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Corte de Cuentas investigará fondos públicos usados para la Chivo Wallet

La acción es producto de una denuncia interpuesta por Cristosal desde septiembre de 2021.

Por Eugenia Velásquez | Nov 30, 2022- 09:08

El gobierno destinó una fuerte cantidad de fondos públicos en la implementación del bitcoin en el país. Foto: Archivo

Ruth López, Jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, informó que la Corte de Cuentas les ha notificado que en 2023 iniciará la investigación de los procesos de compra de bitcoin con fondos públicos y los de construcción de 50 puntos Chivo.

La petición fue interpuesta en septiembre de 2021 y fue admitida por la Corte de Cuentas pocos días después, sin embargo, ante la falta de productividad en la misma, Cristosal pidió una ampliación el año pasado, a la cual ha respondido la Corte de Cuentas, pero después de más de un año y prometiendo que iniciará la indagación hasta en 2023.

“Le informo que esta Coordinación General de Auditoría, recibió de parte del Departamento de Participación Ciudadana, la denuncia DPC-135-2021, la cual ha sido analizada y se remitirá a la Dirección de Auditoría Uno, para que se incluya en el Plan de Trabajo, correspondiente al ejercicio 2023, no omito manifestarle que nos encontramos realizando gestiones de fortaleciendo el talento humano de auditoría, para realizar este tipo de examen en particular”, reza la notificación enviada a Cristosal.

“Hace un año presentamos la solicitud parece increíble como un año después la Corte de Cuentas posterga la investigación para un próximo año en este caso 2023, mientras los fondos públicos siguen siendo lapidados, extraídos de El Salvador, desperdiciados, tal pareciera que el mandato constitucional de la Corte de Cuentas no está siendo debidamente atendido. Hemos puesto a prueba la institución, la Corte de Cuentas tiene una responsabilidad, no solo constitucional, sino legal, de asumir esta investigación, de llevarla hasta los últimos términos para deducir la responsabilidad por la lapidación de fondos públicos”, explicó López a El Diario de Hoy.

LEA ADEMÁS: Falla en Chivo Wallet provocó fraude de hasta $24 millones

En septiembre de 2021, La abogada Ruth Eleonora López, de Cristosal, interpuso la denuncia, explicando que existe opacidad sobre el origen de los fondos para la construcción de cabinas del Bitcoin; señaló además, la presunta erogación y uso de fondos públicos antes de la entrada en vigencia del decreto de creación del Fideicomiso.

EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN ENVIADA POR LA CCR A CRISTOSAL

“Nuestra Constitución establece que el carácter permanente de leyes tienen que pasar por un trámite que establece la Constitución establecido en el Art. 140 y tiene que esperar 8 días hábiles después de la publicación en el Diario Oficial para su entrada en vigencia y este es un plazo que evidentemente no se ha respetado y por eso estamos solicitando a la Corte de Cuentas que investigue”, mencionó López el pasado 9 de septiembre.

Además, señaló que la contratación del servicio de cajeros que se realizó presuntamente con fondos públicos se hizo mediante un proceso fraudulento porque no se han seguido los procesos de contratación establecidos en la Constitución.

De acuerdo a Cristosal se dio una especie de “fraude de ley para evitar la fiscalización” al conocerse que la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), una subsidiaria de la autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), fue quien creó la empresa denominada “Chivo”.

En la denuncia de Cristosal se expresa que este mecanismo ha servido para evadir el control y la fiscalización de la ejecución de los fondos públicos.

La Asamblea Legislativa reorientó a petición del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, más de $200 millones de un préstamo para la creación del Fideicomiso del Bitcoin y su implementación, de $600 millones de deuda que originalmente estaban destinados a apoyar a las micro y pequeñas empresas afectadas por la pandemia.

En el escrito presentado por Cristosal piden a la Corte de Cuentas realizar un examen especial para determinar si las cabinas se construyeron con fondos estatales y verificar el proceso de licitación.

Además, solicitan que de encontrarse alguna “conducta ilegal” sea certificada a la Fiscalía para que inicie los respectivos procesos penales.

Los cajeros y la plataforma "Chivo", para la billetera digital no han dado los resultados esperados. El gobierno tuvo que suspender el funcionamiento de varios cajeros y el procesamiento de las transacciones que algunos salvadoreños ya estaban realizando.

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