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Cristosal demanda a la Corte de Cuentas por no investigar presunto uso de fondos públicos en compra del software de espionaje Pegasus

La organización denuncia que la CCR incumple su mandato “al negarse” a investigar los presupuestos de instancias del Gobierno en materia de inteligencia y seguridad pública para detectar posibles irregularidades.

Por Milton Rodríguez | Jul 19, 2022- 12:13

Fachada de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Foto EDH /Archivo

La organización Cristosal interpuso este martes una demanda ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo (Santa Tecla) contra la Corte de Cuentas de la República (CCR) “por negarse a investigar si hubo uso de fondos públicos” para contratar los servicios del software de espionaje Pegasus, con el que más de 30 periodistas salvadoreños e integrantes de sociedad civil habrían sido intervenidos.


A inicios del año, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos denunciaron que sus teléfonos habían sido infectados para que un tercero tuviera acceso a sus mensajes, correos electrónicos, fotos, videos, micrófono, cámaras, llamada y hasta contactos telefónicos.

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De hecho, esto fue confirmado a través de una investigación realizada por cuatro organizaciones internacionales: Access Now, Frontline Defenders, The Citzen Lab y Amnistía internacional. Pegasus es un programa creado por la empresa israelí NSO Gorup que se vende únicamente a gobiernos.

Cristosal denuncia que existe incoherencia en el actuar de la CCR ya que se ha negado a iniciar los estudios pertinentes sobre el caso, pese a que tiene facultades y capacidad para fiscalizar y auditar en donde quiera que exista uso de fondos públicos.


La jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López, destacó los derechos vulnerados con este actuar de la entidad contralora.


“Es importante hacer saber a la ciudadanía que en este caso se está vulnerando derechos de las ciudadanas y los ciudadanos, especialmente sobre el derecho a la información pública porque la Corte de Cuentas se ha abstenido de ejercer sus funciones en este caso particularmente de iniciar un proceso de auditorías sobre fondos públicos que presuntamente pudieron haber sido utilizados para la compra de software Pegasus”, manifestó ante la prensa.

Además, señaló que existen suficientes indicios para que se inicie una investigación al respecto. "El gobierno tendría que justificar y explicarle a la ciudadanía porque ha gastado los fondos públicos, si así lo determina la CCR en su investigación, y por eso es relevante la investigación, cuando debieron haber sido utilizados para atender las necesidades de la ciudadanía", indicó.

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De igual manera opinó el abogado de la Unidad Anticorrupción de la organización defensora de derechos humanos, Jonatán Sisco, quien explicó el proceso y señaló algunas incoherencias de parte de la CCR.


“Hemos visto que la fundamentación de la CCR es incoherente porque ellos han comprobado que el spyware Pegasus se brinda como servicios únicamente a agentes gubernamentales a agencias de seguridad estatales”, señaló.


El 8 febrero, Cristosal presentó una denuncia ante la Corte de Cuentas para que verificara si existió una contratación del Estado salvadoreño para obtener el software de espionaje Pegasus, y el “uso de fondos públicos” en su posible adquisición. Pero la CCR declaró la petición “improcedente” bajo el argumento de que según el principio de procedimientos de enjuiciamiento penal sobre el administrativo no podía entrar a conocer el caso.


Ante esto, Cristosal denuncia que la Corte de Cuentas incumple su mandato “al negarse” a iniciar una investigación sobre los presupuestos de instancias del Gobierno en materia de inteligencia y seguridad pública para detectar desviaciones, ocultamientos, ineficiencias o malversaciones, así como cualquier otra irregularidad o legalidad cometida.

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“La CCR en los documentos que nos ha brindado en las resoluciones ha dicho que no es competente para conocer esto, pero nuevamente viene otra incoherencia, porque dicen que ellos van a realizar la auditoria en el periodo normal y que ellos van a realizar a la auditoria del organismo de inteligencia de Estado, del ministerio de Defensa y de la policía, pero se han negado a investigar específicamente si se han utilizado fondos públicos para espiar a ciudadanos, a periodistas y a defensores de derechos humanos”, concluyó el abogado Jonatan Sisco.

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