48 % de venezolanos están en el CECOT sin delito comprobado, dice informe

Un informe preliminar de casos registrados por Cristosal acerca de los venezolanos deportados desde los Estados Unidos al sistema penitenciario salvadoreño revela que en casi la mitad de los casos la acusación de que hayan cometido un delito fue genérica, específicamente por la supuesta pertenencia a una pandilla, que sería la del Tren de Aragua.

Mientras que solo en un 13 % de los casos reportan que la persona posee algún antecedente penal.

"Lo anterior implica que se ha aplicado la medida de traslado o deportación independientemente del estado migratorio de las personas, sobre la base de la imputación genérica de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, lo que a la luz de los datos disponibles en la gran mayoría de los casos parece infundado", dice la organización.

Hasta el 8 de abril de 2025, Cristosal ha registrado 94 casos a través del formulario en línea habilitado para familiares de las personas deportadas y detenidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel del gobierno de Nayib Bukele en Tecoluca, San Vicente.

El 15 de marzo de este año, luego que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, se realizó la primera deportación de 238 venezolanos a quienes acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, y 23 salvadoreños acusados de pertenecer a la MS-13. Luego, se dio a conocer la expulsión de 17 personas más.

Aunque posteriormente se indicó que casi la mitad de venezolanos fueron deportados bajo las leyes migratorias regulares.

DE INTERÉS: Traen más venezolanos pese a prohibición de jueces federales

Ante la falta de claridad de los casos, Cristosal solicitó a la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y a la Presidencia de la República información sobre la cantidad exacta de personas venezolanas deportadas a El Salvador desde Estado Unidos y que fueron trasladados al CECOT, el listado de nombres, datos sobre cuántas tenían una condena previa en EE.UU. y quiénes están vinculadas al Tren de Aragua.

"La Presidencia de la República se declaró incompetente para proporcionar la información solicitada y la DGCP resolvió denegar acceso a la información solicitada bajo el argumento de que se trata de datos personales (confidenciales) y porque se ha establecido una reserva sobre la información de personas ingresadas al Sistema de Información Penitenciaria", dice el informe.

En este contexto Cristosal habilitó un formulario en línea para que los familiares de personas deportadas pudieran registrar sus casos y obtener asesoría para la presentación de habeas corpus o demandas de amparo ante las autoridades judiciales salvadoreñas.

Esta no sería la primera demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia del país, pues ya un grupo de abogados presentó habeas corpus por al menos 30 ciudadanos venezolanos.

Detenciones y aislamiento

Según la información proporcionada, todas las personas registradas fueron detenidas en Estados Unidos. Algunos de ellos se entregaron en la frontera con México. El estado donde se realizaron más capturas fue Texas, con un 38 % de los registros; seguido por California, Nueva York y Colorado, con 9 % cada uno. Luego Florida con 8 %, Carolina del Norte, con 5 %; Tenesse, Georgia y Nueva Jersey, con 3 % cada uno; y con 1 % cada uno los estados de Washington, Louisiana, Kentucky, Maryland, Virginia, Oklahoma, Utah, Pensilvania, Nevada, Nuevo México.

Sin embargo, hay un 23 % de casos en los que se desconoce el estado en el que se realizó la captura.

La mayoría de las detenciones fueron ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement - ICE).

PUEDE LEER: Jueces de Texas y Nueva York bloquean deportación exprés de cinco venezolanos

"En el 94 % de los casos el procedimiento de captura tuvo la participación de la agencia ICE, mientras que el 6 % restante fue ejecutado por la policía local o con la colaboración de otras agencias federales", dice el documento.

Se advierte que el 78 % de los casos eran personas que tenían un trabajo al momento de la detención. Además, el 87 % de las familias que llenaron el formulario indicaron que la persona deportada tiene tatuajes y un 30 % indicó que la causa de la detención o de la supuesta vinculación con estructuras criminales deriva exclusivamente de los tatuajes, aunque estos sean artísticos.

Otro patrón evidente en los casos registrados es la incomunicación de los detenidos desde su traslado a El Salvador.

En el 95 % de los casos, las familias de las personas detenidas conocían el lugar que fueron albergadas en Estados Unidos antes de la deportación y un 33 % de ellas pudieron comunicarse con su familiar detenido mientras estaba en EE.UU. "Pero esta comunicación ha sido inexistente tras el traslado a El Salvador", señala.

Algunas personas pudieron reconocer a su familiar en los videos que difundió el gobierno del momento del traslado de los detenidos al CECOT.

"En ninguno de los casos reportados los familiares o abogados han podido comunicarse con los detenidos después de la deportación a El Salvador, ni han recibido información de parte de las autoridades salvadoreñas", dice Cristosal.

Situación migratoria

Sobre el estado migratorio de las personas deportadas, el reporte de Cristosal indica que el 47 % de los familiares o allegados declaró que su familiar posee estatus de asilo o tenía un proceso abierto por solicitud de asilo, mientras que un 9 % había realizado la solicitud de asilo por medio de la aplicación "CBP One" de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.

El gobierno de Trump revocó la aplicación implementada en la administración de Joe Biden y ordenó a los migrantes beneficiados con dicha medida salir de Estados Unidos. Se estima que podrían ser más de 900,000 personas las afectadas con la medida.

Además, en un 11 % de los casos registrados se indica que la persona poseía Estatus de Protección Temporal (TPS), y solo el 17 % de los casos reporta que la persona estaba en situación migratoria irregular en EE.UU.

De acuerdo a los familiares, las personas no fueron informadas que iban a ser deportadas hacia El Salvador.

"Otro elemento que destaca es que en ninguno de los casos se reporta que las autoridades estadounidenses hayan informado previamente sobre el traslado a El Salvador; por el contrario, un 46 % indica que la persona fue engañada previo a la deportación", señala.

Destaca que solo en el 30 % de los casos reportados se da cuenta de que la persona haya finalizado un proceso y tuviera una orden judicial de deportación vigente.

Otro aspecto relevante es que en 24 % de los casos registrados manifestaron que las personas deportadas se encontrarían en riesgo si fueran obligados a volver a Venezuela.

Perfil de las personas

La totalidad de las personas identificadas a través del formulario en línea de Cristosal son hombres. En el 81% de quienes completaron el formulario y proporcionaron la información correspondiente son mujeres.

Del total de casos registrados a través del formulario, solo una persona de las registradas tiene nacionalidad salvadoreña. El resto son venezolanos.

Las personas registradas están en un rango etario de 18 a los 41 años. También se identificó que cinco de las personas registradas presentan alguna discapacidad: dos se reportan con discapacidad visual (utilizan anteojos de forma permanente) y tres con discapacidad física o intelectual.

"En este último grupo se encuentra una persona que presenta un cuadro clínico con convulsiones frecuentes y que requiere medicamentos especializados. Además, se reporta que en el 22% de los casos los detenidos padecen alguna enfermedad crónica", reportó Cristosal.