El presidente de la República, Nayib Bukele, envió con tres observaciones puntuales el decreto de reforma de la emisión de $2,000 millones en créditos para la pandemia que fue avalado por la Asamblea recientemente. Este contiene el acuerdo de nombrar a nuevos cinco miembros del comité “veedor” y de fiscalización de los fondos, debido a que los anteriores renunciaron de forma “irrevocable” aduciendo falta de información y coordinación por parte del Gobierno.
Bukele ha observado la obligatoriedad contenida en el decreto legislativo, de que las instituciones públicas que manejan fondos para la crisis sanitaria, entreguen a los miembros del comité fiscalizador, “sin reserva toda la información en la forma y fondo que éste les requiera y deberá cumplir con los principios de máxima publicidad, disponibilidad, prontitud, integridad, igualdad, sencillez, gratuidad, y rendición de cuentas”.
Asamblea busca integrantes para comité contralor $2,000 millones
Al respecto, el mandatario argumenta que la Ley de Acceso a la Información Pública “establece la potestad de las entidades públicas de clasificar información como información pública, oficiosa, reservada o confidencial, previo al cumplimiento de una serie de requisitos para cada tipo”.
Añade que la norma aprobada por los diputados debe guardar “armonía” con la Ley de Acceso a la Información Pública, “en el sentido de respetar los tipos de información y garantizar el esquema que ya se encuentra regulado para la entrega de la misma”, por lo que propone una nueva redacción del artículo 14-C, eliminando todas las garantías de máxima publicidad y rendición de cuentas.
Otra de sus observaciones sobre lo que plantea el decreto legislativo, es en cuanto a la participación en calidad de apoyo al comité de “veeduría” de un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Dice Bukele que el inciso sexto del artículo 14-A del decreto 674 establece que “el comité contará, en función de apoyo, consulta e información, con un representante nombrado por el Instituto de Acceso a la Información Pública”.
Según el gobernante, la redacción de ese apartado “provocaría que el involucramiento de dicho Instituto, incluso, como una entidad auxiliar o de apoyo del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica, constituya una afectación a la imparcialidad de esa entidad cuando se active su competencia a través del recurso de apelación y el objeto del procedimiento sea información previamente conocida por éste, en las actividades de auxilio de dicho comité”.
Que lo anterior “coloca en desventaja a la institución de la administración pública contra la que se inició dicho procedimiento, precisamente por el tema de independencia de funcionalidad y criterio del cual debería de gozar dicho Instituto”.
La Corte de Cuentas de la República ha detallado que las auditorías de ejecución de fondos públicos para atender la crisis sanitaria se han atrasado, precisamente porque ministerios como el de Obras Públicas, que tiene a su cargo la construcción del hospital del Cifco se resiste a entregar información que le han requerido de las obras en el Hospital El Salvador.
Corte de Cuentas dice que Agricultura y el MOP se resisten a informar uso de fondos para COVID
Mientras que el de Agricultura y Ganadería dice que su personal está contagiado de COVID y por eso no puede entregar el detalle de las compras que le han requerido para la entrega de semilla mejorada, del bono de $300 para los afectados por la pandemia y de los paquetes alimenticios.
Otro ejemplo de que la rendición de cuentas es un punto difícil para el Gobierno, fue la falta de acuerdo entre los funcionarios del Ejecutivo y la Asamblea para consensuar una ley integral para regular las medidas urgentes para enfrentar el COVID-19, a pesar de que estuvieron reunidos seis días consecutivos en busca de homologar la ley.
Diputados de ARENA y del FMLN cuestionan fuertemente que el Gobierno se resiste a ser transparente en la ejecución de los fondos para enfrentar la pandemia.
También, la falta de información de parte del Gobierno en los gastos fue el detonante para que los anteriores miembros del comité contralor presentaran su renuncia irrevocable.
El grupo multidisciplinario estaba conformado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal); la Asociación de la Empresa Privada (ANEP); la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades); la Universidad Centroamericana (UCA); y la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Fueron juramentados el 28 de marzo y entre sus funciones se encontraba supervisar el uso del dinero que se empleara durante la emergencia por el COVID-19. La creación del comité fue parte de los requisitos que puso la Asamblea para aprobar los $2,000 millones para enfrentar la pandemia.
En la reforma plasmada en el decreto que fue observado por Bukele, los diputados sustituyeron a las anteriores entidades por: la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde); el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI); la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador; la Universidad de El Salvador y la Universidad Francisco Gavidia.
En las observaciones enviadas por Bukele a la Asamblea enfatiza que recibió una nota de un acuerdo tomado por la junta directiva de la Asociación de Auditores Independientes de El Salvador, informando que tienen “impedimento legal y razones éticas” para formar parte del comité de Seguimiento y Veeduría del Fondo de Emergencia.
Impedimento legal porque su función es más que todo educativa; y ética porque algunos de sus miembros podrían llegar a ser auditores externos de entidades que ofrezcan o vendan bienes o servicios que sean adquiridos con dichos fondos.
Sin embargo, al parecer los diputados aún no han sido informados de parte de la Asociación de Auditores, de su negativa a participar del comité fiscalizador del Fondo de Emergencia.