La cifra de detenciones reportadas por las autoridades de seguridad de El Salvador durante un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, superó las 64,000, lo que representaría más del 1 % del total de la población salvadoreña.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en una conferencia de prensa este martes que la cifra de detenciones llegó a 64,111, que frente al dato de la población total equivale al 1.01 %.
Según la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, la población total de El Salvador es de 6,325,827.
Villatoro, que dio a conocer estos datos al presentar ante el Congreso la solicitud de ampliar por undécima vez el régimen de excepción, indicó que son casi 57,000 personas con detención provisional "decretada por un juez".
El funcionario agregó que son 3,745 "personas que han sido liberadas", las que representan más del 5.8 % de las detenciones.
A inicios de abril de 2022, el presidente Nayib Bukele dijo que se podía "esperar" un margen de "error" del 1% de detenciones de personas sin vinculaciones con pandillas, en ese momento superaban los 8,500 arrestos.
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"De los más de 8,500 arrestos (realizados hasta este lunes), podemos esperar que también haya un 1 % de error, es decir, 85 personas aproximadamente. Pero el otro 99 % (+8,400) quedarán en prisión. Y eso sin contar todos los que sigamos capturando", publicó el mandatario en Twitter.
A finales de diciembre pasado, Zaira Navas, jefa jurídica de la organización humanitaria Cristosal, dijo a EFE que se estaría deteniendo también a personas que recibieron la libertad condicional o "fueron sobreseídas o absueltas" de cargos.
"Esto obviamente no da confianza en las cifras que el Gobierno reporta. No obstante, siempre la cantidad de personas detenidas rebasa en gran manera la capacidad de los Centros Penales", dijo la letrada.
El régimen de excepción suspende garantías constitucionales como la defensa para los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, además amplía los plazos de la detención administrativa hasta los 15 días, cuando ordinariamente es de 3.
Las autoridades atribuyen a esta medida y al Plan Control Territorial la caída de los homicidios, que según las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
El Gobierno ha optado también por no contabilizar como homicidios las muertes de pandilleros en supuestos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, a pesar de que las cifras de administraciones anteriores sí las sumaban.