Presidente, pero ahora gracias a las reformas todos ellos serán ahora considerados como "grupos terroristas" por sus vínculos con estos grupos criminales, independientemente del fin por el cual se sentaron a negociar con ellos.
— Jorge Castro (@JorgeCastro_SV) April 4, 2022
El diputado Castro se sumó a la condena de Bukele y afirmó que “gracias a las reformas todos ellos serán ahora considerados como ‘grupos terroristas’ por sus vínculos con estos grupos criminales, independientemente del fin por el cual se sentaron a negociar con ellos”.
Para Taraciuk, la respuesta del legislador de Nuevas Ideas es muy peligrosa. “Lamentablemente, ya hemos escuchado este tipo de retórica incendiaria y agresiva por parte de funcionarios del gobierno en el pasado”, aseguró la representante de Human Rights Watch.
Sin embargo, estas palabras llegan en un momento más peligroso, sostiene. Esto, pues las reformas aprobadas por el Legislativo el 30 de marzo, las cuales incrementan las penas para delitos cometidos por miembros de pandillas, pero también endurecen penas por la mera pertenencia a pandillas o por vínculos con estas, sin determinar los criterios de pertenencia a estos grupos. Esto, han advertido penalistas y organizaciones internacionales, puede abrir la puerta a arbitrariedades.
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Taraciuk advierte que el gobierno “ha establecido una definición sumamente ambigua de quiénes podrían ser considerados ‘colaboradores’ de las pandillas y ha endurecido las penas en prisión” para ellos.
“En un país donde el gobierno ha cooptado todas las instituciones democráticas y desmantelado el Estado de derecho, no hay ninguna institución en pie que pueda hacerle freno a un uso arbitrario y abusivo de esta normativa”, lamenta la experta en derechos humanos.
La condena de la directora regional de Human Rights Watch llega en momentos en que el presidente, sus funcionarios y los diputados bajo su mando están lanzando agresivos ataques y amenazas a quienes cuestionen sus medidas. Bukele además ha calificado de “vividores” a los representantes de organizaciones que velan por la defensa de derechos humanos y han cuestionado estas acciones.