Menos de media hora. Eso es lo que tomó en la comisión de Economía de la Asamblea Legislativa avalar el dictamen que contenía la eliminación de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).
El destino de esta institución, cuya importancia reside en la elaboración de importantes estadísticas democráticas, económicas, culturales, judiciales y políticas, entre muchos otros tipos, se decidió en tan solo 28 minutos.
Y si bien pasó al pleno, donde se volvió a abordar el tema y varios diputados tomaron la palabra para expresar sus opiniones, la suerte de la Digestyc ya estaba echada: con la súper mayoría en la Asamblea Legislativa, los dictámenes favorables pasan, con muy pocas excepciones, sin mayor trámite.
El fin de la Digestyc es el adiós a una institución que por más de un siglo ha estado a cargo de censos y estadísticas importantes para la elaboración de políticas públicas y programas privados de apoyo a los más vulnerables.
Además, ha sido una entidad que ha producido información que refleja la salud de la economía, como el boletín de índice de precios del consumidor. También produce encuestas específicas, como la Situación de la Mujer en El Salvador.
Más allá del final de la dirección de estadísticas, este hecho también refleja la naturaleza de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, que ha sustituido el arte de la deliberación parlamentaria por un mero trámite de aprobación exprés de todo lo que le envía el Órgano Ejecutivo.
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Y además de este tema, el dictamen que ofrece incentivos a la importación y uso de vehículos eléctricos también se acordó sin haberse discutido, algo que fue incluso admitido por una diputada suplente de Nuevas Ideas quien reconoció desconocer el contenido (ver nota aparte).
Otras áreas donde no se discutió
Los diputados de Nuevas Ideas tienden a “saltarse” la deliberación de los decretos que aprueban.
En poco más de quince meses de legislatura, no han sido pocas las áreas de profunda importancia para el país que se han decidido en pocos minutos o, si acaso hay discursos, son para exaltar al oficialismo, no para ofrecer los costos y beneficios de sus iniciativas.
En su primer día de trabajo, los diputados ingresaron de forma exprés y sin mayor discusión la remoción forzosa e ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República.
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Y luego, para llenar las vacantes, nombraron con celeridad a abogados que sustituyeran a los funcionarios destituidos. Nada de esto se hizo siguiendo lo que ordena la ley.
Meses después, hicieron lo mismo con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que ingresaron de sorpresa al pleno y tras poco tiempo, ordenaron la destitución de cientos de jueces y fiscales mayores de 60 años.
Nuevamente, la Asamblea no se tomó el tiempo deliberar o acaso reconocer que el inciso tercero del artículo 133 de la Constitución le da a la Corte Suprema de Justicia la iniciativa de ley exclusiva “en materias relativas al Órgano Judicial, al ejercicio del notariado y de la abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los tribunales”.
Ley Bitcoin
Otro emblemático caso de la celeridad con la que actúa la Asamblea fue la aprobación de la ley que estableció al Bitcoin como una moneda de curso legal en junio de 2021.
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Esta fue aprobada solo tres días después de que el presidente de la República lo mencionara en un foro de criptomonedas en Miami.
Tras una deliberación pobre, y sin considerar los aspectos técnicos significativos que conlleva introducir una nueva moneda a un país, los diputados aprobaron una ley de 16 artículos que, desde el inicio, abrió la puerta a dudas y confusiones.
Estos son solo algunos casos donde el Legislativo obvió la obligación de deliberar y optó por simplemente cumplir con el formalismo de aprobar lo que les solicitó su líder, el presidente de la República.