La Corte de Cuentas de la República dio a conocer que el gobierno salvadoreño no le ha presentado la suficiente información sobre la construcción del hospital en CIFCO, la mesa de manejo de crisis a causa de la emergencia sanitaria o la compra de equipo para el Seguro Social que se han desarrollado para el combate del COVID-19.
Además, la Corte de Cuentas revela que el gobierno no ha utilizado $5 millones que tiene disponibles para la compra de “insumos consumibles de protección y apoyo”, como mascarillas, equipos de bioseguridad y equipo de protección.
“Ha sido una irresponsabilidad”, critica la diputada Nidia Díaz, del FMLN, al conocer el informe del ente controlador. “El gobierno debió comprar desde el inicio las mascarillas”, agrega.
La diputada del FMLN dijo que para todo el personal de apoyo que han tenido de otras instituciones o ministerios se debió otorgárselas desde un inicio y que le consta que no se les entregó porque ella misma regaló ese tipo de material para estas personas.
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Todo viene en un informe sobre el “Plan de Fiscalización de los Recursos Utilizados en el Marco de la Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19”, implementado por la Corte desde mediados de abril de este año.
Son al menos cuatro grandes rubros los que se trata de fiscalizar.
Así figura la construcción del Mega Hospital en las instalaciones del CIFCO, a cargo de los ministerios de Salud, Obras Públicas y Transporte.
También la “Mesa de Crisis”, conformada por los ministerios de Gobernación, Turismo, Casa Presidencial y otras entidades relacionadas con la atención de la emergencia.
Y, además, la adquisición de Equipo e Insumos Médicos realizados por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la Administración de Donaciones nacionales e internacionales.
La Corte informa que este plan de fiscalización “presencial” fue suspendido entre el 5 y el 27 de mayo debido al aumento de contagios en diferentes entidades y del 1 al 3 de junio por la tormenta Amanda y Cristóbal que afectó al país.
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No se detalla las entidades a las que se refiere cuando habla de los contagios.
Algunas de las grandes limitantes que han tenido para la auditoría de esos cuatro rubros son la suspensión de los procesos porque los peritos tuvieron que cumplir la cuarentena obligatoria dada la emergencia nacional que se decretó por el COVID-19, aparte de las tormentas ya mencionadas.
En relación al Hospital El Salvador, como se nombró al hospital de CIFCO, la Corte se queja que, al 30 de junio de este año, ni el ministerio de Salud ni el de Obras Públicas les ha proporcionado el total de la información que se les ha requerido, lo cual “ha retrasado el desarrollo” de la auditoría.
La demora en la entrega de los documentos o la presentación incompleta de la información ha afectado el examen en general, dice la entidad fiscalizadora.
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La diputada Nidia Díaz, sobre este punto, dijo que el gobierno no tenía un plan y que por eso era difícil seguir los avances que se tenían en cuanto a las distintas fases.
La Corte dice que respecto a la información que tiene que ver con la orden de compra No. DL5930027, del 12 de mayo de 20020, adjudicada a la empresa Construcción e Inversiones, S.A. de C.V, se encuentra pendiente de entrega. El monto de esa compra asciende a $961,822.
Lo que se ha pedido de esa orden de compras es, entre otras cosas, las condiciones generales del servicio, especificaciones técnicas de los materiales a utilizar y los equipos a instalar.