A pesar de que la Comisión de Seguridad legislativa ya había dictaminado esta semana a favor de aprobar ayer en el pleno, reformas a la Ley de Escuchas Telefónicas, el dictamen conteniendo las modificaciones no fue introducido a discusión de la plenaria.
El retroceso en esta decisión no fue explicada por los diputados que promovieron la iniciativa que vino directamente desde el Ejecutivo, sin embargo, en las piezas de correspondencia que fueron introducidas ayer al pleno y enviadas a discusión de las comisiones respectivas, está una que pide a la Asamblea autorizar la creación de “Jueces de Garantía”.
El objetivo de estos nuevos funcionarios será avalar o no de forma directa y con estadía permanente en el Centro de Escuchas, las intervenciones telefónicas que solicite el fiscal general de la República.
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Al respecto, cabe recordar que entre las enmiendas propuestas a la Ley de Intervención Telefónica se pide dotar también al director del Centro de Escuchas de la facultad de pedir al juez la autorización de intervenir los teléfonos de las personas que supuestamente están siendo investigadas por el cometimiento de delitos.
La propuesta dice que para ese efecto es necesario crear “Juzgados de Garantías” para el conocimiento de las solicitudes de intervención de las telecomunicaciones.
En la solicitud se argumenta que cuando fue creada la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones el 15 de marzo de 2010, el decreto daba la facultad a los jueces de instrucción de San Salvador para autorizar las solicitudes de la Fiscalía para intervenir las telecomunicaciones.
Según la moción del gobierno, esto llevaba a que los jueces, bajo un sistema de turnos, debían trasladarse con cada solicitud al Centro de Escuchas Telefónicas para poder autorizar o no las respectivas solicitudes.
“Sin embargo, a lo largo de estos doce años de vigencia de la referida ley especial, la experiencia demuestra que es necesario contar ya con jueces de garantías, que estén de forma permanentes en disponibilidad de las solicitudes presentadas ante el Centro de Escuchas, a efecto de que conozcan de ‘técnicas especiales de investigación’, debiendo ser estos conocedores del derecho penal-constitucional, con el objeto que no se ponga en peligro procesos de investigación en los que se requiera dicha medida y contar así con una pronta y cumplida administración de justicia”, reza parte de las justificaciones de la solicitud.
Para llevar a cabo lo anterior, el gobierno solicita que el Juzgado Décimo Tercero de Paz de San Salvador y el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador se conviertan en el “Juzgado Primero de Garantías” y “Juzgado Segundo de Garantías”, respectivamente con residencia en San Salvador y con competencia a nivel nacional.
Los Juzgados Primero al Décimo Segundo de Paz de San Salvador, asumirían la carga laboral y la competencia que tenían los Juzgados que se volverán en “Juzgados de Garantías”. A partir de la vigencia del decreto los Juzgados convertidos ya no recibirán más procesos o diligencias conforme a su anterior competencia.
Los Juzgados de Garantías desarrollarán su función jurisdiccional, según lo establece la Constitución y la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
Los recursos de las decisiones de los Juzgados de Garantías de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones serán conocidas por las Cámaras Especializadas de lo Penal.
La distribución de las solicitudes de intervención y los demás escritos judiciales se realizará directamente ante el Juzgado de Garantía de turno.