Cristosal ha documentado 153 casos de muerte bajo custodia del Estado, desde el 27 de marzo de 2022 hasta abril de este año, señaló en su reciente informe sobre violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción.
El reporte presentado por la organización defensora de derechos humanos señala prácticas de torturas sistemáticas al interior de los centros penales y revela que más de la mitad de las personas fueron víctimas de torturas y lesiones graves.
Algunos de los cadáveres presentaban signos de tortura como laceraciones, quebraduras, golpes, heridas con objetos corto punzantes o contundentes, estrangulación y ahorcamientos, indica el informe.
“Hay una contradicción entre lo que determina Medicina Legal, el médico que realiza el levantamiento del cadáver hace una revisión muy general, sin embargo, los cuerpos presentan graves signos de tortura”, explicó Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal.
Navas explicó que en cada uno de los casos se verificó la documentación entregada por Medicina Legal, fotografías, se tomaron testimonios de familiares y se consultó con especialistas para conocer posibles causas de muerte.
Más de la mitad de las muertes (85) en centros penitenciarios “fueron víctimas de muertes violentas confirmadas, posibles o sospechosas”, indica el informe.
Del total de personas, el estudio demostró que 29 fueron muertes violentas y 46 son sospechosas de ser víctimas de criminalidad y probablemente muertes violentas.
En las muertes categorizadas como violentas los cadáveres mostraban signos de asfixia, choques eléctricos,ahorcamientos,estrangulamiento, golpes y lesiones penetrantes.
Jóvenes
En los casos documentados por la organización defensora de los derechos humanos se ha determinado que los fallecidos son, en su mayoría, personas jóvenes: El 46.3% se trata de personas que se encontraban en edad productiva; es decir, las comprendidas entre los 18 y 38 años. Las personas fallecidas entre los 38 y 48 años representan el 40.5%.
Las víctimas que murieron en las cárceles eran personas que antes de ser capturadas vivían en condición de pobreza, bajo el dominio o control de las pandillas y muchos de ellos previamente habían sido víctimas también de las maras.
Navas explicó que hay casos donde la muerte se consignó a causa de una enfermedad, pero la víctima “tenía signos de violencia en el cuerpo”.
En octubre del año pasado el director general de Centros Penales, Osiris Luna, restó importancia a estas muertes y atribuyó responsabilidad a los mismos internos fallecidos, al afrimar que “hay gente que está falleciendo en los centros penales que padecen hasta cuatro morbilidades y quienes se niegan a recibir sus tratamientos de quimioterapia”.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, reflexionó que las torturas en centros penales evocan símbolos del pasado de violaciones a derechos humanos que se cometieron durante la guerra, una época de las más oscuras en cuestión de agresiones que ha vivido el país.