Diputados piden a alcaldes que informen de recientes inhumaciones en cementerios municipales

También solicitaron un reporte al Instituto de Medicina Legal sobre las estadísticas de muertes que han recibido en los últimos tres meses.

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Cementerio La Bermeja, de San Salvador, donde se han realizado varios entierros bajo protocolo de COVID-19. Foto EDH / Archivo

Por Eugenia Velásquez

2020-06-08 5:10:14

Los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa acordaron este lunes pedir a los alcaldes que informen sobre cuántos decesos están registrando en sus cementerios municipales y bajo que diagnóstico son sepultados.

También un reporte al Instituto de Medicina Legal sobre las estadísticas de muertes que han recibido en los últimos tres meses y al Ministerio de Salud Pública para que expliquen sobre los decesos registrados por casos de insuficiencias respiratorias, sean estas graves o menos graves.

“Se tocó la necesidad de pedir un informe a las alcaldías municipales de la región metropolitana de que informen de que cantidad de enterramientos están teniendo y sobre que diagnóstico son y al Instituto de Medicina Legal para que informe sobre la estadística que tienen de los muertos de los últimos 3 meses, igual al Ministerio de Salud para que informe del obituario que llevan, sean insuficiencias respiratorias inferiores o superiores”, manifestó el diputado de ARENA, Orlando Cabrera Candray.

La petición de la Asamblea viene a reforzar el posicionamiento de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), de que en las últimas horas ha circulado en redes sociales un memorándum del Ministerio de Salud en el que explican que han recibido órdenes desde la Presidencia de la República “de no procesar una importante cantidad de pruebas de COVID-19, lo cual no ha sido informado de manera transparente a la población salvadoreña, ni a los pacientes a quienes se ha realizado dichas pruebas. Esto reafirma la sospecha de que la información y las estadísticas generadas desde el gobierno central no son confiables”.

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Añade Funde que ese documento deja entrever “indicios de manipulación de personal de Capres, donde se han tomado decisiones sin un argumento técnico, resultando en la afectación de la ciudadanía, como es el caso de suspender la recepción de pruebas COVID-19 provenientes de hospitales y unidades de salud”.

Los últimos casos que se han dado al respecto también es sobre la muerte de tres personas de la tercera edad en el asilo Sara Zaldívar, supuestamente por COVID-19.

Al respecto, los diputados acordaron indagar sobre estos fallecimientos, por lo que también se estableció darle seguimiento a la temática y solicitar un informe por parte de las entidades pertinentes, en este caso, al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI). No obstante, los legisladores no descartaron convocar a otras entidades involucradas.

La preocupación de esta situación surge, luego de varias denuncias ciudadanas que exponen la gravedad de la atención por el COVID-19 en los pacientes que residen en el centro de atención de adultos mayores y donde, además, se presume que han ocultado información de los casos de contagio por la enfermedad.

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Durante la reunión que sostuvieron los alcaldes con el presidente de la República, la alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, le expresó al mandatario la necesidad de cesar la confrontación entre poderes.