La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó de las autoridades salvadoreñas cumplir con las medidas ordenadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con las que prohíbe las detenciones de personas señaladas de incumplir la cuarentena domiciliar obligatoria y de llevarlas a los centros de contención.
Las medidas a que hace alusión la CIDH, una instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA) responden a la resolución en trámite del Hábeas Corpus 148-2020 a favor de tres mujeres que fueron detenidas supuestamente de forma ilegal cuando iban a comprar alimentos en Jiquilisco, Usulután el 22 de marzo pasado, un día después de entrada en vigencia la cuarentena domiciliar obligatoria.
Las disposiciones ordenadas por la Sala están dirigidas a atender la pandemia del COVID 19, pero con el pleno respeto de los derechos humanos.
“La suspensión de derechos debe de atender a los principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad, y no efectuarse en forma contraria a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos”, señala la CIDH en su pronunciamiento.
En ese sentido, destaca la resolución de seguimiento del referido Hábeas Corpus porque se reconocen medidas de tutela de derechos humanos , de acuerdo a la resolución 1/20 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.
La exhortación viene en momentos en que el presidente Bukele insiste en continuar con las detenciones de ciudadanos que a juicio de su gobierno no cumplen con la cuarentena domiciliar.
Por su parte, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador, cuestionó al presidente Nayib Bukele por desobedecer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Señala que en “un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, las situaciones extraordinarias como la pandemia por el virus COVID 19 no habilitan para que los gobernantes violen la Constitución y los derechos fundamentales de las mismas personas a quienes dicen proteger de la epidemia”.
En ese sentido, el referido instituto demandó del presidente Bukele “cumpla con las órdenes judiciales emanadas de la Sala de lo Constitucional” y que además ejerza su obligación de velar por la salud con el respeto a las leyes y a la Constitución.
También pide a la Fiscalía General que inicie las investigaciones respectivas para establecer si cualquier autoridad, independientemente de su rango está cometiendo los delitos de privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, desobediencia, o cualquier otro delito; por las privaciones masivas e ilegales de personas.
A los ministros, funcionarios y agentes de autoridad, que al margen de las órdenes de sus superiores, que mejor cumplan con la Constitución, las leyes y con las órdenes de la Sala de lo Constitucional.
Respaldan la labor jurisdiccional de la Sala y la instan a seguir ejerciendo con “prudencia y valentía su función de defender la Constitución y los derechos fundamentales de todos, y que active de inmediato las facultades que le otorgan la Constitución y las leyes para hacer cumplir sus providencias”.
A los salvadoreños los exhorta a evitar “ser sorprendidos por falacias tales como que la única manera de defender la salud pública es sacrificando su libertad y la Constitución, o las que sostienen que las medidas adoptadas por el gobierno deben de aceptarse de manera dócil y absoluta so pena de estar a favor de la muerte”.
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Elliot Engel le recordó al presidente que las instituciones importan.