El alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, sorprendió durante la reunión que sostuvo junto a otros alcaldes con el presidente de la República, Nayib Bukele, al decirle que el martes fueron enterrados en su municipio cinco personas fallecidas por coronavirus, mientras que “dos más están en la morgue”.
Se desconoce, sin embargo, si estas muertes están registradas en las estadísticas del Gobierno. El municipio de Soyapango es, después de San Salvador, el que registra más casos confirmados de COVID-19, con un acumulado de 142, según la actualización de la tarde del 20 de mayo.
“Yo sé que lo sabe, pero ayer enterré cinco personas en Soyapango por COVID-19, y ahorita creo que hay otras dos en la morgue”, declaró el alcalde. El martes, el Gobierno solamente reportó una persona fallecida por coroanvirus en el país.
No deja de sorprender la afirmación del alcalde Álvarez debido a que del total de muertes reportadas en el país, no se ha hecho referencia a la procedencia de las víctimas. En la mayoría de casos, el Ministerio de Salud se ha limitado a informar sólo la edad y sexo de los fallecidos.
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Según la última actualización, el país registra 32 fallecidos por coronavirus. El último caso fue anunciado la noche del miércoles y se trata de una mujer de 50 años con antecedentes de obesidad. El penúltimo caso se trató de un motorista del Ministerio de Salud que padecía de diabetes.
Álvarez hizo dicha revelación durante su intervención directa hacia el mandatario en la reunión en Casa Presidencial junto a otros alcaldes del partido ARENA. El encuentro tuvo como objetivo poner en común las estrategias para la posible reactivación económica y medidas para prevenir la pandemia en las municipalidades.
El edil aseguró que continuará trabajando para sacar adelante al municipio y ayudar a quienes más lo necesiten. Álvarez también tocó otro punto débil. Allí el “hambre” azota, le dijo a Bukele, a pesar de las bolsas de alimentos que el Gobierno les ha entregado. Y el miedo que abate a su población de contraer el COVID-19 predomina a pesar de que necesitan salir a trabajar para poder subsistir, le manifestó.
Bukele aseguró que que presentará una propuesta a la Asamblea Legislativa para reabrir la economía el 6 de junio; dicha propuesta incluiría una cuarentena estricta de 15 días.
Durante la reunión los alcaldes expusieron la necesidad de “unirse” y que termine la confrontación que existe entre los poderes tras la situación generada en los últimos días por el manejo de la emergencia por el coronavirus en el país.
Alcaldesa de Santa Ana exhortó a Bukele a dejar confrontación
Por su parte, la alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, aprovechó el espacio para pedirle que deje la “confrontación” y que “pase la página” para sacar adelante al país. “El Salvador necesita dejar las confrontaciones, romper esos esquemas. Esta pandemia ha venido a dar una enseñanza mundial. Dejemos el individualismo y contribuyamos para poder solucionar estos problemas”.
Agregó que recuerda de manera desagradable cuando en una “ocasión dijo que los alcaldes éramos ladrones, me dolió mucho, porque he tratado de ser transparente en todo sentido y cumplir con las medidas que existen en esta pandemia”.
Bukele dijo que pretende llegar a un acuerdo entre los alcaldes, “que son los gobiernos locales y el Gobierno Central, es una propuesta que ni los diputados, ni la Corte Suprema de Justicia deberían de botar porque es consensuada por el bien de nuestro país”, mencionó.
En la reunión también participó el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien dijo que “lo mejor va a salir de esta situación si unimos esfuerzos, poniendo por delante nuestro país, dejando de lado las diferencias particulares. Es la suma de esfuerzos de diferentes actores la que va a hacer la diferencia”.
Muyshondt ahondó que para reabrir la economía es fundamental el trabajo de las municipalidades.
La tensión entre los poderes en El Salvador comenzó hace unos días y aumentó el pasado 16 de mayo luego de que el Consejo de Ministros decretara una prórroga del Estado de Emergencia por 30 días más, pasando por encima de la Asamblea Legislativa.
Luego de dicha decisión, la Fiscalía General de la República, organizaciones no gubernamentales y abogados coincidieron que dicha declaratoria por parte del Gobierno fue una clara usurpación de funciones legislativas y no tenía validez. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió dicho decreto.