La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó las agresiones y amenazas en contra de una fotoperiodista de El Diario de Hoy, Jessica Orellana, por parte de personal que se encarga de repartir paquetes del Programa Presidencial de Apoyo Alimentario (PPAA), hecho registrado el lunes en el municipio de Santo Tomás, departamento de San Salvador.
"Desde la APES nos solidarizamos con nuestra colega fotoperiodista y hacemos un llamado a los empleados públicos a abstenerse de obstruir o restringir el trabajo periodístico", dijo la asociación.
FOTOGALERÍA: Personal a cargo de la entrega de paquetes de alimentos retienen a Fotoperiodista de El Diario de HOY
Orellana regresaba en horas de la tarde de una cobertura periodística cuando se percató de unas cajas con las iniciales PPAA visiblemente dañadas, en una esquina de la carretera a Comalapa, cerca de la delegación de la Policía Nacional Civil, en el desvío saliendo del municipio Santo Tomás. Procedió a documentar con su cámara, momento en el que varios repartidores, identificados con camisetas con el logo del gobierno y las iniciales PPAA, la rodearon y le dijeron que “era prohibido” tomar fotografías.
La comunicadora se identificó con su carné que la acredita como periodista. Los repartidores tomaron fotografías de su identificación y le exigían que borrara las imágenes de su equipo.
La comunicadora relata que al intentar retirarse, uno de los empleados públicos la toma del cinturón de la cámara y la jaloneó para impedir que se fuera.
Orellana empezó a cuestionar al hombre por qué la estaba agrediendo, y éste repetía que no se podía marchar sin borrar las fotografías.
"Personal a cargo de la gestión (entrega de paquetes) se acercaron para decirle que el trabajo periodístico que realizaba era 'ilegal', sin embargo no explicaron cuál era la infracción de ley", sostuvo la APES.
La gremial de periodistas señala tres tipos de delitos en contra de la comunicadora: retención arbitraria, agresión física, intimidación y amenazas legales.
Según especialistas del Derecho, el equipo periodístico fue víctima de una privación de libertad y otros delitos contenidos en la Ley para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer.