Este viernes 25 noviembre, el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer las observaciones y recomendaciones finales sobre el Tercer Informe Periódico de El Salvador, en el cual detalla preocupaciones y recomendaciones hacia el Estado salvadoreño.
Una de las preocupaciones de esta instancia son “las graves consecuencias en materia de derechos humanos que presentan las medidas adoptadas por las autoridades en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022 y aún en vigor, y que hasta la fecha han supuesto la detención de más de 57,000 personas”.
En su informe, el Comité externó preocupación por la información que reveló la representante de la Fiscalía salvadoreña sobre un registro de 90 personas privadas de libertad fallecidas desde la instauración del régimen de excepción.
Al Comité contra la Tortura también le genera alerta la información que indica como causa de esas muertes la falta de atención médica oportuna, deficiencias en el suministro de medicamentos y homicidios.
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En ese sentido, el Comité urge al Estado salvadoreño "asegurar que todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial e independiente".
Asimismo, también pide "investigar también cualquier posible responsabilidad de agentes de la Policía y los funcionarios de prisiones" en la muerte de personas en custodia.
El Estado salvadoreño presentó ante el Comité las tasas de homicidios y graves perturbaciones del orden público atribuidas al auge de la violencia cometida por pandillas, como justificación para la implementación del régimen de excepción, con el cual se ha conculcado varios derechos fundamentales de todos los salvadoreños.
Durante la vigencia de esta medida, más de 57,000 personas han sido detenidas; muchas de esas detenciones han sido de manera colectiva y de manera arbitraria. Este es un punto de preocupación para el Comité contra la Tortura.
Ante la ONU, una representación del gobierno salvadoreño, encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, defendieron el pasado 17 y 18 de noviembre los procedimientos argumentando la "guerra" contra las pandillas.
No obstante, al Comité le preocupan, según reza el informe final, las “Detenciones colectivas y de carácter discriminatorio, sin orden de detención ni indicación sobre los motivos de las mismas”, así como “Trabas a la notificación de la detención a un familiar o un tercero por parte de las personas privadas de libertad, incluidos menores de edad”.
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La dificultad para que las personas detenidas puedan tener acceso a asistencia jurídica (derecho a abogado), la ampliación del término de inquirir (plazo para ser acusado) que pasó de 72 horas a 15 días, la falta de efectividad de los recursos de hábeas corpus, la ausencia de un registro sistemático de personas privadas de libertad, la falta de acceso a las investigaciones contra los detenidos y medidas tendientes a evitar que agentes del Estado no maltraten a los detenidos o empleen métodos de tortura contra las personas detenidas, también están en el pliego de preocupaciones del Comité de Torturas de la ONU:
Ante ello, el referido Comité indica que su informe que el Estado salvadoreño debe adoptar medidas eficaces para prevenir detenciones arbitrarias y “garantizar que las personas detenidas gocen en la práctica de todas las salvaguardias fundamentales desde el inicio de su privación de libertad, de conformidad a las normas internacionales”.
El Comité también indica que el Estado salvadoreño debe asegurarse de que “su legislación de excepción se ajuste a la normativa internacional de derechos humanos”.
48 horas para detención administrativa
En su informe final, el Comité también recomienda abolir la disposición, vigente con el régimen de excepción, del período de 15 días de detención administrativa y, en su lugar, que sea un período máximo de 48 horas.
Asimismo, recomienda que el Estado elabore un registro confiable de personas privadas de libertad al que familiares y abogados puedan tener acceso; así también pide castigar a los agentes del Estado que violen los derechos legales a que tienen las personas detenidas.
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Durante los casi ocho meses que el gobierno salvadoreño decretó el régimen de excepción, decenas de personas han muerto mientras estaban bajo la responsabilidad de agentes del Estado, dentro de las prisiones o bartolinas policiales.
Algunos familiares han asegurado públicamente que los cadáveres de sus parientes tenían huesos rotos, quemaduras, o que murieron porque no les suministraron los medicamentos que necesitaban para sobrellevar sus enfermedades crónicas.
Por otra parte, ha habido cientos de denuncias de familias que aseguran que uno o varios de los suyos han sido arrestados de manera arbitraria o con engaños han sido sacados de sus viviendas y llevados a las dependencias policiales donde les notifican que quedarán detenidos por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, por pertenecer a pandillas.
Sin embargo, el Estado salvadoreño ha negado tales prácticas al punto que algunos de sus funcionarios han calificado de “inventos”, tales denuncias, como lo hizo recientemente el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, en una entrevista televisiva.
Es más, la misma delegación del Estado salvadoreño que compareció ante el Comité contra la Tortura negó que se esté violando derechos humanos fundamentales a personas detenidas bajo el régimen de excepción, algo que fue tildado como “mentira” por parte de organizaciones activistas de derechos humanos.
Entre el jueves 17 y viernes 18 de noviembre pasados, representantes de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Seguridad, de Centros Penales, de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, entre otras entidades, rechazaron ante la ONU que se esté violando derechos humanos en El Salvador, que exista hacinamiento en las cárceles, y que las muertes ocurridas en las prisiones no son a causa de tratos inhumanos o de uso excesivo de la fuerza pública.
“El cierre del Estado de El Salvador ante el Comité contra la Tortura de la ONU ilustra, a la perfección, que la política exterior del GOES en materia de DDHH es, básicamente, mentir y ocultar”, lamentó David Morales, Director de Derechos Humanos de Cristosal, en su cuenta de Twitter.
No obstante, las declaraciones de los funcionarios salvadoreños ante el Comité de Tortura rendidas entre el 17 y 18 de noviembre, otros funcionarios han admitido que se investiga algunas muertes de personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción.
CONSULTAR: Informe Comité contra la Tortura ONU