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Nueva Asamblea blinda a funcionarios señalados de compras irregulares

La oposición política cuestionó que tras un interés sanitario se pretende que los posibles delitos en compras irregulares de bienes y servicios en la emergencia sanitaria queden “impunes”. La ley es retroactiva, es decir, que funcionarios señalados por la Corte de Cuentas de “anomalías” en el manejo de fondos públicos para la crisis sanitaria no sean procesados.

Por Eugenia Velásquez | May 05, 2021- 21:57

El bloque oficialista junto a sus aliados de GANA, PCN y PDC, aprobaron la nueva normativa. Foto EDH/ Francisco Rubio

Sin discusión previa y con modificación de agenda, el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron ayer en la plenaria una nueva ley de Salud especial que dará “inmunidad” a funcionarios públicos que han sido señalados por la Corte de Cuentas de la República de malos manejos de los recursos financieros para la pandemia.

Además, en la administración del exfiscal Raúl Melara, quedaron en investigación de la Fiscalía más de 60 casos relacionados a instituciones que administraron fondos del Estado provenientes de préstamos, de Letes, Cetes y reorientaciones de recursos para atender la emergencia por COVID-19.

Sin embargo, Melara fue destituido de su cargo el primer día en que la nueva Asamblea Legislativa tomó posesión el 1 de mayo.

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Los partidos de oposición ARENA y el FMLN criticaron la medida y afirman que el gobierno busca detrás de una ley con supuestos fines sanitarios que los posibles delitos por mala administración del dinero queden “impunes”.

“Esta ley la aprobarán como una ley de orden público, para que tenga efectos retroactivos, es decir, que queden impunes todas las demandas presentadas en la Fiscalía por malos manejos de la pandemia en los hospitales públicos”, explicó el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA.

El Artículo 4 de dicha normativa establece que “las personas o entidades que operan en el sector de la salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como están exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia COVID-19”.

La bancada de Nuevas Ideas y sus aliados justificaron que la ley agilizará los procesos de compra de insumos y servicios para la pandemia.

“Esta ley trata de cubrir a las personas que están en primera línea en el sistema de Salud”, afirmó Guillermo Gallegos, de GANA.

La normativa aprobada se llama “Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones excepcionales de Salud Pública ocasionadas por la Pandemia COVID-19”.

Sigue leyendo: El Salvador es el país peor evaluado en compras del Gobierno durante la pandemia

El decreto dice que su objetivo es habilitar mecanismos expeditos y eficaces para la adquisición de medicamentos para precaver o contrarrestar los efectos del COVID-19, por una eventual escasez de los mismos ante un potencial incremento de la demanda mundial; así como regular el tema de las responsabilidades de las personas que intervienen en el proceso de fabricación, importación, comercialización, distribución, transporte, traslado, administración y prescripción de dichos medicamentos.

Johnny Wright, del partido Nuestro Tiempo, señaló que se “perpetua el esquema de compras por emergencia, cuando el mismo gobierno ha dicho que está garantizado que el país contará con suficientes vacunas e insumos, no sólo se aprecia contradictorio, más parece que el objetivo es que la rendición de cuentas en cuanto a insumos relacionados al COVID-19 se podrían mantener en la oscuridad con reserva, por tanto, votamos en contra”.

Anabel Belloso y Dina Argueta, del FMLN, lanzaron en el pleno fuertes críticas sobre la nueva normativa.

“La población los colocó acá (en la Asamblea) para que respondieran por sus derechos y no vinieran a través de iniciativas como la que hoy aprobaron para generar inmunidad y realizar de facto con esta iniciativa un fuero también a sus funcionarios que en el marco de la atención de la pandemia están fuertemente señalados por casos de corrupción en el uso abusivo de los fondos públicos”, recriminó Belloso.

Jaime Guevara, del FMLN, también advirtió que la ley deja desprotegida a la población de poder reclamar sobre la afectación de un medicamento aplicado contra el virus, ya que exonera de responsabilidad a proveedores de servicios en salud, entre ellos, farmacéuticos y organizaciones hospitalarias.

Para Wilson Sandoval, Coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Nuevas Ideas está actuando en contra de lo que pregonó en su campaña electoral.

“Me parece que es una ley que busca dar amnistía a irregularidades que se cometieron durante la pandemia en compras del Ministerio de Salud y Agricultura. La Ley Fopromid no usa la Lacap y eso genera corrupción y de repente el gobierno usa otra ley que viene a dar amnistía”, aseveró.

Al finalizar la plenaria el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, restó relevancia a los cuestionamientos de la oposición.

¿Qué contiene la nueva Ley?

Otorga inmunidad a funcionarios y personal de Salud

En el artículo 4 se establece que las personas o entidades que operan en el sector de la salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas. Estarán exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja, por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia COVID-19.

Permite hacer contrataciones directas

En el Art. 8 se autoriza al Ministerio de Salud y demás miembros del Sistema Integrado de Salud Pública para que lleven a cabo la contratación directa para la adquisición de los productos para tratamientos médicos para atender la pandemia COVID-19. En consecuencia, quedarán excluidos de la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

La ley es de retroactiva

La normativa reviste carácter de orden público, por lo que sus efectos son retroactivos tanto en la compra de insumos médicos y todo lo derivado para la atención de la pandemia desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la crisis sanitaria por COVID-19 en marzo del año pasado. También se crea un Fondo de Compensación Independiente del Ministerio de Salud, específicamente para compensar por los daños y perjuicios resultantes del desarrollo, administración o uso de un producto o servicio para tratamientos médicos en el contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia.

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