La Asamblea Legislativa reorientó ayer un total de $15.3 millones del presupuesto nacional del presente año, a distintas carteras de Estado. Los destinos fueron diversos, pero dos de los que más desataron cuestionamientos entre los diputados oficialistas y los opositores fueron $3.6 millones para la compra de vehículos blindados para la Fuerza Armada y $3.5 millones para la Presidencia, para el programa “Conectividad Digital Social”.
El Ejecutivo argumenta que los recursos para el equipo táctico del Ejército son para seguir combatiendo a las pandillas como parte del Plan Control Territorial.
“Más juguetitos en contra de los mareros”, aseveró el jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, el pasado lunes, cuando la Comisión de Hacienda acordó el dictamen favorable que fue aprobado ayer en el pleno.
La diputada Marleni Funes, del FMLN, cuestionó que para el Plan Control Territorial se han orientado millones de recursos y el gobierno se niega a transparentar su uso.
Según las últimas cifras, de acuerdo a los préstamos aprobados por los diputados oficialistas para ese programa, son más de $500 millones los usados, mucho antes de la implementación del régimen de excepción, el cual lleva más de un año de vigencia.
“Son $3.6 millones que, sin duda, al igual que los $91 millones (de la primera fase del Plan Control Territorial), tampoco vamos a saber cual será el paradero o quiénes serán las empresas contratadas, ¿por qué le tienen tanto miedo a la transparencia?”, criticó Funes.
Los $3.5 millones, para la Secretaría de Innovación adscrita a la Presidencia de la República, también generó debate entre los diputados.
La diputada Silvia Ostorga, de ARENA, cuestionó que las escuelas no cuentan con los insumos para que los alumnos tengan alimentación escolar adecuada y tampoco para su funcionamiento.
“El dinero que mes a mes deben de darle por ley a las escuelas para su funcionamiento no llega. El año pasado llegó hasta noviembre, cuando el año lectivo ya había finalizado. Eso creó un gasto adicional a los padres de familia. Los maestros tuvieron que aportar para necesidades básicas… haciéndose acreedores de cobros de los proveedores, pues es a ellos que los demandan”, aseveró.
El resto de fondos se distribuyeron de la siguiente forma: $1.2 millones para el Ente Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE) para que inicie funcionamiento este año; para el Ministerio de Cultura se destinan $2.7 millones, con el objeto que el citado Ramo pueda disponer de los recursos necesarios para atender diversos proyectos estratégicos, comprendidos en el Plan Cuscatlán.
Entre estos proyectos se contempla la reactivación del Centro Histórico de San Salvador, mediante el remozamiento y adecuaciones de espacios emblemáticos, como el Teatro Nacional de San Salvador y el Palacio Nacional, así como la adquisición de instrumentos musicales, servicios profesionales, diseño de vestuario y gastos logísticos necesarios para el lanzamiento de la Banda El Salvador, a realizarse el 15 de septiembre de 2023; y la puesta en funcionamiento de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador.
Además de $1 millón para el Instituto Administrador de los Beneficios y Prestaciones Sociales de los Veteranos Militares de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN que participaron en el conflicto armado. Los diputados también ratificaron la garantía soberana para un préstamo de Bandesal (Banco de Desarrollo de El Salvador) por $100 millones.