La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el jueves 23 de junio una audiencia virtual por violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción que el gobierno de Nayib Bukele aplica en El Salvador desde el pasado 27 de marzo tras un repunte de homicidios.
Organizaciones civiles solicitaron la diligencia al ente internacional, que pertenece a la Organización de los Estados Americanos (OEA), para informar sobre vulneraciones a derechos humanos a salvadoreños en el marco de la medida, entre estos detenciones arbitrarias y sobre los casos de personas que han perdido la vida “bajo tutela del Estado”, entre otros.
Pese a que los derechos fundamentales suspendidos son el de la libertad de reunión y asociación; el de la inviolabilidad de la correspondencia; el de la defensa ante una detención y el plazo de detención administrativa, el cual pasa de 72 horas hasta 15 días, ONG pro derechos humanos han reportado denuncias de otras garantías constitucionales que no están restringidas y por abusos de poder.
Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, señaló que en la audiencia harán énfasis en las violaciones a la Constitución de la República y a tratados internacionales de derechos humanos que, según dijo, ha cometido El Salvador desde la vigencia del régimen de excepción.
"Vamos a destacar especialmente la falta de cumplimiento a la Constitución de la República y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en la aprobación y prórrogas que se han dado al régimen de excepción. Igualmente vamos a destacar los patrones de violaciones a derechos humanos que hemos documentado las distintas organizaciones nacionales e internacionales, que hemos conocido casos, hemos investigado casos y hemos atendido de manera directa a las víctimas", expuso a este medio Navas.
La audiencia virtual de la CIDH será transmitida en vivo a través de sus redes sociales a partir de las 9:00 de la mañana, hora de El Salvador, y 11:00 de la mañana, hora de Washington, han detallado organismo civiles, quienes expondrán los casos sobre vulneraciones a derechos humanos que han recibido.
"Será muy importante si el Estado se presenta a esta audiencia y si explica bajo qué modalidad han ocurrido la cantidad de ejecuciones que hay en este momento en el país, dentro del régimen de excepción la cantidad de detenciones arbitrarias y las graves violaciones a derechos humanos, así como la falta de independencia del poder judicial y la posición de la Fiscalía General de la República", manifestó Navas.
En la audiencia participarán Amnistía Internacional, Asociación Azul Originario (AZO), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Cristosal, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas para la Paz (Ormusa).
Navas concluyó "que harán peticiones específicas a la Comisión Interamericana con respecto a su mandato y al rol que desempeña el Estado de El Salvador como parte de la OEA y Estado firmante de la Convención Americana".
“Objeto de atención” de la CIDH
Celia Medrano, experta en derechos humanos, señaló que no es la primera vez que el Estado salvadoreño es “objeto de atención” por parte de la CIDH por realizar “medidas contrarias a la normativa internacional de DDHH”. Manifestó que entre los casos que la Comisión Interamericana ha dado seguimiento están la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021, cuya resolución sobre medidas cautelares a favor de los funcionarios removidos está pendiente.
Para la ex candidata a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH esta nueva audiencia contra el Estado "expone a El Salvador en un futuro afrontar casos que se eleven ante la Corte Interamericana y condena desde este órgano supranacional".
Preocupación ante denuncias
De acuerdo con Cristosal, hasta el 13 de junio solo esa institución había documentado 1,993 casos en su mayoría por capturas arbitrarias. Además ha reportado la muerte de al menos 40 personas que se encontraban detenidas en centros penales en el contexto del régimen de excepción.
Mientras, hasta el 19 de junio, el Ministerio de Justicia y Seguridad registraba 41,346 arrestos, según datos publicados en Twitter.
“Miles de personas detenidas durante el régimen de excepción han sido confinadas en los centros penales de Izalco (en Sonsonate); La Esperanza (en San Salvador) y Cárcel de Mujeres (en Ilopango) y sometidas a tratos crueles ihnumanos y degradantes”, ha señalado Cristosal en su informe del 27 de abril al 25 de mayo de 2022.
Añade que las personas detenidas “se encuentran en condiciones de hacinamiento, ambientes inadecuados, sufriendo restricción de alimentos, agua y medicamentos” y que han recibido denuncias de “torturas colectivas”. Similar reporte han hecho público otras organizaciones.
Dicha situación ya es del conocimiento de la CIDH, según indicó el organismo de la OEA en un comunicado que hizo público el pasado 3 de junio.
“Las organizaciones suministraron información preocupante sobre la práctica de detenciones masivas, ilegales, arbitrarias, basadas en perfiles discriminatorios de edad, condición socioeconómica y apariencia física, como tatuajes; así como sobre la falta de información sobre los motivos de las detenciones, restricciones de acceso a la defensa técnica y a su ejercicio y la realización de audiencias judiciales colectivas en contra de hasta 500 personas de forma sumaria. Asimismo, informaron que la Procuraduría General de la República se encuentra con capacidad rebasada para la atención de los casos”, dijo la CIDH en ese entonces.
Aunque el gobierno salvadoreño ha defendido ante la Comisión Interamericana la medida, el ente internacional ha instado al Estado a asegurar las garantías judiciales, el debido proceso y el acceso a un recurso para el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por el derecho internacional de los derechos humanos. Además, hizo el llamado a las autoridades para "cumplir con su obligación" de brindar información a la persona detenida, sus familiares y representantes sobre los motivos y razones del arresto, así como dar detalles sobre el lugar al que será trasladado.
También, en esa ocasión, urgió al Estado salvadoreño "a investigar los fallecimientos de forma rápida, seria e imparcial, identificar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas, y adoptar las medidas necesarias para evitar más muertes de personas se encuentran en custodia estatal".