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Rector de la UCA sobre reformas a la Carrera Judicial: “El único interés que se tiene es que los jueces actúen para agradar al gobierno”

Andreu Oliva, rector de la UCA, se pronunció sobre la recientes reformas que han sido rechazadas por jueces y magistrados salvadoreños. Oliva comparó la situación de El Salvador con las decisiones implementadas por el régimen de Nicaragua.

Por L. Alas/ F. Rubio/ J. Guzmán | Sep 02, 2021- 11:38

El rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), Andreu Oliva, señaló que la reciente reforma a la Ley de Carrera Judicial votada por la Asamblea Legislativa busca tener control sobre los jueces y que estos actúen para agradar al Gobierno"

Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), cuestionó este jueves la reforma a la Ley de la Carrera Judicial avalada por la Asamblea Legislativa durante la plenaria de esta semana al considerar que el decreto “busca acabar con la independencia judicial que es un elemento fundamental en un sistema democrático” al ceder el poder al oficialismo político.

“El único interés que se tiene es tener un control mayor sobre el Órgano Judicial y tener un control sobre los jueces, de manera de que los jueces no tengan esa independencia que es necesaria en todo puesto, sino que los jueces actúen para agradar al gobierno, para agradar a Nuevas Ideas o para agradar al presidente de la República (Nayib Bukele), no para ver si se ha cumplido o no la ley”.

Aclaró: “No se trata como se está diciendo de una manera de depurar y sacar de la carrera judicial a los jueces corruptos, eso se hace por otra vía, que es a través del estudio de los expedientes de los jueces, de aquellos que tengan sospecha de corrupción, deben ser investigados y si son investigados deben ser apartados de la carrera judicial”.

Criticó la falta de estudio y debate que existe en el Congreso para la aprobación de leyes, pese a que está regido en la Constitución de la República y que la Sala de lo Constitucional impuesta no actúe al respecto.

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“Es importante tenerlo en cuenta porque esta y otras de las leyes que ha aprobado esta Asamblea Legislativa se han realizado con dispensa de trámite, sin debate suficiente sobre la ley y sin que se trabajaran en las comisiones. Por tanto son leyes que si tuviéramos un poder judicial independiente y una Sala de lo Constitucional elegida de acuerdo a nuestra legislación serían declaradas inconstitucionales por no observar lo que la Constitución establece para llegar a aprobar una ley”, señaló.

Para Oliva, además, el decreto vulnera los derechos de quienes ejercen la profesión, pues al momento de entrar en vigencia, este obligará a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años a ser removidos de sus cargos.

“Es discriminatorio, porque pone una edad o un máximo de tiempo en el ejercicio judicial, lo cual afecta a los derechos humanos de las personas que están realizando este importante trabajo”, subrayó.

Oliva comparó la situación del país con las decisiones implementadas por el régimen de Nicaragua.

“Esto no es nuevo, este guion ya ha ocurrido en Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega fue colocando a sus jueces en el poder judicial y hoy Nicaragua al igual que ahora El Salvador tiene un Órgano Judicial al servicio de la Presidencia de la República en lugar de estar al servicio de la impartición de justicia”, añadió.

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Decenas de magistrados de Cámara, así como jueces de Paz y de Primera Instancia se pronunciaron el miércoles en rechazo a la reforma a la carrera judicial aprobada el martes por la noche por los diputados oficialistas de la Asamblea Legislativa.

Los funcionarios del Órgano Judicial afirmaron que “rechazan enérgicamente” el decreto de reforma que, al momento de entrar en vigencia, obligará a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años a ser removidos de sus cargos.

Según los funcionarios del Órgano Judicial, la reforma para remover a jueces mayores de 60 años es inconstitucional y violatoria de la independencia judicial. Advierten que recurrirán a instancias internacionales para restituir Estado Constitucional.

Los profesionales fueron respaldados por sus colegas de la región, quienes calificaron de “graves” las enmiendas. A juicio de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia es una “normativa que provoca la instalación de condiciones antidemocráticas en contra del Estado de derecho y la división de poderes”. Además, señalan que afecta la independencia judicial y la tutela y protección de los derechos humanos.

También, congresistas estadounidenses, expertos y la encargada de Negocios de la Embajada Americana en El Salvador se pronunciaron al respecto.

“De nuestra posición estamos mirando muy de cerca porque consideramos que este paso, lamentablemente es un paso más que está realmente en detrimento de la separación de poderes en este país y en especialmente con el sistema judicial que están importante”, dijo Manes.

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