El Tribunal Supremo estadounidense pidió este jueves a la Administración de Donald Trump "facilitar" la vuelta a Estados Unidos del salvadoreño Kilmar Abrego García, enviado a la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en su país natal por un "error administrativo".
El fallo del Supremo mantiene "parcialmente" una orden de una corte en menor instancia, señalando que el Gobierno debe traer de vuelta a Abrego y permitir que su caso migratorio continúe siendo procesado "como si no lo hubiera enviado de manera impropia a El Salvador".
Sin embargo, los jueces no precisaron un plazo límite para ello y pidieron al tribunal del Distrito de Columbia que aclare cómo el Ejecutivo debe "efectuar" este traslado, para que la orden judicial no choque con el privilegio del Ejecutivo "para manejar la política exterior del país".
El caso de Abrego García ha sido señalado por políticos y organizaciones para criticar la campaña de deportaciones masivas de Trump.
El salvadoreño, de 24 años, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
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Abrego, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
La decisión del Supremo, redactada por tres de los jueces liberales del tribunal, critica duramente los argumentos judiciales del Gobierno para justificar su deportación y detención.
"La justificación del Gobierno implica que pueden deportar y encarcelar a cualquier persona, incluyendo a ciudadanos sin consecuencias legales, antes de que una corte pueda intervenir", señala el documento.
Las autoridades migratorias estadounidense calificaron el envío de Abrego como un "error administrativo", pero alegan que no tienen potestad para devolverlo a Estados Unidos porque ahora está bajo custodia de un gobierno extranjero.
La Administración de Trump sostiene además que Ábrego García, quien no tiene antecedentes judiciales en EE.UU. que lo vinculen con el crimen organizado, es un miembro de la pandilla MS-13 y que no debe regresar al país.
"Un precedente grave"
Si no se permite su retorno a EE.UU., subrayó a EFE Ama Frimpong-Houser, una de las abogadas del caso, se envía una señal de que el Gobierno "simplemente puede secuestrar a alguien en las calles, desaparecerlo en cuestión de días a otro país y lavarse las manos".
"Es un precedente muy grave y todos estamos en riesgo", subrayó.
El Gobierno de Trump ha enviado al CECOT a un total de 232 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado este jueves por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense
La decisión del Supremo de EE.UU. se produce un día depués que Jennifer Vásquez, la esposa de Ábrego García, defendió su inocencia y cargó contra el mandatario estadounidense y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
«Han pasado 28 días desde que perdí a mi marido, desde que mis hijos no le abrazan, desde que su madre no le da un beso, ni su hermano habla con él. Esto nunca debería haber pasado», declaró Vásquez en una rueda de prensa junto a congresistas demócratas.
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La esposa, acompañada por la madre de García y su hermano, aseguró que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador «continúan retrasando la reunificación» de su familia.
«Los continuos y terroríficos ataques de la Administración no nos harán callar jamás», añadió antes de agradecer a los congresistas que, según afirmó, les están apoyando.
Uno de ellos, el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, avanzó que escribirá a Bukele «esta semana» para pedirle personalmente la liberación de Ábrego García e instarlo a que su familia pueda ir a visitarlo, ya que, «no sabe nada de él desde hace más de 25 días. No sabemos cuál es su estado».
«Se trata de alguien que no ha quebrantado ninguna ley, que ha estado legalmente aquí en Estados Unidos, y que, en mi opinión, fue secuestrado y enviado a una prisión salvadoreña», indicó Espaillat.
El traslado a El Salvador
El hombre fue trasladado a un centro de detención en Texas y luego a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador con motivo de un acuerdo entre los Gobiernos de Trump y Bukele para enviar allí a supuestos criminales.
Sus abogados alegan que las autoridades «estaban al tanto» del beneficio migratorio de su cliente y aún así decidieron enviarlo a la megaprisión salvadoreña.
Las autoridades migratorias estadounidenses calificaron el envío de «error», pero alegan que no tienen potestad para devolverlo a Estados Unidos porque ahora está bajo custodia de un gobierno extranjero.
La Administración de Trump sostiene además que Ábrego García, quien nunca fue juzgado en Estados Unidos, es un miembro de MS-13 y que no debe regresar al país.