Tras conocerse que el Colegio Médico declinó el jueves de participar en el comité que fiscalizará el presupuesto extraordinario de $2,000 millones que se le han autorizado al Gobierno para atender la emergencia por el COVID-19, la Asamblea Legislativa seguirá haciendo propuestas a diferentes instituciones de la sociedad civil para que lo integren. Así lo aseguraron el viernes la diputada del FMLN, Yanci Urbina, y su colega de ARENA, Norman Quijano.
El partido de izquierda ha propuesto incluir a la Universidad de El Salvador (UES), mientras que el funcionario tricolor señaló que podría ser esa institución o las universidades Tecnológica o José Matías Delgado.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la Universidad Francisco Gavidia y la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) son algunas entidades que han aceptado participar, según Jorge Schafik Hándal, del FMLN.
“Queremos que haya un compromiso (de los representantes de la sociedad civil) porque son $2,000 millones con un Gobierno que se niega a dar informes, poco transparente. Creo que es un tema que va a ser de fácil solución el lunes en la Comisión de Hacienda”, expresó Quijano.
Él y Urbina reiteraron que la conformación del ente contralor -que además estará compuesto por cinco ministros y un delegado de la Presidencia de la República- es un requisito indispensable para que el Congreso le siga adjudicando recursos al Órgano Ejecutivo para atender la crisis sanitaria.
En marzo, los diputados de la Comisión de Hacienda acordaron autorizar al Gobierno $2,000 millones siempre y cuando se creara el comité multidisciplinario para que analizara las necesidades existentes y el destino que se le debe dar a los fondos.
El grupo estaba compuesto por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN), la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal), la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
Los representantes de estas instituciones renunciaron en mayo y expusieron que no pudieron hacer un trabajo de contraloría social y de orientación del uso que se le debía dar al dinero porque el Gobierno nunca les proporcionó información que requerían y porque, aunque se les permitía opinar, no se les tomaba en cuenta sus propuestas.
Asamblea lista para avalar fideicomiso de reactivación
Ante esa renuncia, Urbina explicó este viernes que es importante que exista un comité porque este le aportará al proceso del manejo de los $2,000 millones “capacidad técnica, eficiencia, priorización y una opinión desde la sociedad civil respecto a la distribuciones de estos recursos”.
Ella criticó al Ejecutivo porque, aunque fue en marzo que se le autorizó conseguir el dinero, aún no ha enviado a la Asamblea el detalle de cómo lo usará. Esto, dijo, pese a que la ley indica que el presupuesto debe tener una asignación específica y no puede ser distribuido a discreción.