La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sesionado esta mañana de forma extraordinaria y ha acordado solicitar un refuerzo presupuestario por valor de $8,115,000 para pagar las bonificaciones de los jueces que renunciaron antes de que entrara en vigencia el decreto legislativo que obliga a retirarse a jueces y fiscales mayores de 60 años o con 30 años de servicio.
El magistrado y designado presidente de la Corte, Óscar López Jerez, confirmó la decisión tomada por el Pleno y que esta fue aprobada con 13 votos de los magistrados.
Los renunciantes, que al cierre del plazo que estableció la Corte para presentar la renuncia, el pasado viernes, totalizaron 100, recibirán el equivalente a 24 salarios en concepto de bonificación.
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Los magistrados también avalaron las dos correspondencias, con fecha de hoy, que enviarán al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa, en las que notifican del acuerdo del pleno y la solicitud de los $8.1 millones, además de la correspondiente legislación para modificar las asignaciones presupuestarias.
“Según acuerdo de Cote Plena no. 375 del veintiuno de septiembre del presente año, acordó realizar las gestiones ante la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto para solicitar la modificación en concepto de refuerzo de las asignaciones presupuestarias del rubro 51-Remuneraciones del presupuesto institucional votado 2021… por la cantidad de ocho millones ciento quince mil dólares exactos de los Estados Unidos de América”, dice parte del escrito enviado por la Corte al presidente de la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
En el mismo sentido va la carta enviada al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, a quien le requieren del monto para cumplir la promesa dada a los jueces que renunciaran.
Por otro lado, también el pleno de la Corte acordó beneficios para los 112 jueces que solicitaron pasar al régimen de disponibilidad.
“Logré hoy que se aprobara que todo juez o magistrado que haya pedido ser incluido dentro del régimen de disponibilidad, sea incluido ya sin necesidad de evaluar a cada funcionario, y que además se le mantenga en el mismo cargo con mismas funciones por un periodo fijo de 5 años, prorrogable”, detalló López Jerez.
El magistrado dijo que además se les mantendrá a estos jueces su seguro médico hospitalario.
Nombran jueces sustitutos
López Jerez también explicó que hoy acordaron el nombramiento de los juzgadores sustitutos que han sido escogidos de entre los “mejores elementos” de dentro de la institución, que no son externos y que hoy por tarde los juramentará. Se informó que tomarán sus respectivos cargos y funciones a partir del lunes.
Estas decisiones se toman pese a la orden de la Cámara de Familia Sección Oriente de suspender la vigencia del decreto 144 al admitir una demanda de jueces. Esta instancia ordena a la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa y el Presidente de la República se abstengan de ejecutar el decreto y de vulnerar los derechos de los jueces y magistrados a los que afecta el decreto, entre estos no moverlos de sus cargos mientras toma una decisión definitiva.
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La semana pasada, la Cámara de Familia admitió una demanda de jueces que plantean que el cuestionado decreto 144 emitido por la Asamblea Legislativa, el pasado 31 de agosto, vulnera sus derechos de adulto mayor amparados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y en una serie de derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República y el Código de Familia.
La demanda, que se fundamenta en los derechos constitucionales y en los artículos 75 inciso primero y el 78 de la Ley Procesal de Familia, fue presentada por el abogado Ricardo Vladimir Montoya Cardoza ante la Cámara de Familia de la zona oriental en nombre de Rosvinda Portillo Matute, de 61 años, y de Geofredo Campos Rosa, de 66, ambos también abogados de profesión.
La demanda vino luego de protestas de jueces contra las reformas a la Ley de la Carrera judicial adoptadas por la Asamblea Legislativa, la cual, dijeron, no tiene esa iniciativa de ley sino que es la Corte Suprema. También realizaron varias marchas en las que expresaron que con dichas reformas no solo se vulneraba los derechos al trabajo y otros de los jueces mayores de 60 años o con 30 años de servicio, sino que además los diputados oficialistas, en su discurso los tildaba de corruptos sin tener fundamento para ello.
La organización Cristosal también ha apoyado a los jueces y ha elevado este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).