En una conferencia de prensa con periodistas de todo el continente, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, mencionó una lista de países que generan considerable preocupación por su debilitamiento democrático y sus golpes a la lucha contra la corrupción.
Uno de los países que el subsecretario Nichols destacó fue El Salvador, del cual mencionó que hay un debilitamiento del “Estado de derecho y sus instituciones democráticas”.
Estas declaraciones van en línea con múltiples condenas que Washington ha hecho al gobierno salvadoreño por sus atentados contra el balance de poderes y ataques a críticos, opositores y periodistas. Asimismo, van de la mano de numerosas sanciones a funcionarios presuntamente involucrados en corrupción, golpes a la democracia y, más recientemente, supuestas negociaciones con pandillas.
Además de El Salvador, el diplomático mencionó a Guatemala por una situación similar de debilitamiento democrático. Y, antes que a estos dos países, habló de “la corrupción persistente en régimen de Nicolás Maduro (en Venezuela) y su participación actividades ilícitas para financiar represión” y condenó la “farsa electoral facilitada por la corrupción en el régimen de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo” en Nicaragua. Estos últimos fueron reelectos como pareja presidencial en unos comicios donde la mayoría de candidatos opositores terminaron apresados.
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Es decir, el alto funcionario estadounidense colocó al gobierno salvadoreño al lado de estos otros países que también han sido sujetos de sanciones y condenas por sus golpes a la institucionalidad y por persecución política de críticos, periodistas y disidentes.
Por otro lado, Nichols expresó esperanza por el cambio de gobierno en Honduras y manifestó una “esperanza de que la presidenta electa (Xiomara Castro) genere cambios para fortalecer gobernabilidad transparente y eso de derecho más fuerte incluido el establecimiento de comisión con respaldo internacional”.
Estas declaraciones llegan poco después de que Estados Unidos celebrara una Cumbre por la Democracia, en la cual se invitó a decenas de gobiernos aliados para reforzar el compromiso con la institucionalidad y el Estado de derecho alrededor del mundo. El gobierno de Nayib Bukele no fue a invitado, ni sus pares del Triángulo Norte.
Reitera preocupación por presuntos vínculos del gobierno con pandillas
En la conferencia telefónica, el subsecretario de Estado Brian Nichols añadió que "nuestra investigación por parte del Departamento de Justicia ha revelado negociaciones ocultas entre oficiales del gobierno y la organización criminal MS-13, la Mara Salvatrucha".
Por esto, explicó que el Departamento del Tesoro designó el 8 de diciembre a dos funcionarios salvadoreños bajo su Ley Magnitsky Global, la cual conlleva sanciones económicas y un bloqueo a ciudadanos o compañías estadounidenses a realizar negocios con ellos. Los funcionarios son el director de Penales, Osiris Luna, y el de Tejido Social, Carlos Marroquín, acusados de negociar con grupos criminales.
Al respecto, el alto funcionario recalcó que ”estamos sumamente preocupados por la acción de esas personas que perjudicaron al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional, porque como todos ustedes saben la MS tiene nexos internacionales”.
Sin embargo, cuando se le preguntó, el funcionario no comentó nada sobre el reportaje de la agencia de noticias Reuters que adelantaba que el Departamento de Justicia está preparando una acusación penal contra estos funcionarios por sus presuntas negociaciones con pandillas.
El subsecretario Nichols se limitó a añadir que "estamos comprometidos con el pueblo salvadoreño y hablar la verdad de lo que están enfrentando y lo que estamos viendo nosotros como acciones preocupantes en este país".
Fuerza de tarea anticorrupción
Por su parte, Todd Robinson, subsecretario Antinarcóticos del Departamento de Estado, reiteró que este año su país lanzó una fuerza de tarea anticorrupción en el Triángulo Norte y que cualquier ciudadano de estos países puede llamar a una línea de denuncias para dar luces sobre casos de mal uso de recursos públicos y criminalidad en Guatemala, El Salvador u Honduras, especialmente si estos están vinculados con Estados Unidos. Si no lo están, explicó que tampoco es un obstáculo para usar la línea.
Robinson espera que los oficiales de aplicación de la ley de los tres países del Triángulo Norte hagan más por esclarecer estos casos de corrupción y que trabajen de la mano de la sociedad civil y de quienes quieren mejorar la calidad de las investigaciones judiciales en estos países.
Sin embargo, en el terreno la realidad es complicada: las fiscalías de El Salvador, Guatemala y Honduras se han mantenido renuentes a colaborar con las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción e irregularidades en el seno de los gobiernos actuales. En los tres países, además, se desmanteló a las comisiones que apoyaban en la lucha anticorrupción con apoyo de la comunidad internacional en momentos en que estas remitieron posibles irregularidades que salpicaban a los poderes de turno.