Con 67 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, la Asamblea Legislativa aprobó el martes la undécima prórroga de 30 días al régimen de excepción. La medida está vigente desde el 27 de marzo de 2022. Esto a pesar de los fuertes cuestionamientos de organizaciones nacionales e internacionales que han denunciado miles de violaciones a derechos humanos y captura de personas inocentes.
“Venimos de manera responsable a solicitar a esta Asamblea la décimo primera prórroga del Estado de excepción”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario detalló que hasta la fecha registran 64,111 personas detenidas y señaladas de pertenecer a pandillas. De estos, según Villatoro, hay ya casi 57,000 presuntos pandilleros con detención provisional decretada por un juez. Además especificó que más de 3,745 personas han sido liberadas por no encontrárseles delitos.
Organizaciones de sociedad civil y la oposición han reclamado por estos miles de detenidos que no tenían nada que ver, algo que el gobierno ha minimizado y les ha llamado “margen de error” o los “daños colaterales”.
Estallido social
Pese al victorioso discurso oficialista, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, advirtió que la larga duración de este régimen de excepción podría derivar en un “estallido social”.
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La organización Human Rights Watch confirmó que los detenidos se enfrentan a hacinamiento extremo, violaciones del debido proceso, falta de garantías, detenciones masivas y muertes bajo custodia. También informó que hasta agosto de 2022 se registraron 1,082 menores detenidos enviados a detención provisional y 21 de estos tenían 12 o 13 años.
Ante esto, la diputada Ortiz, señaló este lunes que cada día que pasa “es un peligro” para los inocentes encarcelados.
La legisladora manifestó que es necesario conocer cuál es el plan a largo plazo para que ya no sea necesario el Estado de excepción. “No es necesario un régimen de excepción para mantener la seguridad, perseguir criminales o combatir el crimen organizado”, dijo.
Añadió: “Un país no puede mantener la paz a largo plazo con ese costo humano inaceptable, con esas violaciones a derechos humanos, con esas violaciones forzadas de parte del Estado, de personas detenidas o crímenes de lesa humanidad”. Además señaló que el gobierno usa el régimen como un método de intimidación para evitar las críticas.
Hasta el 9 de enero pasado, Cristosal registró 3,227 personas vulneradas en sus derechos, entre estas se encuentras las muertes de personas bajo custodia del Estado.
Poder y estrategia electoral
El diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Writgh Sol, manifestó que esta medida responde a un tema de poder y de estrategia electoral.
El legislador señaló que el Ejecutivo no ha tomado en cuenta el impacto económico de las familias, comunidades y mujeres que resultan afectadas.
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“Con régimen de excepción o sin régimen de excepción, al Estado le corresponde perseguir el delito y al delincuente, el que sea culpable o se presuma, que lo juzguen, que lo metan a la cárcel y el que sea inocente que lo saquen, que se respete el debido proceso”, dijo René Portillo Cuadra de ARENA.
Para la diputada del FMLN, Anabel Belloso, debe establecerse una política de seguridad pública integral y que no solo vea el enfoque punitivo que prioriza precisamente el régimen de excepción celebrado por el oficialismo.
“Continuamos teniendo casos de personas inocentes encarceladas, se les trunca su proyecto de vida, pasan allí meses y que sabemos que el gobierno les denomina margen de error o efectos colaterales”, lamentó Belloso.
El abogado Mauricio Maravilla dijo que Bukele utiliza el régimen de excepción para su beneficio: “esa medida le permite (…) opacar los temas económicos”.
Pese a críticas
Pese a las críticas, el ministro Villatoro justificó que han incautado 2,326 armas, 2,945 vehículos, 15,312 teléfonos y $1.7 millones.
Él indicó que la medida excepcional seguirá vigente hasta que se capture al último miembro de las pandillas. “El régimen va a terminar hasta que no exista ningún homeboy en el país y tengan la certeza que estamos preparando con la Fiscalía todo el camino procesal que van a tener estos terroristas”, dijo.
Por otra parte, resaltó que se logró inaugurar la megacárcel denominada Centro de Contención del Terrorismo (CECOT) y dijo que “los terroristas que vayan al CECOT no van volver nunca a las comunidades”.
Tres garantías suspendidas
- Se suspende el derecho que tiene una persona detenida a ser debidamente informada de sus derechos y razones de la detención, así como a la asistencia de un abogado en el proceso.
- Se suspendió la garantía del plazo máximo de detención administrativa por 72 horas, por lo cual los detenidos pueden pasar hasta 15 días sin que el caso sea presentado ante un juez.
- Se elimina el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, Es decir, las autoridades tendrán luz verde para intervenir la correspondencia y celulares.