Para los diputados de la oposición, el fiscal general Raúl Melara, ya tiene todos los elementos e insumos necesarios para que inicie una investigación que determine responsabilidad penal directa para los funcionarios que participaron de la militarización de la Asamblea el pasado 9 de febrero.
Esto, tras la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró “inconstitucional” la convocatoria del Consejo de Ministros para que los diputados sesionaran de manera extraordinaria para aprobar un préstamo de $91 millones para financiar el Plan Control Territorial.
La Sala ordena a los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil abstenerse de ejercer funciones distintas a las que la ley los obliga, de lo contrario, incurrirán en responsabilidades civiles y penales.
“Con esta sentencia queda habilitado el fiscal general para iniciar investigaciones directas sobre los funcionarios que tomaron decisiones de militarizar la Asamblea Legislativa. Ese llamado a la insurrección irresponsable que hizo (presidente Nayib Bukele), la utilización de militares con armas de grueso calibre y todo ese aparataje propio de una dictadura”, señaló el diputado René Portillo Cuadra, de ARENA.
Según el diputado tricolor la Sala dejó establecido que existieron indicios suficientes para determinar una responsabilidad de tipo penal en contra del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas y contra el ministro de Seguridad, René Francis Merino Monroy.
Añadió que dentro de la comisión especial que investiga los hechos ocurridos el 9F también discutirán emitir un dictamen en ese sentido.
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“Existen indicios dictatoriales de este gobierno que están minando la democracia. La Sala califica como una dictadura de baja intensidad este tipo de acciones de parte del presidente Nayib Bukele y de su gobierno contra otros Órganos de Estado. Es el momento que la comisión especial emita un dictamen final donde se determine que, pueden haber responsabilidades civiles, administrativas y electorales de aquellos jefes y funcionarios que obviaron la Constitución y que invadieron la Asamblea”, refirió Portillo Cuadra.
Por su parte, la diputada Cristina Cornejo, del FMLN, mencionó que han insistido en que el Gobierno interfirió con las funciones que le competen a la Asamblea, “y así lo dice la Sala, le dice: Consejo de Ministros, la convocatoria que realizó no reúne los requisitos establecidos en la ley y en la Constitución”.
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Yanci Urbina, del FMLN, afirmó que con la sentencia de la Sala queda demostrado que la actuación del Ministro de la Defensa y del presidente Bukele fue “totalmente inconstitucional”.
Agregó que Bukele está incumpliendo de forma permanente la ley y que en vez de cumplirla, “ha hecho de la ofensa, la descalificación y la agresión un estilo de gobierno, es lamentable”, apuntó Urbina.
Tanto Urbina como Portillo Cuadra, afirmaron que la Sala le dice al gobierno que se abstenga de seguir cometiendo actos como los del 9F.
Ese día, Bukele invocó a la insurrección frente al edificio de la Asamblea para “presionar” a los diputados a que le aprobaran $91 millones para el Plan Control Territorial.
En su sentencia, la Sala calificó de “delictivo” el uso del Ejército para presionar a los diputados a que llegaran a sesionar solo para avalar dichos fondos y expresó que los funcionarios que intervinieron en ese acto militar podrían enfrentar responsabilidades penales y civiles.
Además, señala que los límites al poder presidencial se basan en el antecedente histórico de regímenes “dictatoriales” y al Consejo de Ministros les recuerda que su función es deliberar, no solo ratificar decisiones unilaterales del presidente.