Un máximo de hasta $25,000 podrán recibir los empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que se apliquen al retiro voluntario, de acuerdo a las “Disposiciones transitorias para otorgar compensación económica especial por retiro voluntario de empleados y funcionarios públicos de la PDDH”.
El dictamen favorable a la propuesta enviada por el gobierno se aprobó este lunes por los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y el exarenero Donato Vaquerano que integran la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.
Originalmente, se propuso una compensación económica de cuatro salarios mínimos del sector comercio y servicios por cada año prestado, es decir, $1,460; pero en una nota enviada por el Ministerio de Hacienda recomendó mantener los criterios del decreto de la compensación económica por retiro voluntario de empleados del Órgano Ejecutivo y autónomas, aprobado en mayo de 2023.
De ahí que “con la finalidad de homogenizar” los criterios jurídicos con otras normativas similares, propuso definir que la compensación se calcule con base al último salario devengado y se pague uno salario por año laborado o fracción de seis meses consecutivos de servicio hasta un máximo de $25,000.
El beneficio económica aplicaría para los empleados y funcionarios “que renuncien voluntariamente de la institución” siempre que hayan prestado sus servicios por un mínimo de dos años en la institución. Quienes se acojan al decreto, deberán iniciar el trámite a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de 2023.
También podrán aplicar a esta compensación los empleados jurídicos, técnicos o administrativos que ya hayan obtenido su pensión por vejez y aún estén laborando en la entidad. De acuerdo al dictamen leído en la comisión, hay 133 adultos mayores además de otras personas que expresaron “su deseo de retirarse” voluntariamente de la institución.
Si la petición cumple con los requisitos, la PDDH deberá notificarle al empleado o funcionario la autorización en un plazo que no exceda de los 30 días hábiles después de presentada la solicitud.
Plazas vacantes
La iniciativa contempla disposiciones para ocupar las plazas que queden vacantes en la PDDH, las cuales “no podrán ser ocupadas por familiares que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de empleados y funcionarios” de la PDDH. Tampoco podrán considerarse “heredadas” por quienes apliquen al beneficio.
El proyecto de decreto indica que para la contratación de nuevo personal o promoción interna, se autoriza a la titular de la PDDH para nombrar una comisión “de alto nivel” para que proponga ternas con perfiles que cumplan con los requisitos y competencias acreditadas, esto según el Manual de Organización y Funciones de la PDDH.