Diputados de la Asamblea Legislativa esperan aprobar hoy la Ley de Creación de Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, un apoyo de $600 millones del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) para beneficiar a los empresarios formales y el sector informal que han sido afectados por la pandemia de COVID-19.
El Gobierno presentó la propuesta de dividir el fideicomiso en $360 millones para capital de trabajo de las empresas, $100 millones destinados al apoyo del sector informal y $140 millones para cubrir el 50 % del salario de los empleados de las medianas, pequeñas y micro empresas que fueron afectadas por el cierre causado por la enfermedad.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, señaló en la comisión de Hacienda del Congreso el pasado 8 de junio que el fideicomiso es vital para la reactivación y poder inyectar liquidez a las empresas tanto del sector formal como el informal, además de poder cubrir subsidios para el pago de planillas.
Dentro de la creación de dicho fideicomiso, el Gobierno también ha propuesto la creación de un consejo de administración presidido por los ministerios de Economía Hacienda, Turismo, el Banco Central de Reserva y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).
El director ejecutivo de Camarasal, Federico Hernández, dijo en la comisión de Hacienda del pasado lunes, estar de acuerdo con la división que se ha hecho del fideicomiso, pero declinó su participación dentro del consejo administrativo por decisión de su junta directiva.
“Esto ha sido en virtud de ver las diferencias entre lo que técnicamente llegamos a un consenso dentro de esas reuniones que teníamos en casa presidencial versus el documento que ha llegado a esta comisión. Pese a que ANEP (Asociación Nacional de la Empresa Privada) estuvo presente, de repente vimos que fue excluido dentro del consejo técnico por razones que no nos parecen técnicas, más bien nos parecen razones políticas”, aseguró Hernández.
El presidente de la ANEP, Javier Simán, dijo que representan a 55 gremiales que están compuestas por 15,000 empresas del país, un 94% de ellas son pequeños y micro empresarios, y que su prioridad es llevar ayuda al sector privado por la emergencia que vive el país.
Añadió que en la reunión con el Gobierno, en la que participó Luis Cardenal como presidente de la ANEP, presentó medidas de alivio económico, “definir un plan de reapertura donde se le diera ayuda a los negocios más pequeños, a los micro para que pudieran arrancar otra vez”.
Yanci Urbina, del FMLN, manifestó que el sector informal ha sido uno de los más golpeados por la pandemia.
“Los cuenta propistas, los emprendedores, muchos de esos no registrados en un sistema nacional y les está pidiendo esta ley categoría crediticia A y B que puede ser un factor que, lejos de ser un factor de inclusión, sea de exclusión”, señaló la legisladora efemelenista.
Margarita Escobar, diputada de ARENA, expuso que estarían analizando incluir la clasificación C para ampliar la gama de beneficiarios cuando son también afectados por la crisis, con ciertos requisitos adicionales que el mismo fideicomiso puede establecer a través del concejo administrativo.
“Este fideicomiso se concibió como parte de un plan que tenía $600 millones, una parte de protección del empleo y es por 12 años. Creo que este fideicomiso debemos aprobarlo pronto, no podemos estar esperando mucho tiempo para darle esta herramienta a Bandesal”, dijo la diputada.
Javier Simán dijo que como ANEP consideran necesario analizar integrar la categoría C y el sector cafetalero, como lo planteó el diputado Rodolfo Parker, del PDC, en la misma comisión, pues estos también son sectores que se están viendo afectados por la crisis actual.
Agregó que muchas de las empresas han estado pagando salarios y se han quedado sin liquidez, por lo que el fideicomiso es oportuno.