El nuevo golpe al sistema judicial por parte del régimen de Nayib Bukele, a través de reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobadas por la bancada de Nuevas Ideas la noche del martes, no solo socava la independencia judicial sino que anula los derechos de los ciudadanos, dice la abogada peruana Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (FDP). Considera que el cese masivo de jueces y fiscales también afecta a los ciudadanos, pues se abre la posibilidad de mover jueces o fiscales a conveniencia cuando se afecte intereses poderosos.
¿ Cómo se mira desde su posición el nuevo golpe judicial en El Salvador?
Ya no se mira con preocupación tampoco como una alarma, sino como una consumación de una arremetida autoritaria desde el poder político sobre el sistema judicial, es como la segunda etapa de una estrategia que comenzó el primero de mayo con la destitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que continuó posteriormente con la designación también irregular de magistrados, en la segunda elección de magistrados de la Corte Suprema, donde se incumplió también normas básicas. Y esta es la tercera etapa de la afectación de la independencia interna de los jueces de cámara y fiscales.
¿Es claro para usted el mensaje del régimen de Nayib Bukele de socavar la independencia judicial en El Salvador?
Clarísimo. Y no me parece un mensaje, ya esto es un acto concreto porque ya por efecto de la reforma cesan en sus cargos una buena cantidad de jueces y magistrados, muchos de ellos con mucha experiencia, y son magistrados que tienen inamovilidad, digamos por el estatus que las reglas les otorgan de inamovilidad, y se les remueve arbitrariamente y de manera masiva.
Esto tiene dos efectos, no solamente una afectación de los derechos de los jueces mismos, sino también de la necesidad de llenar esos cargos nombrando nuevos jueces y magistrados que probablemente podrían ser nombrados no por sus méritos sino por su cercanía, afinidad o al menos tolerancia con las políticas del gobierno.
¿Se abre la puerta a que puedan entrar jueces afines al régimen como se ha visto con la Sala de lo Constitucional?
Sí. Este es un proceso que en otros países ha tomado años, poder controlar la totalidad o gran parte del sistema de justicia. Por ejemplo, en Guatemala ha sido por efecto de haber sacado las Cortes de Apelaciones de la carrera judicial, y con eso se ha logrado controlar a las cortes suprema y a las cortes de apelaciones.
En El Salvador, esto se está obteniendo a través de una jubilación anticipada, forzosa e ilegal de los magistrados más antiguos y mayores que normalmente están en las cámaras y la encomienda a la Corte Suprema de nombrar a sus reemplazantes. No existe ninguna garantía de que la Corte vaya a seguir el procedimiento de ternas que establece la ley, que implica o le pide al Consejo Nacional de la Judicatura que le envíe para poder cubrir todos esos cargos, lo cual es muy preocupante, que puedan ser llenados todos esos cargos sin un procedimiento legalmente establecido.
¿Con este nuevo golpe se puede decir que ya hay una cooptación del poder judicial y que está e manos del presidente?
Podría ser ese el resultado, es lo más previsible, según los antecedentes que han existido.
¿Se está viendo de forma acelerada toda la intención del presidente de tomar control de todas las instituciones?
Sí, y definitivamente esa intención requiere control del sistema de justicia porque el sistema de justicia tiene una vocación de permanencia, es un poder del Estado encargado de mantener el status quo, de modo que incluso si el partido del gobierno llegase a perder el poder que tiene en otros órganos políticos, el controlar el sistema de justicia le va a permitir extender ese poder, incluso más allá de los períodos en que efectivamente gobierna. Y eso es muy peligroso porque lo que el partido de gobierno y la bancada oficialista está haciendo en cuestión de horas, al Estado salvadoreño le puede costar décadas recuperar en materia de independencia.
¿Y cómo quedan los derechos del ciudadano en este caso?
Totalmente anulados. Hay que tener en cuenta que aquí no solo se está afectando los derechos de los jueces y de los fiscales sino también el de los ciudadanos a ser juzgados por los jueces establecidos por la ley. Las nuevas reformas permiten el traslado de jueces y fiscales de sus cargos a otras jurisdiccion bajo cláusulas amplísimas y por lo tanto los ciudadanos que están llevando casos que pueden ser importantes o con los que existan intereses poderosos involucrados, podrían ver que sus jueces son cambiados de un momento a otro cuando les convenga a esos intereses.
Entonces son los ciudadanos los que pierden y ven afectados sus derechos a un juez natural.
¿Desde la bancada oficialista justifican que estas reformas es para combatir la corrupción en el sistema judicial?
Por supuesto que la lucha contra la corrupción es necesaria en el sistema de justicia de El Salvador y en todo sistema de justicia pero la forma de no es removiendo masivamente a jueces y fiscales, sino investigando quiénes son esos malos elementos y utilizando los mecanismos disciplinarios para poder sancionarlos e incluso investigarlos penalmente, pero no a través de una depuración masiva porque no existe una coherencia entre el texto que se ha presentado y aprobado que habla de necesidades de organización del sistema de justicia y lo que diputados están declarando en sus cuentas de Twitter y en la misma Asamblea de que van a depurar a los jueces corruptos.
Así que existe allí una narrativa de justificar ante los ciudadanos esta reforma...
¿A los ciudadano solo les quedan las instancias internacionales?
Sí, yo anticipo que la cantidad de jueces cesados arbitrariamente por estas medidas, así como ha ocurrido en otros países, acudirán a las instancias internacionales y en unos años más, el Estado de El Salvador va a ser condenado por lo mismo que muchos estados han sido condenados y va a tener que pagar reparaciones millonarias a estos exfuncionarios y que van a salir de los bolsillos de todos los salvadoreños.
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