La comisión de Salud de la Asamblea emitió un dictamen favorable para reformar la “Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia”, mejor conocida como “Ley Alabí”.
El diputado del partido Nuestro Tiempo, Johnny Wright, expresó que no votó a favor de la reforma debido a que cuando se aprobaron esas disposiciones se hizo sin seguir el debido proceso de deliberación. Según dijo, si se quiere corregir lo que se debería hacer es derogar el decreto y emitir otro.
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“Esta reforma que se viene este día y que de alguna forma pretende corregir o rectificar, a pesar de compartir el espíritu y compartir la importancia que se quiere rectificar, la única manera viable de corregir sería derogando el decreto y emitiendo una nueva normativa”, apuntó Wright.
Dar inmunidad a los funcionarios del actual gobierno fue de las primeras acciones que realizó la presente legislatura, en su segunda plenaria en mayo pasado.
Esto desató fuertes críticas de la oposición, quienes adujeron que con la medida blindaron a los funcionarios involucrados en compras irregulares con fondos públicos durante la pandemia.
Meses después, y a iniciativa del gobierno, la comisión de Salud pide reformar la disposición para dejar establecido que la “inmunidad otorgada no se extiende a ningún acto de fraude, soborno, corrupción, robo, falsificación o piratería, tráfico de bienes robados o actividad delictiva similar, derivada de la prestación de cualquier producto o servicio relacionado con la situación de la salud pública causada por la pandemia del COVID-19”.
Abogados señalan que la enmienda podría obedecer a un mensaje que el gobierno quiere enviar al Fondo Monetario Internacional, ya que no ha podido concretar un acuerdo con el FMI por más de $1,300 millones para apuntalar la economía.
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O también enviar una señal a Estados Unidos de que en realidad si están dispuestos a combatir la corrupción, sin embargo, hay vacíos que fueron denotados por José Marinero, presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).
“Parece que la excepción solo es para la inmunidad, es decir, pueden ser demandados, pero no para la exención de responsabilidad, o sea, aunque sean demandados y eventualmente condenados no podrá atribuírseles responsabilidad alguna”, comentó Marinero.
Añadió que la reforma no aplicaría a los exfuncionarios que pudieron haber participado en actos de corrupción en la adquisición de estos bienes y servicios y por tanto seguirían estando protegidos por el régimen de impunidad creado en la Ley Alabí.
Para Graciela Ayala, abogada de Funde-Alac la enmienda puede deberse a que dentro de la administración gubernamental ya se encontraron con ciertas anomalías respecto de la ley Alabí y que podrían existir personas que la están aplicando y estafando al Estado en contrataciones brindando servicios deficientes o contrario a lo ofertado.
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