La improvisación ha predominado en la ejecución de los planes del gobierno de Nayib Bukele como la implementación de la cuarentena domiciliar, el estado de emergencia nacional y la atención en los centros de retención para hacerle frente a la pandemia del COVID -19, según el Procurador para la defensa de los derechos humanos, José Apolonio Tobar Serrano.
Sostuvo que el período de la cuarentena domiciliar se caracterizó por la violación sistemática del derecho a la libertad de la población, el incumplimiento a la prohibición ordenada por la Sala de lo Constitucional de frenar las detenciones arbitrarias y de enviar a las personas confinadas más de 30 días en los centros de contención a sus casas; así como, la de notificarles a los pacientes sobre los resultados de sus pruebas.
Tobar dijo que envió ocho informes a la Sala de lo Constitucional en los que expresó que el gobierno incumplió con las resoluciones emitidas por el referido tribunal. Serán los magistrados constitucionalistas los que decidirán sobre esos incumplimientos, señaló.
¿ Qué fue lo que caracterizó a la cuarentena domiciliar obligatoria?
A mi punto de vista, lo que la caracterizó fue la violación sistemática de derechos a la libertad. Quiero referirme a la libertad de tránsito de las personas, porque según datos oficiales se detuvo a un poco más de 2,000 personas por infringir esa cuarentena domiciliar, contados desde el 21 de marzo pasado. Eso se hizo a pesar de que la Sala de lo Constitucional en las resoluciones del 26 de marzo, 8 de abril y 15 de abril; de manera muy categórica establecía que mientras no hubiera una ley formal que contuviera aspectos objetivos bajo los cuales se podía detener a una persona, la Fuerza Armada y la Policía o cualquier otra autoridad no tenía ninguna facultad constitucional para detener personas. La Sala confirmó con la sentencia de inconstitucionalidad de los decretos que contenían la ley de cuarentena y de emergencia, que todas las detenciones adolecían de legalidad y de constitucionalidad. Además se violentaron otros derechos a la libertad que tiene que ver con la inviolabilidad de la morada a través de decretos ejecutivos. Se suman hechos como la generación de un cerco militar en el municipio de La Libertad que quedó evidenciado que no tuvo ninguna característica de un cerco sanitario o médico porque no se buscó a ninguna persona sospechosa de COVID-19, y más bien surgió tras un impulso del presidente horas antes de ordenar esa restricción.
¿ Puede enumerar cuáles fueron las situaciones de mayor gravedad cometidas por las autoridades de Seguridad Pública que afectaron derechos humanos?
El insultar a personas adultos mayores porque se encontraban lavando ropa en un río debido a que en sus viviendas no tenían la prestación de agua potable. La persona que fue herida de las dos piernas en San Julián, la persona que fue quemada de su pecho en Sacacoyo, la persona que obligada a cargar su bicicleta cerca de tres cuadras en el cuello en San Miguel, el adulto mayor que fue agredido en Santa Rosa Guachipilín, el joven que fue vapuleado en Apopa y que perdió su bazo en una operación quirúrgica, entre otras. Toda esa emisión de normativa (decretos ejecutivos) llevó a la generación o afectación de derechos fundamentales que es lo que se ha venido denunciando y al final la historia nos ha dado la razón. Esta cuarentena también generó la afectación al derecho a la alimentación, porque se multiplicaron las banderas blancas en las carreteras, en las colonias en los barrios, se multiplicó el llamado de auxilio.
¿ Era necesaria una cuarentena domiciliar, pero acompañada de otras medidas para paliar las necesidades de la gente?
Le dijimos al Presidente de la República que si decidía cerrar totalmente El Salvador, debía de tener un contingente altamente organizado y con una buena planificación para hacer llegar los alimentos a diario a todas estas familias que iban a estar desprotegidas y la realidad nos demostró que eso no fue posible. Se ve que andan repartiendo el paquete solidario, pero los banderas siguen. Significa que esas necesidades no fueron satisfechas por parte del Estado. Particularmente estoy convencido que una cuarentena era necesaria, pero esa medida debía venir acompañada de otros elementos que permitieran la subsistencia de la población, que no llevara a la afectación de derechos fundamentales.
¿ Cuáles son esos elementos podrían haber acompañado a la cuarentena para que la gente tuviera lo necesario?
A El Salvador -la pandemia- llegó en marzo, hubo tres meses antes en los que no se planificó ni se organizó el tratamiento que sin duda íbamos a tener con el virus, eso provocó que la cuarentena nacional fuera improvisada. Uno de los elementos importantes que ha faltado en esta cuarentena es la capacidad de entendimiento, de diálogo, la capacidad de concertación. Por el contrario ha aflorado la capacidad de discordia, la capacidad de conflictos y eso evitó que se tuviera una ley emanada de la Asamblea Legislativa que regulara cada uno de los aspectos para abordar la cuarentena nacional que atendiera a la población.
¿Cuántas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos recibieron en este período?
Hasta el día de hoy (ayer), comprendido desde el 21 de marzo, tenemos 1,691 casos denunciados, pero aclaro que hubo algunos casos que inmediatamente con una gestión se solventaba, no se incorporaba como una denuncia como tal, sino como un hecho denunciado, obviamente el derecho a la libertad personal fue el que más prevaleció, porque tenemos 624 casos relacionados a la libertad personal, 770 relacionados con el derecho a la salud y aquí van la falta de atención médica, ausencia de pruebas del COVID-19, falta de atención de otras enfermedades y la falta de resultados de la pruebas.
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¿ El gobierno cumplió con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional con relación a sacar a los confinados en los centros de retención que sobrepasaron los 30 días?
Nosotros hemos presentado ocho informes a la Sala sobre las detenciones que se dieron y efectivamente se pudo constatar que en ningún centro de contención y ninguna de las personas beneficiadas por los Hábeas Corpus se cumplió con las medidas. Siempre se les mantuvo más tiempo del previsto, nunca se le practicaba la prueba con la inmediatez que la Sala ordenaba. No había esa voluntad de cumplir con el mandato de la Sala. Eso se lo hemos informado a la Sala y será la Sala la que tome las decisiones al respecto.
¿Hubo quejas de confinados de que tenían hasta 50 días y no los enviaban a sus casas?
A los centros de contención llevaban cinco personas ahora, mañana otras cinco, y luego otras cinco; significa que nunca se daba un aislamiento efectivo para que se pudiese verificar si alguna persona tenía o no COVID-19. Entonces los plazos comenzaron a reiniciarse porque la persona que tenía cinco días de estar ahí y llevaban otras cinco personas a los tres días, la primera volvía a reiniciar su período por la supuesta contaminación que pudiese dar con la presencia de nuevos miembros en el centro. Eso hizo que personas llegaran a tener hasta 50 días y luego le practicaban una prueba a los 15 días, pero como ingresaban otros miembros en ese período, le volvían hacer pruebas y eso fue producto de la falta de coordinación en el Ejecutivo en todas sus áreas.
¿El presidente Bukele en algún momento ordenó a la Policía y a la Fuerza Armada que se actuara con más dureza. Eso pudo provocar que se dieran más abusos de las autoridades en contra de las personas?
Esa manifestación que se dió el 6 de abril generó el incremento de personas detenidas por supuestamente infringir la cuarentena domiciliar. El ministro de Seguridad dijo que si salían a la calle iban a ser detenidos y los trasladarían a un lugar donde se contagiarían. Eso era mucho más grave. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que los Estados deberían de prevenir la ocurrencia de detenciones arbitrarias en particular de las personas que se abastecían de alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas. Estas indicaciones nunca se visualizaron.
Entonces ese tipo de indicaciones del presidente incrementó los niveles de agresión al derecho a la libertad de tránsito, particularmente, incrementó el número de personas detenidas, lo que provocó el hacinamiento en los centros de contención.
¿Algunos sectores señalaron al presidente Bukele de generar miedo y temor entre la población si salían a la calle y se iban a incrementar los casos positivos?
Creo que faltó un discurso educativo, faltó un discurso de cordura. Estamos conscientes por toda la información que tenemos desde el punto de vista médico que el virus viaja con las personas y que quedarnos en casa podemos evitar que el virus viaje, que se traslade a otras personas. Me parece que en la retórica del presidente hizo falta la mesura, no debió hacer llegar a la población al pánico escénico, sino al conocimiento sobre el virus, al conocimiento de las medidas de prevención y con ello aterrizar en la concienciación de la mejor forma de actuar (para evitar el contagio).
Me parece que el presidente evidenció la falta de tolerancia ante las instituciones de control del Estado, la falta de tolerancia a las reglas de control de un estado democrático y constitucional del derecho, y apegarse a un discurso que generara en la población seguridad de protección, pero además confianza en sus instituciones, en sus autoridades, en las que la pandemia se puede manejar de manera legal, de manera constitucional y de manera ordenada. A falta de eso lo hubo discurso de miedo, discurso de pánico escénico y hasta cuestiones apocalípticas.