La Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia calificó de "graves" las reformas que suponen una purga al Órgano Judicial en El Salvador.
A su juicio, es una "normativa que provoca la instalación de condiciones antidemocráticas en contra del Estado de derecho y la división de poderes". Además, señalan que afecta la independencia judicial y la tutela y protección de los derechos humanos.
Esta federación señala que desde el 1 de mayo, cuando la mayoría oficialista tomó posesión de su cargo en el Congreso, "se emiten actos totalmente contrastantes con la efectividad de la Justicia".
Entre ellos, resaltan el golpe a la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía, el debilitamiento de los jueces y otros abusos de poder que "atentan contra la Constitución de la República".
Además, consideran que estos actos tienen la venia y el respaldo del Ejecutivo.
Más allá de la Constitución salvadoreña, los jueces de la región denuncian que las reformas aprobadas el 31 de agosto van en contra de convenciones internacionales de justicia y derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Estatuto del Juez Iberoamericano. Condenan que lo aprobado "limita o extingue el nombramiento de jueces y juezas, fiscales y fiscalas de carrera de más de 60 años de edad, desconociendo su trayectoria, experiencia, idoneidad y capacidades profesionales".
También rechazan que se legitima el traslado discrecional de funcionarios judiciales.
"El costo de la implementación de la legislación recién aprobada se traduce, entre otros, en impunidad, desigualdad, corrupción y debilitamiento de la Administración de Justicia de calidad e independiente", señalan en su comunicado.
Esta postura se suma al categórico rechazo de decenas de magistrados y magistradas de Cámara, así como jueces de Paz y de Primera Instancia, quienes este miércoles se pronunciaron en contra de las reformas a la Carrera Judicial aprobadas por el oficialismo, y que obliga a todos los jueces y magistrados mayores de 60 años a ser removidos de sus cargos.
Algunos jueces comentaron que el decreto es discriminatorio y atenta contra la dignidad de los jueces y magistrados. “Sin mascarilla; que nos vean la cara… que corruptos no somos”, dijo una jueza cuando el juez José Alberto Franco terminó de leer un comunicado respaldado por más de medio centenar de jueces y juezas.
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