COLOMBIA. “En 2013 paramos la mina. 38 días estuvimos allí”, cuenta con orgullo Yoli de la Ossa, gobernadora del Cabildo indígena zenú Bello Horizonte, personaje de la gesta que libran las comunidades étnicas del sur de Córdoba contra el gigante del níquel que opera en su territorio, empotrado en una colina de la que también “extrajo” su nombre: Cerro Matoso.
Con el bloqueo a la producción minero-industrial, los indígenas lograron un ‘Acuerdo de entendimiento’ con el Gobierno nacional y la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente, en la mira de la justicia por contaminar el medio ambiente y violar los derechos humanos de las poblaciones locales.
Lustro de derrotas en tribunales
“Desde que empezaron las actividades extractivas, en 1982, sentimos los impactos negativos en el territorio, el medio ambiente, fuentes hídricas y salud”, recuerda Emanuel Solís, entonces representante legal del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de San José de Uré, palenque de negros descendientes de cimarrones que cohabitan con indígenas zenues y Embera Katios, a 10 kilómetros del complejo minero.
Emanuel Solís era el representante legal del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de San José de Uré cuando sus miembros emprendieron al batalla jurídica en 2013 contra el gigante del níquel Cerro Matoso S.A que opera a 10 kilómetros de su comunidad.
Luis Hernán Jacobo era el Presidente de ese Consejo comunitario de negritudes e Israel Aguilar fungía como Gobernador y Cacique del Resguardo Indígena Zenú del Alto San Jorge (nueve cabildos, incluido Bello Horizonte). A nombre de sus pueblos, los dos líderes interpusieron en julio de 2013 una acción de tutela contra el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y Cerro Matoso S.A.
En ella denunciaban el deterioro de la salud de las comunidades causado por los contaminantes de la multinacional del ferroníquel (mezcla de hierro y níquel) y pedían incentivos económicos derivados de la explotación, así como la realización de una consulta previa, derecho fundamental que tienen los grupos étnicos de decidir sobre proyectos que se vayan a desarrollar en su territorio.
Esta fue la primera estación de un interminable viacrucis jurídico recorrido por indígenas y afrocolombianos de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, municipios donde lleva acabo su actividad extractiva la mega mina.
En la avanzada de la batalla contra Cerro Matoso S.A. iban sus trabajadores. “Caímos enfermos. Los colegas morían de cáncer. Por eso, 70 trabajadores interpusimos en 2008 una acción de grupo contra la empresa”, cuenta Victor Pineda, ex obrero de hornos en la mina. Desde hace veinte años, Pineda exige una reparación de parte de Cerro Matoso.
Las demandas de Pineda, trabajadores y comunidades no prosperaron ni en la Mesa de Seguimiento al Acuerdo con la empresa, ni en las cortes. Dos Tribunales y el Consejo de Estado fallaron en contra de la tutela. La demanda penal de los trabajadores fue negada en primera instancia. Y Pineda sigue sin ser escuchado.
Un pleito de larga data
Meses antes había ocurrido un hecho detonante de la movilización social: el 27 de diciembre de 2012, cuando vencían los contratos de explotación con Cerro Matoso S.A., el gobierno nacional le extendió la prórroga hasta el año 2044.
Con esta firma, la nación renunció a los activos y las áreas concesionadas a cambio de unos compromisos muy flexibles de la empresa: ampliar su capacidad de producción e invertir 2,5 millones de dólares en proyectos de inversión social.
Revuelo nacional
La Procuraduría abrió una investigación debido a que algunos estudios técnicos obligatorios para la negociación de dicha prórroga o no existían o fueron expedidos en fecha posterior a la firma.
Senadores y miembros de la sociedad civil crearon un “Comité para defender el interés público en Cerro Matoso” y, frente al Congreso, responsabilizaron a la compañía de la contaminación de las aguas del municipio de Montelíbano y de las enfermedades de decenas de trabajadores de la mina. También denunciaron lo que la Controlaría ya había advertido: Irregularidades de la empresa minera en la liquidación y pago de regalías al Estado.
A su vez, la Controlaría impugnó la validez de la licencia ambiental de Cerro Matoso S.A. por no delimitar el área de explotación ni definir medidas de mitigación ambiental.
La fugaz victoria de las comunidades
En 2017, la Corte Constitucional emitió una histórica sentencia a favor de las comunidades que habían interpuesto la tutela. Con base en informes científicos del Instituto de Medicina Legal, el alto tribunal confirmó la relación de causalidad altamente probable entre las actividades extractivas de la empresa Cerro Matoso S.A. y el deterioro de la salud de las comunidades aledañas, las afectaciones al medio ambiente (agua, aire, animales y plantas) y el peligro que corre la seguridad alimentaria.
La sentencia estipula que:
La licencia ambiental de Cerro Matoso S.A. no se ajustaba a los estándares de la Constitución de 1991.
Cerro Matoso S.A había explotado por 35 años una gran cantidad de minerales a una distancia menor de cinco kilómetros de varias comunidades étnicas sin que participaran en las decisiones relativas al contrato de concesión.
¿Cuál es la distancia entre las comunidades y Cerro Matoso S.A? La Corte Constitucional constató que las distancias que refiere la empresa entre las comunidades que interpusieron la tutela y la mina tomaron la ubicación de los edificios y la planta y no el límite externo de la explotación y los vertederos de escoria del complejo minero.
“Indemnizar a las víctimas representaba un altísimo costo para Cerro Matoso S.A., no solo en dinero sino por el precio de reconocer que causa la morbilidad de una comunidad”, estima el director de la Clínica jurídica del Medio Ambiente y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes.
Para el abogado Pedro Villamarín, apoderado del Cabildo indígena zenú Bello Horizonte -excluido inexplicablemente de la sentencia-, “se cayó una medida justa y ejemplarizante que creaba un precedente en Colombia: un Estado que protege a sus comunidades étnicas y hace pagar a la gran minería el daño que les causa”.