Roberto Anzora y Marta del Carmen Martínez, dos de los aspirantes a ser reelectos en el cargo de magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), y que fueron entrevistados por los diputados el martes, revelaron que el Ministerio de Agricultura (MAG) y el de Obras Públicas (MOP), se resisten a entregar la información requerida de los gastos realizados con la entrega del bono de $300 para las personas afectadas por la pandemia; y en el caso del MOP, sobre la construcción del hospital El Salvador en el CIFCO y la compra de insumos médicos que se está realizando con $35 millones del presupuesto del Seguro Social, informó Anzora.
Explicaron que la excusa en común que les dan, es que casi no tienen personal trabajando en sus instituciones porque se han contagiado con el COVID-19; sin embargo, Martínez sostuvo que en las áreas administrativas de compra y gastos siempre debe quedar gente a cargo, por lo que la CCR ha hecho comunicaciones preliminares relacionadas con falta de información.
“Nuestros auditores han pedido en reiteradas ocasiones información de los gastos y compras y no se les ha presentado. Nuestra ley permite que se haga una notificación sobre ese problema que se está dando y que las entidades se pongan al tanto de la necesidad que tiene la Corte de Cuentas de información”, señaló la magistrada Martínez.
Añadió que como están en la fase de ejecución, las comunicaciones preliminares que se han hecho a las instituciones es por “falta de información”, y que los hallazgos se darán a conocer una vez hayan terminado la fase de ejecución y se haya comunicado el borrador del informe preliminar o de informe definitivo.
Lo que están pidiendo las instituciones es más tiempo, por ejemplo, el MAG solicitó una tercera prórroga de 30 días a la Corte de Cuentas, cuando ya habían tenido dos. La última no fue posible otorgársela, dijo Martínez, porque la Dirección de Auditoría ya va bien atrasado con ese proceso de ejecución.
“En el caso del MAG solicitó 30 días hábiles, en un primer momento se le concedieron 15 por parte del auditor, luego solicitó 30 días más, pero en esa ocasión la Dirección de Auditoría no le concedió tiempo porque están bien atrasados”, explicó Martínez.
Añadió que los argumentos que ponen es que “tienen personal contagiado, que son los encargados de hacer las compras y hacer las transacciones, sin embargo, consideramos que la documentación siempre queda a cargo de otra persona. La segunda petición de prórroga no se le concedió”.
Mientras que Anzora explicó que de los 7 hallazgos que han identificado en la construcción del hospital del Cifco, seis de ellos ya finalizaron la etapa de planificación.“Ahorita estamos examinando esas operaciones, estamos recopilando toda la evidencia necesaria para evaluar y establecer si se ha incurrido en algún tipo de responsabilidad, sea administrativa, patrimonial o de índole penal en el desarrollo de estas operaciones y de las personas que resultaran involucradas o responsables, tanto en las contrataciones como en lo que se proporcionó al Estado”, afirmó Anzora.
De momento el magistrado Anzora dice que no han acudido a la Fiscalía, porque no ha caducado la fase de la defensa de la institución. Está pendiente que el MOP de sus respuestas a las observaciones y pueda desvirtuar los hallazgos.
“De eso sucederán dos situaciones: o confirmamos lo que hemos comunicado o también la administración puede superar esas situaciones que se le han comunicado, lo cual está dentro del marco técnico. La Dirección de Auditoría ha solicitado opiniones jurídicas, eso de ir a la Fiscalía tiene un procedimiento interno”, aclaró Anzora.
Lo anterior está dentro del aspecto de cumplimiento legal, explicó, ya que la mayoría de notificaciones que le han hecho al MOP están dentro de ese parámetro legal, sin embargo, no descartó que una vez se cumpla esa etapa, entrarán a valorar si de las situaciones observadas se puede confirmar si hay responsabilidades administrativas, patrimoniales o incluso de carácter penal.
“Nosotros no descartamos ninguno de estos tipos de responsabilidad, pero como estamos en una etapa preliminar tampoco puedo asegurar que se ha incurrido en alguna”, especificó Anzora.
A la fecha, explicó que no han tenido coordinación con la CICIES ni con el Tribunal de Ética Gubernamental para avanzar en las indagaciones, pero confirmó que están dispuestos a tener acercamientos para investigar los casos.
Lo que sí adelantó es que han solicitado una audiencia con el fiscal general, Raúl Melara, para analizar la posibilidad de crear un comité especial de investigación de posibles casos de corrupción que están siendo denunciados por la ciudadanía.