Representantes de comunidades de diferentes zonas del país y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han solicitado al Ministro de Salud, Francisco Alabí, mejorar la atención en los centros de salud para los pacientes renales.
El jueves se presentaron en las instalaciones de la cartera de Estado con pancartas en mano para manifestarse respecto "a la grave situación" que viven los pacientes, y para entregar al titular del ramo una carta en la que plantean varias peticiones.
"Esta es una situación dramática, los casos de insuficiencia renal se han incrementado por mucho en los últimos años", dijo José Acosta, representante de Voces de la Frontera, organización que trabaja en el sector del Bajo Lempa.
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Las organizaciones señalan que de acuerdo a datos oficiales, la tasa de mortalidad de la enfermedad crónica renal ha pasado de 45.1 en el año 2015, a 70.2 en 2020 por cada 100 mil habitantes, alcanzando para el año 2022, una tasa de mortalidad prematura de 60 casos por cada 100 mil habitantes.
Acosta destaca que de acuerdo a un estudio desarrollado recientemente por Voces en la Frontera, donde se realizaron encuestas en 19 comunidades del Bajo Lempa, una zona eminentemente agrícola, reveló que el 27% de 456 familias entrevistadas tiene un integrante con insuficiencia renal.
Para los manifestantes, este escenario ha generado una demanda más alta de atención en el sistema público de Salud, no obstante lamentan que el sistema de Salud en el país no está preparado para dar atención a esa demanda y la atención que se da es "cada vez es más precaria".
Una de sus demandas va orientada a exigir de las autoridades una atención "con calidad y calidez" para los pacientes.
Muchos de ellos tienen que viajar desde el interior del país varias veces a la semana para poder tomar sus tratamientos.
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Piden se incremente el recursos humano en los hospitales, ya que el sistema no tiene suficientes médicos nefrólogos; incrementar los insumos médicos y medicamentos, pues muchas veces los pacientes tienen que comprarlos ante la escasez en los centros de atención; y fortalecer el equipo hospitalario.
"Los recursos son bien limitados en este momento", apuntó Acosta.
"En los medios de comunicación sale que el hospital está al 100% abastecido de insumos médicos, pero nosotros como pacientes nos damos cuenta de la verdad de lo que vivimos, porque tenemos medicamentos de por vida, los cuales muchas veces no están en la farmacia del hospital y nos toca comprarlos, lo cual es difícil para nosotros", expone Óscar Grande, quien dos veces por semana debe viajar hasta el Hospital Rosales desde San Luis Talpa, en La Paz, para cumplir sus tratamientos.
Señala que durante tres años (2022 a 2024) no había en el Hospital Rosales, calcio y vitamina D, del primero le son indicadas 90 tabletas en el mes y que tiene un costo de $6 las 30 unidades, mientras que la vitamina D toma una diaria y la caja de 30 tabletas tiene un costo de $41.
Exigen pronunciamiento en contra de la minería
Otra de las peticiones que presentaron en el escrito es para exigir al Ministerio de Salud que se pronuncie en contra de la minería metálica.
"Consideramos que cualquier explotación minera viene a agravar esta situación y por lo tanto, considerando ese impacto que la minería traería a la salud, estamos pidiendo al Ministerio de Salud que se pronuncie en contra de los proyectos de minería", sostuvo otro de los representantes de las comunidades.
Asimismo, exigen a las autoridades de gobierno que se implemente una verdadera política para enfrentar la situación y prevenir que más personas sufran de esta enfermedad.
Piden una política que tenga a su base investigaciones "serias y profundas" de lo que está pasando con esta enfermedad en el territorio nacional, y que se determinen las causas.
"Cuando uno busca información por ejemplo dice que las causas son la diabetes, la hipertensión, que la gente no toma suficiente agua, etc, pero también se reportan 'causas no identificadas', como les llaman en los informes, y no tenemos duda que esa causas no determinadas tienen que ver con los agroquímicos", agregó Acosta.
Patrocinio Alfaro, del Bajo Lempa de Tecoluca, dijo que la población que está muriendo por insuficiencia renal crónica es sobre todo hombres en edad económica activa entre los 18 y 35 años, y hombres que se dedican a la agricultura, quienes tienen contacto permanente con venenos utilizados principalmente en la producción.
"La gente que sufre los impactos (de esta práctica) es la gente más pobre, más vulnerable, más abandonada, entonces creemos que es importante, que es legítimo y es necesario manifestarse porque nadie está tomando cartas en el asunto", concluye Acosta.
Resaltan que en la zona del Bajo Lempa mueren entre 2 y 4 personas al año por esta enfermedad.
Al cierre de esta cobertura, los manifestantes continuaban esperando a ser recibidos en el despacho del ministro Alabí.