¿Cómo ha gestionado el Estado salvadoreño la compra y venta de Bitcoin con fondos públicos? Esa es la gran pregunta que se hacen muchos ciudadanos en el país, y fue también la parte central de la petición de información que hizo el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) el 7 de septiembre pasado.
La petición se dividió en siete puntos medulares, que son importantes para entender qué pasa con el Bitcoin en el país, los cuales fueron consultados vía Ley de Acceso a la Información al Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL), quien participa como fiduciario en el llamado FIDEBITCOIN.
Estos siete puntos clave son:
- Información referente a gestión, listado (fecha y monto) de compra y venta de Bitcoins, las actas de aprobación de compra y venta del Consejo de Administración del FIDEBITCOIN.
- El saldo actual de las cuentas de FIDEBITCOIN, de activos Bitcoins y su valor actual en dólares.
- Las direcciones de las billeteras cripto que usa el Gobierno para comprar y mantener sus Bitcoins, y sus saldos.
- Toda la información que existe sobre el proceso gubernamental de compra de bitcoin, y los "exchanges" involucrados en ese proceso.
- El monto de fondos públicos que el gobierno ha usado para comprar bitcoin y mantener los proyectos asociados con el bitcoin en el año pasado.
- Las direcciones de las billeteras asociadas con el mantenimiento y funcionamiento de Chivo Wallet, y sus saldos.
- Una lista de contratistas extranjeros, incluidas empresas e individuos, que el gobierno ha pagado por proyectos relacionadas con bitcoin en el último año.
La Gerencia de Fideicomiso de BANDESAL dio su respuesta el 21 de septiembre de 2022, y argumentó que no podía entregar la información requerida.
La negativa se basó en dos puntos: tras una reforma en la Ley de BANDESAL de fecha junio 2020, se considera la información referente a los fondos o fideicomisos del Banco como información reservada; y luego señala que el Art. 6 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) define como información confidencial "aquella información privada en poder del Estado, cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal, en razón de un interés personal jurídicamente protegido".
En términos sencillos, según explica Wilson Sandoval como miembro de ALAC, "argumentan que es información reservada sobre la base de que las gestiones que se hacen desde el banco gozan de reserva de secreto bancario, y que en ese sentido no pueden entregar esta información"
Ante esta respuesta, representantes de ALAC presentaron un recurso de apelación el 11 de octubre pasado ante el IAIP, según dieron a conocer en su cuenta de Twitter este jueves.
En dicha publicación digital incluyeron el detalle del recurso de apelación, donde argumentan que la mencionada reforma de la Ley de BANDESAL "no puede aplicarse en detrimento a derecho fundamental, como lo es el derecho a la información pública, ya que, si dicha reforma se interpreta y aplica (…), esta atenta en contra del Principio de Máxima Publicidad, aplicándolo en atención a que trata de la transparencia en la gestión de dinero que involucra el interés público".
Otro argumento presentado por ALAC es que los entes que participaron en la conformación del fideicomiso llamado FIDEBITCOIN son el Estado y Gobierno de El Salvador, quien actúa tanto como fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Por tanto, "es un fideicomiso de naturaleza pública" y, por ello, la población en general debe tener acceso a la información sobre su manejo, costos, etc., para decidir si invierte o no en Bitcoin, o qué postura tomar ante el criptoactivo.
"Los Bitcoin se compran con fondos públicos, no con fondos privados. No se compran de los bolsillos de un funcionario público. En ese sentido, aplica el principio de máxima publicidad. Es un interés legítimo el que argumentamos en la apelación, de que la ciudadanía tenga conocimiento de cómo son administrados estos fondos públicos", agregó el representante de ALAC.
Al ser constituido con fondos públicos del Ministerio de Hacienda por un monto de 150 millones de dólares, el FIDEBITCOIN forma parte de las preocupaciones de ALAC y de diversas organizaciones de la sociedad civil, que han lanzado alertas por la poca transparencia alrededor de la compra, venta y administración del Bitcoin por parte de la administración Bukele en el país, desde que se adoptó el criptoactivo como moneda nacional en septiembre de 2021.
Dicha preocupación ha crecido desde el anuncio del presidente Nayib Bukele de este jueves, vía Twitter, cuando publicó que El Salvador comprará un Bitcoin al día desde este 17 de noviembre de 2022.
Sobre por qué ALAC da a conocer esta información en la actualidad, Sandoval explicó que "lo hacemos público ahora porque tenemos conocimiento que en El Salvador está siendo la sede del espacio Adoptng Bitcoin 2022, y consideramos que es pertinente que quienes están aquí en el país, precisamente reunidos con el Estado salvadoreño, empresarios, etc., conversando sobre el tema Bitcoin, puedan estar concientes que el Estado salvadoreño ha venido, desde el año 2021, negando todo tipo de información de la gestión que se realiza en materia de compra, especialmente, y todo lo que está alrededor de la gestión de parte de BANDESAL".
"Parece incongruente que estando este grupo de empresarios acá, de supuestos inversionistas, que profesan que el Bitcoin es libertad y descentralización, no sean conocedores que el Estado salvadoreño centraliza y limita la libertad de la gente de conocer cómo se gestiona este activo por parte del Gobierno".
Wilson Sandoval, miembro de ALAC