Mediante una nueva ley para “el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de la salud pública ocasionadas por la pandemia”; el partido Nuevas Ideas aprobó con 63 votos darle "inmunidad" a personas y funcionarios públicos en las compras de insumos médicos y servicios durante la pandemia.
Diputados de ARENA y del FMLN, denunciaron que la nueva ley busca dejar en la "impunidad" los posibles delitos cometidos por personeros del gobierno ante los señalamientos de la Corte de Cuentas de la República de irregularidades en las adquisiciones de mascarillas y servicios para atender la crisis sanitaria.
“Esta ley la aprobarán como una ley de orden público, para que tenga efectos retroactivos, es decir que queden impunes todas las demandas presentadas en la Fiscalía por malos manejos de la pandemia en los hospitales públicos”, explicó el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA.
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El Artículo 4 de dicha normativa en discusión establece que "las personas o entidades que operan en el sector de la salud gozarán de inmunidad ante demandas y denuncias judiciales o administrativas, así como están exentas de cualquier responsabilidad civil, penal o comercial u obligación de indemnizar que surja por, o que esté relacionada con cualquier producto o servicio para tratamientos médicos o con su desarrollo, administración o uso, dentro del contexto de una situación excepcional de salud pública ocasionada por la pandemia COVID-19".
Las diputadas del FMLN, Anabel Belloso y Dina Argueta advirtieron que con esa ley el partido Nuevas Ideas pretende darle inmunidad a los funcionarios públicos que han sido señalados por la Corte de Cuentas de la República de hacer compras irregulares de insumos médicos y alimentos durante la pandemia.
"Al escuchar la lectura de la pieza y su decreto, lo que menos hace referencia es a la salud y a la atención de la población salvadoreña. Se está manipulando la buena fe que la población depositó en ustedes”, manifestó la diputada Dina Argueta, del FMLN.
Además, el proyecto de ley establece que será de orden público, es decir que es retroactiva, abarcando las demandas o juicios a los que pudieran ser sometidos los funcionarios del gobierno antes de que la ley entre en vigencia.
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