José, de 48 años, se dedicó al oficio de la carpintería prácticamente toda su vida. La exposición a los residuos de la madera derivaron en problemas respiratorios que se agravaron con el paso de los años.
El pasado viernes 22 de mayo, esos problemas respiratorios se complicaron y Ernesto, el hijo de José, decidió llevarlo a la clínica local del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en donde se negaron a atenderlo.
Ernesto llamó al número telefónico habilitado por el gobierno salvadoreño para solicitar asistencia médica. “Vamos a salir de esto”, le repetía el joven de 23 años a su padre, agobiado en medio de la desesperación por su crisis respiratoria.
Durante la tarde, José fue trasladado e ingresado en el Hospital Rosales. Las autoridades de ese centro asistencial no permitieron que ningún familiar se quedara; sin embargo, Ernesto llamó constantemente para conocer el estado de salud de su padre.
“Siempre que llamaba me contestaban de forma pedante y me decían que dejara de preguntar tanto”, recuerda Ernesto. El joven relata que su padre no recibió la correcta atención médica en el centro asistencial.
Ambos estuvieron en comunicación a través de mensajes de texto y fue así como José le hizo saber a su hijo que esperó durante mucho tiempo para ser atendido. “Llegaron las diez de la noche y mi papá ya no se volvió a conectar”, recuerda Ernesto.
Eso le preocupó mucho y el sábado 23 de mayo, a primera hora de la mañana, el joven se presentó al hospital para conocer el estado de salud de su padre. No obstante, relata que nadie quiso brindarle ningún tipo de información.
Fue hasta el mediodía que recibió la noticia de la muerte de su padre. “A mi papá me lo mataron. Ni un vaso de agua le dieron”, expresa al recordar lo sucedido durante aquel sábado.
“Su padre murió por Neumonía. Tienen que ir a enterrarlo ahorita mismo”, fue la indicación que recibió de parte del médico forense. Estaba desconcertado de escuchar esas palabras debido a que planeaba velarlo en su casa.
“¿Cómo podré enterrarlo ahorita mismo si no tengo nada?”, fue la pregunta instantánea que el joven se hizo. No satisfecho con las indicaciones del médico forense, pidió más respuestas del porqué tenían que enterrar a su padre con tanta rapidez.
“Problemas respiratorios es sinónimo de coronavirus”, fue la explicación que el personal de salud del hospital al joven, en referencia a que todo paciente que muere por esas razones no debía de ser velado.
Ernesto no conseguía entender cómo podían determinar que su padre era víctima del COVID-19 sin que le hicieran una sola prueba. “Así me quitaron el único consuelo que tenía: velar a mi papá”, dice ahora el joven.
Cuando solicitó la carta de defunción de su padre, esta le fue negada bajo el argumento que esos trámites ya no se atendían a esa hora. Faltaban quince minutos para las cuatro de la tarde.
Sin dinero en cuarentena
A las siete de la mañana del domingo 24 de mayo, Ernesto llegó al Hospital para retirar la carta de defunción. Cuando tuvo en sus manos el documento, este señalaba que la muerte de José fue a causa de neumonía y no por COVID-19.
“No sabía qué hacer en ese momento. A mi teléfono caían y caían llamadas de funerarias y precios. Me sentía desgarrado”, recuerda, y se dirigió a la municipalidad del cementerio La Bermeja, en donde le dijeron que el costo de entierro tiene un valor de 58 dólares; luego, uno de los médicos de la municipalidad aumentó el costo hasta 258 dólares porque se trataba de un caso “bajo protocolo de coronavirus”.
Ernesto no tuvo otra opción que solicitar ayuda a la alcaldía de San Salvador, quienes dieron respuesta a su petición, comprobando que no contaba con los recursos financieros por la cuarentena.
El lunes 25 de mayo, Ernesto se presentó una vez más al Hospital Rosales para constatar que ya había resuelto los gastos para enterrar a su padre. Pero, su corazón se llenó de impotencia cuando le dijeron que no podían llevar a cabo el entierro, puesto que el expediente del fallecido no había sido entregado a las autoridades correspondientes para escoltarlos con la caravana hacia el cementerio La Bermeja.
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“¿Acaso les gusta a ustedes jugar con el dolor de los demás?”, fue la pregunta que Ernesto le hizo al personal de salud en el Hospital, al ver que era un día más sin poder darle sepultura a su padre.
“Si nuestro padre fuera un funcionario público otra historia fuera”, lamenta el joven, al recordar todas las dificultades que tuvo que pasar desde el momento que su padre fue internado en el centro hospitalario.
Después de cuatro días, la tarde del martes 26 de mayo, el joven pudo darle sepultura a su padre en el cementerio La Bermeja. “Nunca me imaginé que mi papá terminaría en un lugar donde solo hay fosas para casos de coronavirus”, dice resignado.
Una caravana fue escoltando el cuerpo de José desde el Hospital Rosales hasta su lugar de entierro; sin embargo, Ernesto señala que durante ese proceso tuvo que pagar alrededor de $300 dólares a la funeraria para hacer el traslado, ya que el Ministerio de Salud sólo brinda ese servicio gratis cuando se trata de “casos reales” de coronavirus. “Todo lo hacen a su conveniencia”, señala indignado.
El joven expresa que durante los cuatro días que retuvieron el cuerpo de su padre en la morgue del hospital, concluyó que no todo es como lo explican. Ernesto señala al Hospital Rosales por negligencia al dejar fallecer a su padre por falta de atención médica y al Ministerio de Salud por no ser transparente en el caso.
Los nombres de las dos personas en este artículo son ficticios para proteger la seguridad de los involucrados.
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