Tras las declaraciones del magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman, de que al interior del organismo electoral no hay consenso para contratar a la empresa que se encargará de realizar el voto electrónico y por Internet en el exterior y que esto podría provocar un caos en las elecciones de 2024, el resto de magistrados, incluida la presidenta, Dora Esmeralda Martínez, prefieren guardar silencio.
“Yo no doy declaraciones. Si me habla por eso, yo voy más tarde a publicar un comunicado de parte de la Presidencia (TSE), pero declaraciones no voy a dar sobre eso, del chambrerío que anda el magistrado, no voy a entrar en esas provocaciones”, respondió la magistrada presidenta a la llamada vía teléfono que le hizo ayer El Diario de Hoy.
Especialistas en el tema electoral consultados por este periódico exhortaron a los magistrados a hablar claro a la población sobre lo que está pasando en el Tribunal, pues es un derecho de la ciudadanía.
“Lo mejor sería que explicaran los motivos por los cuales está este entrampamiento, le corresponde al TSE dar las explicaciones correspondientes a la ciudadanía ¿qué está pasando realmente?”, expresó la abogada Ruth Eleonora López.
Según Wellman, la magistrada presidenta del TSE y el magistrado Rubén Meléndez son los que votan en contra de acelerar el proceso de contratación de la empresa responsable de diseñar y ejecutar el voto electrónico en el extranjero. El Tribunal ha recibido el interés de 8 firmas internacionales y nacionales para llevarlo a cabo.
“Hasta ahorita estamos sin nada para llevar a cabo el voto electrónico en el exterior. Nos preocupa que, además, no estamos resolviendo el voto en el exterior y no estamos resolviendo el voto nacional”, lamentó Wellman en rueda de prensa convocada el pasado martes de urgencia en el TSE, acompañado del magistrado René Molina, quien es suplente de la presidenta del organismo electoral.
Ayer, en otra entrevista con la Radio Sonora, Wellman reiteró la preocupación que tiene no sólo él sino todos en el TSE. “El magistrado Molina (suplente de la presidenta del Tribunal) está preocupado, muchos estamos preocupados, es un nuevo reto el que llevamos. El voto electrónico no es un juego. Si lo hacemos bien no habrá aplausos, pero al menos no nos van a criticar, pero si lo hacemos mal, si eso es un fracaso, nos van a colgar a todos en el TSE, no solo a los magistrados, a toda la plana mayor”, ardvirtió Wellman.
El Diario de Hoy contactó al magistrado Noel Orellana, quien manifestó que respeta las declaraciones de su colega Wellman, pero evitó ahondar en el impasse que denuncia el magistrado en mención.
“Yo respeto la decisión de Wellman. Sus razones tendrá. Yo me siento tranquilo, he hecho mi trabajo como profesional y como funcionario y me siento satisfecho de ese trabajo que estoy haciendo. Hay maneras y lugares donde se pueden dirimir las diferencias que puede tener, pero es respetable lo que ha hecho”, explicó.
Sin embargo, según Orellana, el problema “ya se resolvió”, por lo que considera que la denuncia de Wellman ya no tiene sentido. Asegura que el organismo electoral llegó a un acuerdo del proceso de contratación, mas no del nombre de la empresa a adjudicar el servicio del voto electrónico.
"Ya no tiene sentido decir que no se hizo nada. ¿Designar a la empresa? En una hora lo podemos decidir. Ya estamos técnicamente informados de qué es lo que se quiere, hasta dónde se quiere, en fin, ya las dudas que se tenían ya fueron evacuadas y prueba de eso es que se logró el consenso entre los magistrados para eso”, afirmó Orellana.
El Diario de Hoy intentó comunicarse con el magistrado Julio Olivo, quien es el único que desde un inicio ha dicho que se abstendrá de votar por todo lo relacionado al proceso electoral en el exterior, pero no respondió.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó que pedirá un informe al TSE sobre el retraso y criticó que los magistrados no deberían tener “excusas” para dilatar la contratación.
Según dijo, la Asamblea les dio las herramientas legales para hacerlo; sin embargo, los diputados del oficialismo aprobaron tardíamente la Ley del Sufragio de Voto en el Exterior y Hacienda llevó a la Asamblea hasta en marzo pasado, el presupuesto electoral para su aprobación, pese a que el TSE lo había solicitado desde noviembre del año pasado. Y con el agravante de que les redujo el fondo en $30 millones menos de lo que pidieron.
¿Qué dicen los especialistas?
La abogada Ruth Eleonora López manifiesta que lo mejor que pueden hacer los magistrados es aclararle a la población lo que está ocurriendo en el TSE. Igual opinión brindó el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar. Este último dijo: “Sería bueno que los magistrados hicieran públicas sus razones por qué no dan sus votos para la contratación de la empresa”.
Escobar añadió que la falta de acuerdo podría deberse a que exista un “interés particular” entre los magistrados. El magistrado Wellman señaló que algunos lo han demostrado al no concurrir con su voto para la adjudicación de la empresa.
Pese a eso, Escobar reitera que la “obligación” de los funcionarios es dar explicaciones, si ese fuera el caso o si existe otra razón. “Los magistrados deben exponer sus posiciones del por qué su postura para la contratación de la empresa”, añadió Escobar.
El atraso del TSE en contratar a la empresa responsable del voto electrónico es grave, pues, como lo dijo Wellman, la fecha límite que tienen es hasta el 4 de junio para tener todo listo, pero es el caso que a menos de 15 días, el impasse sigue en el TSE, a pesar de que el magistrado Orellana asegura que tienen acuerdo en el proceso de contratación, pero admite que no en la empresa a contratar.
Fuentes internas del TSE informaron a El Diario de Hoy que hay discrepancia en dos empresas: la del consorcio integrado por Cybernetica AS, Mühlbauer ID Services GMBH y Data & Graphics e Indra, esta última ya trabajó para el TSE anteriormente.
De acuerdo con la fuente, la primera mencionada cuenta con el aval técnico del área de informática del TSE y es que la ofrece el servicio completo, que implica incluso, la compra de nuevos equipos que deberán ser instalados en las sedes consulares o sitios designados por la Cancillería en los distintos países en donde residen salvadoreños. En cambio Indra no acepta el 100% de las exigencias que pide el Tribunal, ahondó la fuente.
El tiempo es una de las preocupaciones de López. La firma designada deberá tener todo listo el 4 de junio próximo. “Lo más razonable sería que como TSE se pidiera una prórroga (a la Asamblea) para que este plazo que establece (la ley de voto en el exterior) de ocho meses debiera ser mayor, porque hay una imposibilidad real para realizarlo. Hay que ser bastante responsables en temas de tecnología cuando no hay desarrollo en el país”, recomendó la abogada.
A manera de ejemplo, dijo que si la empresa no cuenta con el tiempo suficiente y no se tienen las auditorías correspondientes que vigilen el proceso electoral en el exterior, El Salvador no sólo tendrá una “Chivo Wallet”, sino también, “el Chivo Voto”. “Hay muchísimas puertas abiertas para irregularidades y, por lo tanto, una auditoría es necesaria de manera urgente y de seguimiento”, afirmó López.
El pasado 15 de mayo venció el plazo para que las empresas interesadas en ofertar el servicio de auditoría enviaran su propuesta al TSE. El Tribunal informó que fueron cinco firmas las que participarán de la competencia, aunque al igual que con la empresa desarrolladora del sistema informático, la auditora también podrá ser contratada de forma directa, ya que así lo establece la ley que avalaron los diputados del oficialismo.