Que se derogue el régimen de excepción, la libertad inmediata de todas las personas que han sido detenidas ilegal y arbitrariamente durante el régimen de excepción con “señalamientos policiales injustificados y que no se cuenten con más indicios probatorios de su participación en el ilícito que se les imputa; reparación del daño económico, laboral psicológico, moral y social que se haya causado a toda persona inocente”, es el pliego de peticiones que el FMLN ha respaldado ingresar a la Asamblea Legislativa.
En el documento se señala que debe establecerse el orden constitucional de forma inmediata y que terminado el régimen de excepción, los Jueces Especializados de Instrucción con la asistencia de las partes técnicas o no, revisen todos los casos de detención basados en esa medida.
Que una vez realizado ese estudio se encontrare que hay casos de personas en los que no se ha cumplido con las garantías del debido proceso, del derecho de defensa, presunción de inocencia, o si la persona hubiese sido detenida solo por señalamiento policial sin mayores indicios que permitan establecer una vinculación directa con estructuras criminales o pandillas, se deberá proceder inmediatamente a ordenar la libertad de la persona detenida.
El Juez Especializado de Instrucción correspondiente tendrá un plazo de 15 días para ordenar la libertad de toda persona que presentase una o más de las condiciones citadas.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá constituirse en sesión permanente para vigilar que lo normado en esta disposición se cumpla, y si advirtiere que el Juez del caso no le da cumplimiento, deberá separarse del cargo e iniciarse el procedimiento de destitución por la causa correspondiente, sin ninguna responsabilidad para el Órgano Judicial.
Se detalla en la propuesta que una ley especial regulará la forma, condiciones y cuantía de las reparaciones por detenciones ilegales y arbitrarias, o por los errores judiciales cometidos en contra de las personas capturadas que resulten ser inocentes.
Señala la moción que deberá aplicarse el criterio contenido en el Art. 235 de la Constitución, en el sentido que deberán responder directamente los servidores públicos que resulten culpables de violaciones a los derechos consagrados en la Constitución y hayan ocasionado daños materiales o morales.
A la fecha, la Asamblea ha aprobado cinco prórrogas del régimen de excepción, arribando así a 150 días de su vigencia.
Según registros de organismos defensores de derechos humanos hay más de 60 personas fallecidas bajo custodia del Estado y decenas de denuncias de violaciones a derechos humanos cometidos por las autoridades de seguridad.
Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ya contabilizan más de 50,000 capturas en los casi seis meses de aplicación del régimen de excepción.