La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA por sus siglas en inglés emitió este 28 de marzo un posicionamiento sobre el Régimen de Excepción implementado en El Salvador desde el fin de semana pasado, en el que manifiesta que el Decreto Legislativo aprobado por la Asamblea contradice las normas internacionales de derechos humanos.
“El estado de emergencia decretado como respuesta a la alarmante ola de violencia en El Salvador, no se apega a los estándares internacionales de derechos humanos que el país se ha comprometido a respetar”, expresa en un comunicado publicado en su sitio web.
Añade que el decreto suspende garantías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala como derechos que no pueden ser suspendidos en un estado de excepción, tales como el derecho a un debido proceso y el derecho a la defensa.
Que además, suspende el derecho a la libertad de reunión y asociación y permite la intervención de comunicaciones privadas sin necesidad de una orden judicial.
“Dados los antecedentes sobre denuncias de espionaje ilegal hacia periodistas en el país, este extremo supone otra grave amenaza a la libertad de prensa y a los derechos humanos”, refiere WOLA.
Señala que el estado de excepción debería ser una herramienta para que en una situación de emergencia se mantenga y se preserve el orden constitucional y no para menoscabarlo ni para que las fuerzas de seguridad y otros agentes y funcionarios del Estado actúen arbitraria y discrecionalmente.
“Para que el gobierno salvadoreño asegure un descenso de la violencia y garantice medidas que respeten y protejan los derechos humanos de la población, las autoridades deben actuar de conformidad con las reglas y principios democráticos y derogar cualquier disposición que contradiga normas del derecho internacional de los derechos humanos”, dice WOLA en su comunicado.
A la vez expresa que el Estado tiene la obligación de garantizar otros derechos fundamentales que pueden verse amenazados por el estado de excepción como el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la vida y a la integridad física, entre otros.
“WOLA se solidariza con las víctimas de la violencia y reitera que todas las personas que habitan y transitan el territorio salvadoreño tienen derecho a la protección de su vida e integridad física y que el deber del Estado es garantizar dicha protección a través de medidas que respeten el marco democrático y los principios fundamentales de derechos humanos”, manifiesta.
Reacción del presidente Bukele
El presidente Nayib Bukele no dejó pasar la oportunidad para arremeter en contra de la posición de esa organización y de su presidenta Carolina Jiménez Sandoval. Minutos antes lo había hecho en contra de un exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, quien también le cuestionó el trato ordenado a líderes de grupos criminales en las cárceles.
La presidenta de WOLA, escribió: “Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha decretado un estado de excepción que no sólo no respeta estándares de Derechos Humanos, sino que continúa llevando la democracia al abismo. La comunidad internacional está atenta y las organizaciones de Derechos Humanos seguiremos alertando y denunciando”.
Bukele retomó el tuit y publicó lo siguiente: “Estos vividores de las ONGs internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros va a llevarse, para que los traten como reyes allá”.
Además, mandó otro mensaje a la comunidad internacional. “Tenemos 70,000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta “persecución dictatorial y autoritaria”. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigan violando sus derechos”.