El presidente de la República, Nayib Bukele, acusó en redes sociales la noche del jueves a la oposición de supuestamente amenazar a quienes trabajan en el gobierno y de exponer la identidad de jueces y fiscales.
Y dio a entender que podría tomar represalias.
"La oposición ha pasado todo el día amenazando públicamente a cualquier persona que apoye o trabaje para el gobierno, incluso exponiendo a jueces, fiscales y periodistas que no se alinean con las órdenes de Open Society. Algunos de los que emiten estas amenazas tienen vínculos claros con delincuentes. Les recuerdo que eso constituye delito, y que los días de impunidad ya terminaron. Después no digan que no se les advirtió", publicó en X.
Usuarios y cuentas de redes afines al gobierno respaldaron esa advertencia lanzada por Bukele.
Diferentes cuentas de redes sociales retomaron los videos y fotografías del equipo de fiscales que trabajan en el caso contra la abogada Ruth Eleonora López, jefa del área de anticorrupción y transparencia de Cristosal, a quien se le detuvo por supuesto peculado y posteriormente se le cambió a enriquecimiento ilícito cuando trabajó como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La jueza Mirna Estela González de Ardón, quien fue nombrada en ese juzgado desde 2012, según un acta pública del Órgano Judicial, ordenó que la defensora de derechos humanos permanezca detenida mientras la Fiscalía continúa la investigación
La Fiscalía pidió al tribunal a declaratoria de reserva del caso, lo que impide que se divulgue información sobre el proceso, el cual seguirá con la abogada en detención, quien se calificó como "presa política" debido a las constantes denuncias que hizo sobre posible corrupción del gobierno de Bukele.
Uno de los fiscales a cargo del caso es Berty Manuel Acevedo, hijo del jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), Manuel Antonio Acevedo López, quien tiene información laboral publicada en la red social LinkedIn.
El fiscal Acevedo empezó a trabajar en la Fiscalía General en el año 2016, cuando Douglas Meléndez dirigía esa institución, según su perfil público en esa red. Se graduó en Ciencias Jurídicas de la Universidad José Matías Delgado en junio de 2019, de acuerdo con información disponible en la página web de esa institución educativa. Está asignado a la Unidad de Lavado de Dinero de la Fiscalía, según fuentes judiciales.
Leonor Arteaga, directora de programas de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington, considera que "la Fiscalía es una pieza clave en el esquema de persecución del gobierno de El Salvador contra quienes defienden la democracia. Es una fabrica de culpables sin pruebas".
En otro caso, la Cámara de la Tercera Sección del Centro decidió separar al juez Hugo Banzer Flores Alas, del Tribunal de Sentencia de San Vicente, del proceso penal que se sigue contra ocho excombatientes de la antigua guerrilla, seis de ellos reconocidos como defensores del medioambiente de la comunidad Santa Marta, en Cabañas.
La comunidad de ambientalistas y la defensa de los acusados pedía la separación del juez, ya que fue miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado, lo que podría comprometer la imparcialidad del juez en el caso contra quienes fueron miembros de la entonces guerrilla.
"La Cámara validó los argumentos de recusación, según los cuales Flores Alas tenía graves implicaciones éticas y conflicto de interés para juzgar a personas que militaron en el bando contrario durante el conflicto armado", publicó ADES Santa Marta en X.
Los acusados son reconocidos ambientalistas en contra de la minería metálica en Cabañas, donde también se han conocido intereses de empresas en la explotación de oro luego que el gobierno aprobara la Ley General de Minería Metálica.
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