“Concluimos que fue una afectación grave al orden constitucional”, expresó el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, a los diputados de la comisión especial.
González ahondó en que el rol institucional del actual ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, no estuvo apegado a lo que la Constitución le mandata conforme a su cargo.
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Merino Monroy reveló el pasado 21 de agosto en que fue interpelado en la Asamblea que participó de la incursión militar al Salón Azul para brindar seguridad al presidente de la República, Nayib Bukele, en apoyo al Batallón Presidencial que también se hizo presente el 9 de febrero, junto a la Policía Nacional Civil.
“El rol de la Fuerza Armada está claro, es un rol institucional. Es obediente a las órdenes que emanan de su comandante general (presidente de la República) siempre y cuando sean conforme a la Constitución, si alguien tiene duda está el artículo 235. Todo funcionario civil o militar protesta el cargo, jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cuales quieran que sean las órdenes que la contraríen”, ejemplificó González sobre el rol que debe seguir el ministro de la Defensa.
Añadió que la acción tomada por la Fuerza Armada el 9F implicó un “rompimiento del orden constitucional”. Según dijo, se trató de presionar un Órgano de Estado a otro Órgano de Estado para que realice cosas que son de su competencia, pero contrariando la Constitución.
Lo que motivó la incursión militar el 9 de febrero fue la presión que hizo el presidente Nayib Bukele a la ciudadanía, incluso invocando a la “insurrección” para exigir a los diputados que aprobaran un préstamo por $91 millones para el Plan Control Territorial.
El abogado constitucionalista, Enrique Borgo Bustamante, también desechó el argumento que maneja el Gobierno de que la Asamblea no estaba reunida para tratar el aval de los fondos para seguridad por lo que el Consejo de Ministros lanzó la convocatoria a plenaria extraordinaria.
“Ya estaba en agenda la discusión el tema que se quería del préstamo”, dijo Borgo Bustamante y explicó que no se trata de que la Asamblea debe estar reunida hasta en la madrugada o no respetar los tiempos de comida, por ejemplo, por lo tanto, no “tenía ninguna validez la convocatoria del Consejo de Ministros”.
“Tampoco cabe la posibilidad de que llegue con la Fuerza Armada, pensemos que hubiera sido a otra institución, eso no cabe”, expuso el abogado.
Añadió que la función de la Fuerza Armada es una función limitada, no es para brindar seguridad pública, que lo anterior así quedó establecido desde que se firmó la paz en 1992.
“La Fuerza Armada tiene una misión y no es una misión política, hay que entender que el ministro (de Defensa) no es un funcionario político, si bien está bajo la coordinación civil (presidente de la República) pero no bajo parámetros políticos”, añadió Borgo Bustamante.
Sobre la invocación a la “insurrección” que hizo Bukele el 9 de febrero, el exmagistrado González detalló que es un derecho que no le compete al presidente de la República sino al pueblo como el Soberano.
“El pueblo no es convocado por nadie, el pueblo ejerce por derecho propio, no es a través de un funcionario”, explicó González.
Al respecto, el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, resumió lo expuesto por los abogados constitucionalistas: que sí hubo ruptura del orden constitucional; que los funcionarios no pueden obedecer órdenes que violen el orden constitucional; que lo que sucedió el 9F no es normal, en un estado democrático de derecho; y que la invocación a la “insurrección” que hizo Bukele fue de “manera irresponsable” porque no le competía ese derecho.