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Cuestionan uso de la Policía Militar para contener manifestación de cooperativa El Bosque
Amnistía Internacional, abogados y militar retirado creen que hubo mal uso de unidad militar para contener a manifestantes en las cercanías de la residencia del presidente Bukele.
"El Estado reprimió a los manifestantes utilizando, por primera vez, a la Policía Militar -una fuerza sin facultades para tareas de orden y seguridad pública". Esa fue la reacción de Amnistía Internacional, una organización que defiende derechos humanos en el mundo, por la presencia de la Policía Militar, un brazo de la Fuerza Armada, en una protesta realizada, la noche del pasado lunes, por habitantes de la cooperativa El Bosque, en las cercanías de la residencia del presidente de la República, Nayib Bukele, para pedirle que intercediera para que 300 familias no sean desalojadas del cantón El Triunfo, en Santa Tecla, La Libertad.
La Policía Militar llegó junto a la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional a contener la manifestación en la carretera camino al Puerto de La Libertad. En videos difundidos en redes sociales, se observa a niños y ancianos llorando frente a miembros de estos cuerpos de seguridad, para exigir la liberación de cinco personas que fueron detenidas durante la concentración.
La Policía Militar, según el artículo 53 de Ley Orgánica de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), es un ente con funciones administrativas, y no para ejercer tareas de seguridad pública.
El cuestionamiento por la presencia de la Policía Militar en la protesta no es exclusivo de Amnistía Internacional. Una investigadora en temas de seguridad, un general retirado y una abogada señalan que su participación en la manifestación traspasa sus funciones legales.
"La Policía Militar es órgano auxiliar de la justicia militar y solamente debe intervenir en faltas o delitos militares. La seguridad jurídica y el debido proceso no son los mejores atributos de este régimen", señaló el general retirado Mauricio Vargas.
La abogada Jayme Magaña se sumó al señalamiento y, para sostenerlo, enumeró otros artículos de la Ley Orgánica de la FAES, que establecen el carácter administrativo de la Policía Militar.
"La Policía Militar es una unidad de apoyo de la Brigada Especial de Seguridad Militar de la FAES, que tiene funciones administrativas y de administración de justicia militar. En cualquier caso, esto podría ser parte de una etapa de formalización de la militarización de la PNC", opinó, al ser consultada, Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad.
Un Tribunal de Santa Tecla ha emitido una orden de desalojo para cerca de 300 familias de la cooperativa El Bosque. Los residentes de esa comunidad sostienen que están en posesión de esas tierras desde 1985, cuando el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) les traspasó los terrenos. Posteriormente, apareció una persona quien, según ellos, reclama las tierras por un pago de unos $800,000. En 2012, según un video de la Fiscalía, esa misma persona fue acusada de estafarlos.
El presidente Bukele reaccionó ayer a lo ocurrido diciendo que las personas que protestaron fueron manipuladas y que hubo acarreo de manifestantes: "Personas humildes fueron manipuladas por grupos autodenominados de izquierda y ONG globalistas, cuyo único objetivo real es atacar al gobierno", señaló y, en respuesta, anunció un nuevo impuesto para Organizaciones No Gubernamentales.
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Los detenidos
El lunes por la noche, la Policía detuvo a cinco personas en la protesta: Diego Armando Guzmán; José Ángel Pérez, presidente de la directiva comunal y pastor de la Iglesia Elim; Adolfo Castro, Moisés Galeano y al abogado Alejandro Henríquez. Según versiones de los afectados, cuatro fueron puestos en libertad la misma noche del lunes, y solo quedó detenido José Ángel Pérez.
"Él (Pérez) no tiene delitos, ningún cargo, él no estaba infringiendo leyes. Estábamos en un plantón pacífico. Lo tienen detenido por ser el presidente de la cooperativa, no es porque tenga cosas de las que lo puedan acusar", dijo una residente de la comunidad, quien pidió no publicar su identidad por temor a represalias.
Henríquez, por su parte, fue capturado ayer cuando se encontraba en las oficinas del Foro del Agua, una organización que defiende derechos ambientales. Según personas que presenciaron la capturan, policías se lo llevaron en un carro con placas particulares por el delito de desórdenes públicos.
"Alejandro fue capturado de manera arbitraria e injusta. El papel que ha desempeñado es brindar asesoría jurídica a la comunidad El Bosque", dijo una vocera del movimiento Reverdes, al que también pertenece el abogado, quien en el pasado se ha pronunciado en contra de la minería metálica.
Henríquez fue respaldado por diferentes organizaciones que calificaron de arbitraria su captura y la del líder comunitario. Exbecarios de la Fundación Fundación Heinrich Böll, de la cual Henríquez es exbecario, condenaron su detención. "Su captura ocurrida en un contexto de reciente represión constituye un grave atentado contra los derechos humanos y el ejercicio de la defensa legal en El Salvador", dijeron en un comunicado, y también expresaron su condena por el hostigamiento a comunidades pobres y familias que están siendo despojadas de sus tierras durante este Gobierno.
Amnistía Internacional también exigió este martes la liberación del abogado ambientalista y del líder comunitario detenidos en la concentración. "Exigimos la libertad de las personas detenidas solo por ejercer sus derechos, el respeto al derecho a la protesta pacífica y una solución digna para las más de 300 familias afectadas", apuntó Amnistía.
Residentes de El Bosque denunciaron ayer que agentes policiales llegaron a la vivienda de Diego Guzmán, otro directivo de la cooperativa, sin orden de allanamiento y cuestionando a sus familiares sobre su paradero.
Límites constitucionales
La Constitución de la República establece que la Fuerza Armada no está para realizar funciones de seguridad pública, y que solo podrá hacerlo en situaciones excepcionales. Esto lo reiteró la Sala de lo Constitucional en la inconstitucionalidad 103-2012.
El artículo 168 de la Constitución permite al presidente de la República disponer de la FAES para la seguridad pública, solo cuando se han agotado los medios ordinarios, es decir la capacidad policial.
"La manifestación no representaba per se algo que pudiera rebasar las capacidades del Batallón Presidencial, para tener ese exceso de refuerzos. Hay un mal empleo de una unidad militar en una manifestación pacífica que no representaba amenazas a la seguridad del presidente", agregó Vargas, el militar en situación de retiro.