Los familiares de personas desaparecidas siguen en el abandono estatal debido a la carencia de una legislación que proteja sus derechos, la falta de respuesta a peticiones presentadas ante la Corte Suprema y el incumplimiento de la Ley Nacional de Banco de Datos Genéticos, señaló Héctor Carrillo, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), durante la entrevista de YSUCA de esta mañana.
Carrillo expuso que se han realizado dos peticiones a la Asamblea Legislativa sobre instrumentos, que tienen como objetivo mejorar la respuesta del Estado en casos de desaparición de personas, las cuales no fueron aprobadas por la legislatura saliente.
“Ojalá lo retome esta Asamblea Legislativa, es un tema en el que la Asamblea podría apoyar a la Fiscalía, porque no tienen recursos para atender todos estos casos”, manifestó.
Las peticiones realizadas a la Asamblea por parte de Fespad están enfocadas en la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra Desapariciones Forzadas y la aprobación de una ley de ausencia por desaparición y una de búsqueda.
Según Fespad, eso garantizará la atención integral a familiares de víctimas y a las personas que les buscan.
Además, el director de Fespad explicó que la ley del banco de ADN no se está cumpliendo. “Le corresponde ser garante de esto a la Fiscalía, pero hasta el momento no existe”, dijo.
En enero de 2021, la Asamblea aprobó la Ley Nacional de Banco de Datos Genéticos, para la creación de un Banco de Datos que se encargaría de sistematizar y almacenar la información genética que se obtenga y se genere, con el fin de ingresar los perfiles genéticos a las bases de ADN que lo integran.
Carrillo aseguró que la creación del banco de ADN podría resolver muchos de los casos de personas desaparecidas que son encontradas en las fosas clandestinas.
“En este momento, cuando se encuentra un cuerpo no se puede identificar porque no hay una base de datos entre las persona que andan buscando y los cuerpos que son encontrados”, agregó
El abogado explicó que actualmente, sólo si alguien sospecha que los restos encontrados en una fosa clandestina son de su familiar, puede pedir a la Fiscalía que haga la muestra de ADN. Sin embargo, si el resultado es negativo, ya no hay posibilidad de volver a cotejar esa muestra.
“El banco de ADN es un aspecto fundamental que debería ser prioridad en el tema de personas desaparecidas, pero también hace falta una ley de búsqueda”, manifestó.
Carrillo explicó que hay familias que tienen información de dónde pueden estar los restos de su familiar, pero no hay posibilidades de que la Fiscalía vaya y pueda hacer las investigaciones del caso.
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Corte sin amparar a víctimas
El director de Fespad hizo un llamado a la Sala de lo Constitucional para que dé respuesta a cuatro amparos presentados por esa fundación con relación a la desaparición de cinco personas.
El primero fue presentado el 24 de noviembre de 2022, en representación de la madre de Josué Elizondo, un adolescente desaparecido hace 13 años.
El 20 de abril del año, la Sala de lo Constitucional aceptó, de forma parcial, tramitar la demanda contra la Fiscalía, por no dar respuesta a la familia de Josué, ni informarle sobre las investigaciones que han seguido en ese caso, lo que implicaría una posible vulneración al derecho jurisdiccional y al derecho a conocer la verdad, pero hasta ahora no ha emitido una sentencia.
“Este amparo fue admitido por la Sala de lo Constitucional, acá lo que estamos pidiendo es que por favor le den trámite, que avance ese amparo y que emita sentencia”, indicó Carillo.
La segunda demanda presentada por Fespad está relacionada a la desaparición de Miguel Ángel Martínez Mata, quien presuntamente fue desaparecido por un grupo de policías en julio de 2013.
Asimismo Fespad presentó un recurso de amparo por la desaparición de Rodrigo Montalván, estudiante de octavo grado, quien está desaparecido desde febrero de 2015.
La última petición de amparo ante la Sala fue presentada en noviembre del año pasado por la desaparición de los hermanos Christian y Fernando Sánchez, cometida en noviembre de 2015.
El director de Fespad también le hizo un llamado a la Procuradora para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) para que se pronuncie sobre las 12 denuncias familiares de personas desaparecidas, presentadas el 9 de marzo de 2023.
“Ya más de un año que presentamos esta denuncia, la ley de la PDDH da un tiempo corto para emitir resolución en estos casos y hasta este momento las 12 familias no tienen ni siquiera una nota donde se les haya admitido las denuncias”, enfatizó Carrillo.