Veterinario y asesora de imagen venezolanos dirigen mesa de crisis por COVID-19, según documento

El Gobierno ha delegado funciones que no le corresponden por ley a terceros, dos asesores venezolanos del presidente, para el manejo de pruebas de COVID-19, según un reporte que se ha divulgado recientemente.

Un grupo de venezolanos o “delegados de CAPRES” es el que dirige a funcionarios y empleados del Departamento de Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública. Foto EDH / AFP

Por Jorge Beltrán Luna

Jun 08, 2020- 17:20

Casa Presidencial mantiene como encargados de la mesa de crisis y pruebas del COVID-19 a un grupo de venezolanos, según documentos que se han conocido recientemente. Por ley, esas funciones le corresponden al Ministerio de Salud tutelarlas, han explicado especialistas a El Diario de Hoy.

Son ellos quienes deciden sobre el procesamiento de pruebas de laboratorio y quienes han ordenado no dar resultados a pacientes que lo soliciten.

Tres abogados consultados por El Diario de Hoy sobre la información que revela el memorando 2020-9200-200, que ya circula en redes sociales, coinciden en que los “delegados de CAPRES” han estado entrometiéndose en funciones del Ministerio de Salud y, específicamente, con el quehacer de personal técnico del Departamento de Laboratorios de Vigilancia de Salud Pública.

Rodolfo González, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, opinó que el simple hecho de que haya personal extranjero colaborando con alguna dependencia gubernamental no es ilegal, pero sí puede ser un problema de país en términos del Derecho Constitucional de acceso a la información y al derecho que tiene toda la ciudadanía de estar informados, si se ha traído a esas personas con la finalidad de incidir en las personas encargadas de recopilar los datos y de transmitirlos de forma certera y fiable.

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Ese grupo de venezolanos o “delegados de CAPRES” es el que dirige a funcionarios y empleados del Departamento de Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública. Lo hacen emitiendo indicaciones de manera verbal o a través de mensajes de WhatsApp, según el documento divulgado.

Lo anterior quedó expuesto en el memorando 2020-9200-200, con fecha de envío del del pasado 1 de junio a la subdirectora del Instituto Nacional de Salud, firmado por la coordinadora de Virología, Delmy Lisseth Recinos de Valdez, la jefa de Laboratorio de Vigilancia en Salud Pública, Ruth Carolina Vasquez Cordova y la jefa de Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Mónica Jeannette Barahona.

A estas dos últimas funcionarias se les intentó contactar, sin embargo, no respondieron los teléfonos celulares.
En el documento, las profesionales salvadoreñas se refieren a los venezolanos Sara Hanna y Miguel Arvelo, como “delegados de Casa Presidencial” y como los encargados de la mesa de crisis.

De acuerdo con fuentes de este Diario, Sara Hanna es la misma persona que el periódico digital El Faro menciona en un reportaje publicado el 11 de febrero de 2019, titulado “Nayib Bukele compartió asesores con la oposición venezolana y el PRI de Meade”, mencionándola como asesora política, vinculada a la oposición venezolana.

Hannes y Arvelo son quienes dan las órdenes de qué pruebas hacer y cuáles no, según ese documento. Por ejemplo, el pasado 23 de mayo, Sara Hanna le ordenó a la sección de Virología que procesara con prioridad las pruebas de ese día y las del siguiente y que dejara pendientes (sin hacer) 1,674 pruebas que habían sido tomadas en fecha anterior al 23.

Lo anterior, de acuerdo con médicos consultados, podría explicar por qué a algunas personas en los centros de retención les han hecho una y otra vez y nunca les han dado los resultados.

Al día siguiente de recibir esa orden de Sara Hanna, a la misma sección de virología se le indicó que únicamente debía recibir y procesar las muestras programadas en el cronograma elaborado por la mesa de crisis, que dirigen los “delegados de CAPRES”, según el mismo memorando.

La indicación consistía en que se dejara de recibir las muestras para COVID-19 que provenían de hospitales y unidades de salud, las cuales constituyen la “vigilancia centinela de pacientes”. Es decir, solo se tenían que hacer las programadas según el cronograma de los venezolanos.

De acuerdo con profesionales de laboratorio clínico del ministerio de Salud, la vigilancia centinela se orienta a monitorear tendencias de la ocurrencia de un evento para identificar niveles de riesgo y generar así, alertas epidemiológicas, en otras palabras, ver dónde hay brotes de la enfermedad que se vigila, en este caso, el coronavirus.
El 26 de mayo, los mismos “delegados de CAPRES”, en referencia a Sara Hanna y Miguel Arvelo, reiteraron la indicación de no recibir muestras de laboratorio que no estuvieran dentro del cronograma elaborado por la mesa de crisis. Es decir, que se continúo sin hacer muestras que llegaban de hospitales y unidades de salud.

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En esa ocasión, la indicación llegó con un llamado de atención por haber procesado muestras que no estaban incluidas en el cronograma, a pesar de que en ocasiones anteriores, Arvelo les había manifestado que las muestras de vigilancia centinela procedentes de hospitales y unidades de salud podría ser recibidas y procesadas ya que constituían muestras de pacientes sintomáticos.

Sara Hanna es una de los dos asesores del presidente Bukele. Funcionarias de Salud Pública dicen en el memorando que reciben directrices de ella. Foto EDH / Cortesía

Las funcionarias firmantes del documento emitieron su opinión en el sentido de que las muestras de pacientes de las vigilancias centinelas provenientes de hospitales y unidades de salud, era importante procesarlas, debido a que también forman parte de la vigilancia centinela de la influenza y otras enfermedades respiratorias, lo cual no debe descuidarse porque es obligación reportarla ante la OPS (Organización Panamericana de la Salud) como parte del Centro Nacional de Influencia.

Según el documento, al 1 de junio, las funcionarias no habían recibido ninguna indicación acerca de las muestras recibidas el 22 de mayo y días previos, las cuales están pendientes de procesar debido a la prohibición que recibieron el 23 de mayo de parte de la venezolana Sara Hanna.

“En este sentido externamos nuestra preocupación, ya que son muestras de centros de contención y hospitalizados que ya están recibidas en el DNSP”, reza el documento.

De acuerdo con el memorando, al no procesar las muestras recibidas el 22 de mayo y días anteriores, el Gobierno está violando la Ley de de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. al no brindar de forma oportuna, los resultados de los exámenes de laboratorio.

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Otra anomalía que revela el documento es que los funcionarios del Laboratorio de Vigilancia de Salud Pública no tienen autorización para incorporar directamente los resultados de los análisis de las pruebas para COVID-19 que realizan día a día, a la plataforma en línea del sistema VIGEPES (Sistema de Vigilancia Epidemiológica), lo cual es de suma importancia, según las funcionarias.

Hasta el pasado 1 de junio (según fuentes de este Diario, eso se mantiene), por indicaciones de los “delegados de CAPRES”, únicamente se elabora una base de datos en Excel, la cual es enviada a través de WhatsApp al ministro de Salud y a los mismos delegados de Capres, quienes también han ordenado que cuando un usuario pida los resultados de su examen de COVID-19, no le sea entregado; los empleados y funcionarios del Departamento de Laboratorios de Salud Pública tienen prohibido dar esa información a menos que sea el ministro de Salud o los mismos “delegados de Capres” quienes se lo soliciten.

Las fuentes dijeron que a algunos de estos venezolanos les pagan no menos de cinco mil dólares mensuales, a parte de proporcionarles vivienda, vehículos y seguridad del Estado.

Según el memorando, la mesa de crisis es manejada por Sara Hanna y Miguel Arvelo, venezolanos asesores de imagen de Bukele. Foto EDH / Cortesía

Intromisión en funciones

De acuerdo con el abogado Enrique Anaya Barraza, es evidente, a la luz del documento, que las licenciadas del Departamento de Laboratorio ha procurado protegerse, lo cual es legítimo, al informar por escrito de todas esas intromisiones. “Están diciendo que no pueden dar información porque les están dando instrucciones otra gente. No pueden subir información a la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica porque no tienen la autorización para hacerlo; les han ordenado que no procesen las muestras que llegan de unidades de salud y hospitales. Ellas lo han puesto por escrito para protegerse”, explicó.

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“El derecho de acceso a la información es un derecho constitucional, y el hecho de no dar la información que la ciudadanía requiere o, peor aún, manipular los datos para dar información equivocada en lo cual el criterio determinante sea no hacer quedar mal al gobierno, sin importarles engañar u ocultar información a la población, eso sí es una afectación a un derecho de rango constitucional que es el derecho de acceso a la información pública”, explicó González.

Por su parte, Francisco Bertrand Galindo, además de coincidir en los puntos anteriores, en el memorando también hay otro tema que es muy importante, el cual es que el Estado abrió una página web diciendo que esa era la información oficial y que correspondía ciertamente al fenómeno que estaba ocurriendo (la pandemia) .

“Sin embargo, en ese memorando se habla de que se le prohíbe a los técnicos de los laboratorio, que son quienes al final determinan si se encuentra o no un infectado, se les prohíbe que ellos introduzcan esa información a la página web. O sea que quien actualiza la página web es alguien de fuera del Ministerio y lo hace con un criterio con características distintas a los criterios universales y señalados”, indicó el abogado.

Los abogados coinciden en que según los datos contenidos en este memorando, el Gobierno ha estado violando claramente los derechos de los pacientes a ser informados de los resultados de las pruebas que se les han hecho y, todavía algo más grave, les han violado el derecho a la salud a todas las personas que les hicieron pruebas para COVID-19 pero que por orden de los “delegados de CAPRES”, no fueron procesadas.

“Se dice en el documento que se les ordenó no recibir las muestras tomadas en hospitales y unidades de salud; eso también me parece una monstruosidad hacia los pacientes. Si las unidades de salud y hospitales hacen las pruebas pero por instrucciones de CAPRES no las van a procesar, por Dios, ¿y si esa persona está enferma? Si les tomaron la prueba es porque tenían síntomas de covid y por lo tanto se está colocando en riesgo la vida de esas personas al no recibir y no procesar las muestras. Me parece definitivamente una peligrosa violación al derecho humano a la salud de los pacientes”, puntualizó Anaya Barraza.

El Diario de Hoy intentó obtener la versión de Casa Presidencial, a través de su secretario de prensa, Ernesto Sanabria, sin embargo,no respondió a las reiteradas llamadas telefónicas que se le hicieron.

MEMORANDO 2020-9200-200

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